Seguridad pública en 2025, un año de cambios sin transformación
Armando Vargas
2025 fue un año de hiperactividad en seguridad pública. Hubo modificaciones normativas de gran calado, como la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. El gobierno federal también respondió a problemas específicos con planes nacionales de intervención contra la extorsión o el robo de combustibles; y desplegó acciones contingentes frente a diversas crisis, como el Plan Michoacán o el Plan Frontera Norte. Desde afuera, el país parecía en plena reingeniería del sector.
No obstante, esa hiperactividad no corrigió lo que realmente sostiene —o derrumba— cualquier estrategia de seguridad. Se movieron piezas visibles, pero no las decisivas, al menos no aquellas que determinan la capacidad del Estado para hacer política pública efectiva. Por ello, pese al ruido institucional, el país no avanzó en la corrección de los tres fallos estructurales que frenan cualquier posibilidad de pacificación sostenible en los territorios locales.
Continuamos sin una política criminal de Estado
El Sistema Nacional de Seguridad Pública continúa atrapado en un divorcio funcional entre policías y fiscalías. Las policías detienen, pero las fiscalías no procesan con la misma lógica; las fiscalías abren carpetas sin articularse con inteligencia territorial; y el Poder Judicial opera desconectado de las capacidades reales de quienes producen los casos. Esta fragmentación genera un círculo vicioso: cada institución trabaja por su cuenta, y la impunidad se reproduce como un efecto natural del sistema.
Sin una política criminal de Estado —que articule seguridad, procuración e impartición de justicia bajo una misma estrategia, con trazabilidad de casos y metas verificables— la impunidad seguirá intocable.
Lo que requerimos:
– Formular una Política Criminal Nacional que integre los sistemas de seguridad, procuración e impartición de justicia bajo una agenda común, con metas verificables y sin duplicidades entre niveles de gobierno.
– Establecer un mecanismo permanente de articulación operativa entre policías y fiscalías, basado en unidades conjuntas de investigación territorial que compartan inteligencia, aseguren la trazabilidad de los casos y evalúen resultados. Esta coordinación debe garantizar que cada detención derive en una investigación robusta y que cada investigación concluya en una sanción efectiva, cerrando así el ciclo estructural de impunidad.
Carencia de una política de prevención integral del delito
La prevención del delito continuó atrapada en su versión más reducida: más patrullajes, más operativos, más endurecimiento de penas. Pero la prevención efectiva —la que interrumpe trayectorias delictivas antes de que se formen— requiere políticas sociales focalizadas, intervención temprana con jóvenes, justicia cívica, trabajo comunitario y programas multianuales capaces de modificar factores de riesgo.
México sigue sin esta política integral. No existe un fondo federal específico para prevención que permita financiar intervenciones coordinadas; no se generaron perfiles especializados en prevención dentro de las policías; tampoco se avanzó en justicia cívica, una de las herramientas más efectivas y de relativo bajo costo para reducir conflictos cotidianos antes de que escalen.
Lo que requerimos:
– Crear un fondo federal específico para prevención integral, con recursos multianuales, criterios de asignación basados en diagnósticos locales de riesgo y reglas que permitan financiar intervenciones coordinadas entre seguridad, desarrollo social, salud, educación y urbanismo. Esta asignación del gasto necesita operar más allá del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP). También debe de condicionarse a resultados preventivos verificables, no sólo al ejercicio presupuestal.
– Profesionalizar al personal de seguridad en prevención, incorporando contenidos obligatorios sobre análisis territorial, trabajo comunitario, justicia cívica, detección temprana de riesgos y coordinación interinstitucional en la formación inicial y continua. Se requiere generar perfiles especializados que no existan sólo en el papel, sino en la operación cotidiana.
Policías desprotegidas
El tercer fallo estructural es tan evidente como persistente: la precariedad laboral de las policías municipales. De acuerdo con un estudio de México Evalúa , ninguna prestación laboral se cumple al 100%. Hasta 80% de las policías no tiene seguridad social; menos del 70% cuenta con prestaciones básicas como aguinaldo o vacaciones; y menos del 8% tiene acceso a crédito para vivienda. Las policías están condenadas a pobreza patrimonial incluso mientras realizan una de las profesiones más riesgosas del país.
Este año no hubo un Estándar Nacional de Condiciones Laborales; no hubo un Fondo Federal de Dignificación Policial; no hubo una Ley General del Servicio Policial Municipal. No podemos esperar que la policía sea el primer dique de contención frente al crimen cuando viven en condiciones precarias; la columna vertebral de la seguridad pública sigue sin fortalecerse.
Lo que requerimos:
– Adoptar un Estándar Nacional de Condiciones Laborales para Policías Municipales, con beneficios mínimos (salario digno, seguro médico, vivienda, compensación por riesgo) y complementarios (formación, atención psicológica, retiro digno).
– Crear un Fondo Federal de Dignificación Policial, coordinado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que asocie financiamiento a resultados de certificación y permanencia.
– Impulsar la armonización legislativa mediante una Ley General del Servicio Policial Municipal que unifique derechos y procedimientos laborales.
– Establecer un monitoreo permanente, en alianza con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y SESNSP, para medir brechas salariales y cumplimiento de estándares.
El año cerró con muchos anuncios y poca transformación. México sigue atrapado en un diseño institucional que no permite que la seguridad funcione. Mientras estas bases sigan rotas, cualquier política de seguridad —por ambiciosa que parezca— no logrará el efecto deseado en el plano social: menos crimen.
