Financiamiento de los partidos políticos
Javier Santiago Castillo
El financiamiento público a los partidos políticos se encuentra en el banquillo de los acusados, sometido a un juicio sumario. Sus jueces son quienes se han beneficiado políticamente y, en algunos casos, se han pervertido enriqueciéndose con el dinero público.
Bien vale la pena recordar como se ha financiado la actividad política en nuestro país.
La dirección del Partido Nacional Revolucionario (PNR) recurrió al presidente Emilio Portes Gil solicitándole ayuda para sostener el partido. El presidente emitió un acuerdo (25 de enero de 1930) ordenando al secretario de Hacienda que descontara a los trabajadores federales, considerados miembros del partido, siete días de salario anuales para el sostenimiento del partido.
En el acuerdo se estableció que el Partido debería realizar “una vasta labor social” utilizando el dinero para: “beneficencia”, “seguridad”, “fondo de reserva para las campañas electorales” y “acción social”. También se ordenaba que canalizara una parte importante para organizar el partido a nivel nacional. En realidad, el gobierno obligaba los trabajadores a sostener al futuro partido hegemónico. El general Cárdenas derogó el acuerdo de Portes Gil en diciembre de 1937.
A finales del sexenio de Adolfo López Mateos se estableció en la ley electoral la exención del pago de impuestos en contratos de arrendamiento, compraventa o donación; los obtenidos por rifas o sorteos y festivales; compraventa, enajenación de bienes inmuebles dedicados a la función partidaria y la venta de documentos básicos y propaganda.
Echeverría (1973) promovió el otorgamiento de tiempos en radio y Televisión a los partidos. Quince minutos en cada medio durante las campañas, las autoridades definían horarios y canales para la trasmisión; el formato no los hacía atractivos para el ciudadano de a pie.
Con López Portillo la novedad fue el acceso a la radio y la televisión de forma permanente con programas mensuales, el otorgamiento de carteles y volantes a los partidos para las campañas electorales federales, apoyo para el cuerpo de redacción de sus publicaciones mensuales y trimestral.
El ciclo de otorgamiento de financiamiento en dinero a los partidos, para realizar actividades cotidianas y las campañas electorales, se inicia con Miguel de la Madrid, con la reforma electoral 1987. Desde la perspectiva del sistema la entrega de dinero a los partidos contribuía a fortalecer el control sobre ellos y no representaba un riesgo a la hegemonía del PRI.
Tal escenario se fracturó con la salida de la Corriente Democrática del PRI y la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas que aglutinó a los partidos satélites, al Partido Mexicano Socialista y diversas organizaciones sociales de izquierda.
La reforma electoral de 1996 estableció reglas de financiamiento con ciertos criterios de equidad, pero la fórmula para establecerlo, que todavía vigente, favorece a los partidos con mayor presencia electoral. El financiamiento ordinario y para campañas se distribuye el 30% igualitario y el 70, según el porcentaje de votos obtenidos.
Además, los partidos recibían financiamiento local para sufragar gasto corriente y de campaña para los cargos de elección popular locales. La reforma de 2014 redujo el financiamiento para campañas, pero estableció que la fórmula de cálculo para el financiamiento federal tuviera vigencia para determinar el financiamiento local. La consecuencia fue un incremento del financiamiento a los partidos por alrededor de seis mil millones de pesos.
Aun con las desviaciones propiciadas por la fórmula el financiamiento a los partidos ha sido un factor que contribuyó a incrementar su nivel de competitividad de los partidos políticos. Lo cual incidió para que en el siglo XXI se dieran las diversas alternancias en la presidencia de la República, las gubernaturas, los ayuntamientos y en la conformación de los congresos federal y locales.
Este breve recorrido de las reformas en la normatividad sobre el financiamiento a los partidos políticos nos permite plantear que, en la lógica del ejercicio del poder, la relación entre dinero y política implica ir más allá de su costo financiero: exige pensar en la estabilidad política en conjunción con la capacidad de expresión de los diversos intereses en la esfera política.
