Los militares, la corrupción y el gran reto para Sheinbaum
Jacques Coste
El operativo del gobierno federal contra el huachicol fiscal, que dejó 14 personas detenidas (tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino en retiro y cinco funcionarios de aduanas), es un paso muy importante en la dirección correcta. La captura de marinos de alto rango es una refrescante excepción a la tradición de impunidad militar y el enfoque del operativo —desmantelar una red de corrupción y criminalidad, y no solamente perseguir a un pez gordo que acapare la atención mediática— es digno de reconocerse.
Sin embargo, si el gobierno de la presidenta Sheinbaum realmente está interesado en seguir desmantelando redes de corrupción y criminalidad que involucren a las Fuerzas Armadas, los retos serán enormes.
En su conferencia de prensa del fin de semana, Omar García Harfuch fue cuidadoso al minimizar la participación de la Marina en la red de huachicol: “El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución”, declaró el secretario de seguridad. Por su parte, el fiscal Alejandro Gertz se apresuró a agradecer la cooperación con la investigación del almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina durante el sexenio de López Obrador, tío político y padrino laboral del vicealmirante Manuel Roberto Farías , uno de los líderes de esta red de huachicol, que ya fue aprehendido. Otro sobrino político de Ojeda, el contralmirante Fernando Farías, se encuentra prófugo por el mismo caso.
De este modo, Harfuch y Gertz deslindaron de responsabilidades a la Marina como institución y al exsecretario Ojeda de cualquier participación en el contrabando de combustible que, según el propio Harfuch, ocasionó miles de millones de pesos de pérdidas al erario mexicano. Por supuesto, la situación es delicada para el secretario y el fiscal.
Involucrar directamente al almirante secretario de López Obrador en el caso no es cualquier cosa, aunque el contrabando de combustible y el fraude en las aduanas mexicanas difícilmente hubieran podido ocurrir sin su conocimiento y, por tanto, participación ya sea por acción u omisión. Más aún: involucrar a la Marina es equivalente a enemistar al gobierno federal con una de las instituciones más importantes en la estrategia de seguridad y, cada vez más, en el funcionamiento del Estado mexicano en rubros que trascienden la seguridad nacional (como infraestructura y control de puertos, aeropuertos y turismo).
Además, ningún gobierno civil en el mundo quiere tener una mala relación con los militares por simple instinto básico de supervivencia. Por si fuera poco, hay dos asesinatos en condiciones misteriosas con muchos indicios de estar vinculados a este caso de huachicol fiscal.
Uno de los asesinatos fue el del contralmirante Fernando Guerrero , quien presuntamente había denunciado a sus superiores el actuar corrupto del vicealmirante Farías. El otro fue el de la funcionaria de la Fiscalía General en Colima, Magaly Nava , quien presuntamente estaba investigando este caso y también fue víctima de homicidio. Aunque todavía no está demostrada la relación de estos homicidios con la investigación de la red de huachicol fiscal, la lógica apunta hacia allá: sería difícil pensar que no existe vínculo alguno entre un asesinato y otro, y entre éstos y la pesquisa. Se trata de un oscuro recordatorio de lo difícil que es investigar a las Fuerzas Armadas cuando sus elementos se involucran en redes de criminalidad y corrupción.
A pesar de todos estos “peros” y pese a reconocer la dificultad intrínseca de manejar con prudencia un caso de este tamaño que implica el involucramiento flagrante de militares de alto rango, espero que las declaraciones de Harfuch y Gertz sean sólo mediáticas.
Jacobo Dayán ha explicado en diversos espacios lo nociva que es la “teoría de la manzana podrida” que el gobierno federal emplea cuando explica casos de corrupción, abusos o violaciones a derechos humanos cometidas por militares. De acuerdo con este esquema, un grupo aislado y específico de elementos tiene la responsabilidad, al actuar de manera incorrecta o “desviada” de los estándares institucionales de conducta, pero los cuerpos castrenses no tienen responsabilidad alguna, pues se conducen con patriotismo y apego a la ley. Esta explicación achaca los abusos a un grupo particular y garantiza impunidad y protección a las conductas institucionales y sistemáticas que facilitan la comisión de abusos.
Por eso, espero que, en sus discusiones internas, la presidenta Sheinbaum, el secretario Harfuch y su círculo cercano sepan el enorme reto que significa combatir la corrupción y el involucramiento de los cuerpos castrenses en negocios criminales. Espero que sepan que no se trata de manzanas podridas, sino de amplias redes de corrupción y criminalidad, facilitadas por la militarización de responsabilidades civiles y el otorgamiento de enormes recursos y negocios públicos por parte de López Obrador a las Fuerzas Armadas, que dieron pie a lo que he llamado una élite empresarial-militar .
Pero ¿cómo desarticular estas redes de criminalidad cuando el gobierno civil es cada vez más dependiente de los militares para operar? ¿Cómo eliminar la corrupción de los cuerpos castrenses sin enemistarse con grupos de poder de las Fuerzas Armadas, sobre todo considerando que el éxito de la estrategia de seguridad y combate al crimen organizado depende de los militares? Vaya retos en los que la militarización impulsada por AMLO ha metido a Sheinbaum. He aquí la verdadera “herencia maldita” .
