Violencia política golpea a 29 estados en primer semestre de 2025
Vic Gerardo Balderas
El primer semestre de 2025 registró un total de 253 hechos de violencia política en México, impactando a 29 de las 32 entidades del país.
Esta violencia es tanto causa como consecuencia de un proceso creciente de captura de las instituciones del Estado mexicano, lo que facilita a las organizaciones criminales ejercer extorsión, cobro de derecho de piso, secuestros o restricciones para la operación de empresas en ciertas regiones.
Esta situación afecta la certeza jurídica, la estabilidad económica y la continuidad de proyectos de inversión, elevando los costos operativos.
Los incidentes de violencia política, definidos como todo tipo de agresiones contra actores que participan en procesos electorales o que ya ocupan cargos públicos para influir en resultados o imponer regímenes criminales, incluyeron:
- 112 asesinatos
- 74 amenazas
- 33 atentados con arma de fuego
- 17 secuestros
- 11 desapariciones
- 6 otros delitos menores como robos
Las amenazas y los homicidios fueron los delitos que más repuntaron conforme se acercó el día de la elección y en el mes posterior a ella. Los homicidios se concentraron en el centro y sur del país, en estados con fuerte fragmentación del crimen organizado.
Guerrero encabezó la lista con 21 casos, seguido por Veracruz con 16 y Oaxaca con 13.
Concentración geográfica y gubernamental
La violencia política fue significativamente más intensa a nivel municipal:
- 200 casos se registraron a nivel municipal, lo que equivale al 79% del total.
- La mayoría de las víctimas (79%) fueron figuras políticas, funcionarios, exfuncionarios o aspirantes a algún cargo a nivel municipal.
- Esta concentración se debe a la debilidad institucional de los gobiernos municipales y al interés de los grupos criminales en controlarlos para acceder a recursos, policías, impunidad y mercados legales.
A nivel estatal, Veracruz fue la entidad con mayor concentración de eventos de violencia política, con 81 casos. Esto ocurrió en el marco de las elecciones municipales.
Otros estados que mantuvieron altos niveles de violencia sin tener comicios locales fueron Guerrero (24 casos), Morelos (21 casos) y Oaxaca (20 casos).
Estas cuatro entidades se encuentran actualmente en medio de disputas de varias organizaciones delictivas que pelean por su control, como el CJNG, Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana y Los Zetas Vieja Escuela en Veracruz.
En contraste, Durango, a pesar de tener comicios locales, solo registró un evento de violencia, lo que se atribuye a una posible estabilidad criminal que reduce la necesidad de ataques sistemáticos.
La mayoría de los incidentes se concentraron en el centro y sur del país. La violencia política se focalizó en 174 municipios, que representan el 7% del total del país. Los municipios con más incidentes fueron:
- Veracruz, Veracruz (11 casos)
- Cuauhtémoc, Ciudad de México (7 casos)
- Cuernavaca, Morelos (6 casos)
- Huitzilac, Morelos (6 casos)
- Puebla, Puebla (6 casos)
Perfil de las víctimas
Durante el primer semestre de 2025, el 63.2% del total de casos de violencia política registrados a nivel nacional fueron cometidos en contra de funcionarios o exfuncionarios públicos, y un 15% contra figuras políticas.
El número de aspirantes que fueron víctimas de violencia política aumentó del 14.6% en el primer trimestre al 21.7% en el segundo.
En cuanto a la afiliación política, Morena fue el partido con más víctimas, con 73 casos de violencia política. Le siguieron el PT con 28 casos y el PRI con 27. Sin embargo, es notable que las víctimas sin afiliación a partido político alguno sumaron 69 casos, ubicándose en segundo lugar.
Morena también fue el partido con más víctimas de homicidios, contabilizando 39 casos. Cabe destacar que los funcionarios, figuras políticas y candidatos de Morena, aunque los más afectados, también son los que más puestos de elección popular tienen y los más expuestos mediáticamente.
Elecciones judiciales, una excepción de baja violencia
A diferencia de otros procesos electorales, las elecciones judiciales registraron un nivel de violencia muy bajo. Prácticamente no hubo actos de violencia política contra candidatos a puestos de elección del Poder Judicial local y federal, con solo tres excepciones.
Únicamente se registraron tres casos de amenazas contra candidatos del orden federal (en Guanajuato y Puebla) y uno más del orden local en el Estado de México.
El registro de incidentes se basó en el seguimiento hemerográfico diario en fuentes abiertas entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2025 en México. Es importante aclarar que todos los casos contabilizados son públicos.
¿Por qué es relevante el tema?
Esta información muestra con claridad la forma en que la violencia política se ha convertido en una herramienta sistemática del crimen organizado para capturar y controlar instituciones locales en México.
Con 253 hechos de violencia registrados en 29 estados durante el primer semestre de 2025 —incluyendo 112 asesinatos— el fenómeno no es aislado, sino estructural. Su objetivo no es solo eliminar o intimidar a adversarios, sino imponer regímenes criminales que garanticen impunidad, acceso a recursos públicos y control territorial.
La concentración del 79?% de los casos en el ámbito municipal revela un patrón: la debilidad institucional en los gobiernos locales es aprovechada por organizaciones criminales como el CJNG, el Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana y Los Zetas Vieja Escuela para extender su influencia.
Esto eleva los riesgos para funcionarios, aspirantes y empresarios locales, afectando la estabilidad económica y frenando inversiones por la falta de certeza jurídica.
Estados como Guerrero, Veracruz y Oaxaca —zonas de alta fragmentación criminal— concentran los homicidios y atentados. Morena, al ser el partido en el poder, también concentra la mayoría de las víctimas, lo que refleja su exposición, pero también la intensidad del conflicto por el poder territorial.
Este panorama obliga a replantear el modelo de seguridad, gobernabilidad y democracia municipal. La violencia política no solo amenaza vidas, sino la legitimidad misma de los procesos electorales.
El bajo nivel de violencia en las elecciones judiciales, en contraste, evidencia que el interés criminal está enfocado en los espacios donde se gestionan recursos, policías y territorio.
En suma, se trata de una alerta urgente sobre el riesgo de que el crimen organizado se convierta en un poder fáctico en amplias zonas del país.