Un sistema de financiamiento político que reduce la participación estatal favorece la influencia de poderes fácticos en el ámbito del quehacer político. En los hechos, estimula a que los dueños del dinero se transformen en dueños de segmentos políticos importantes, con eventual capacidad para desafiar esfuerzos de transformación democrática o simplemente inclinar en su favor las decisiones de gobierno.
Un sistema de financiamiento exclusivo o preponderantemente privado estimula la oligarquización de la política y la captura de ésta por intereses económicos e, incluso, delincuenciales. Por el contrario, un sistema de financiamiento descontrolado favorece un régimen elitista de partidos, alejado de los intereses de la población, un sistema “rentista”, de partidos negocio.
En las condiciones actuales, no puede pasarse por alto que el financiamiento político se ha convertido en una carga creciente para el erario. Como ningún otro rubro presupuestal, se encuentra garantizado por la sola operación aritmética basada en dos elementos de inevitable crecimiento (padrón electoral y UMA), que además son multiplicados entre sí. Además, trasladada a las entidades federativas, la fórmula ha significado presiones crecientes sobre una hacienda pública local, de siempre débil.
La modificación de tal estado de cosas no se logra simplemente con la supresión de cierto tipo de financiamiento o con la reducción del porcentaje de la UMA. Ello no evita su crecimiento inercial, como se ha observado en los últimos 10 años. Cualquier solución debe encaminarse a mejorar la pluralidad y la diversidad en la esfera política o queda sujeto a los apetitos de élites políticas. Así que resulta necesario explorar una formulación aritmética distinta.
Por otro lado, se debe permitir el aumento del financiamiento privado proveniente de los afiliados. Asimismo, resulta necesario eliminar el creciente número de obligaciones de carácter “burocrático”, que implican costos poco productivos para los partidos.
Como ejemplos de esa carga pondríamos las oficinas de Transparencia que en realidad evitan que toda la organización desarrolle habilidades en la materia; revisión anual del mínimo de afiliados, que solo ha significado multas crecientes cuando el factor definitorio para la conservación del registro es y debe seguir siendo el voto ciudadano; rendición de informes intrascendentes como el trimestral exigido en Fiscalización; la obligación de publicaciones “teóricas” o de divulgación que solo implican contratos para consultores o académicos poco familiarizados con la ideología y prácticas de los partidos.
Conviene conservar los tres rubros de financiamiento actualmente existentes. Elevando las exigencias para que se apliquen en la formación de cuadros, en particular liderazgos femeninos y en segmentos poblacionales históricamente discriminados.
La distribución del financiamiento ordinario podría distribuirse 40% igualitario y 60% según el porcentaje de votación de cada partido. Se debe cancelar la obligación de reintegrar remanentes del financiamiento ordinario, pues derivó de una visión equivocada y caprichosa del INE, avalada por el TEPJF sin fundamento en la LEGIPE y la LGPP, sino erróneamente en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que no aplica a los partidos.
Además, el financiamiento para las campañas electorales debe ser igualitario, pues es una nueva contienda que nada tiene que ver con la anterior.
En síntesis, la premisa básica es que debe prevalecer la preminencia del financiamiento público sobre el privado de los partidos. Lo siguiente es que no se trata de cortar con hacha el financiamiento a los partidos, sino que se debe revisar el modelo integralmente. Lo cual incluye suprimir obligaciones onerosas que pesan sobre los partidos, modificar la fórmula de cálculo y, cambiar las reglas de distribución del recurso público para gastos ordinarios y de campañas.
La regulación del financiamiento a los partidos debe contribuir a una mayor equidad en la competencia electoral. Si sólo se disminuye lo que sucederá es que el partido en el poder será el beneficiado, lo cual no abona a fortalecer la democracia. Veremos” de que color pinta la guinda”.
*Profesor UAM-I
