Se debe poner un control al endeudamiento público

25 de octubre de 2025

Jorge Cano y Carlos Vázquez

Hace unas semanas, el Gobierno federal presentó el Paquete Económico 2026 con la promesa de mantener la estabilidad fiscal. Sin embargo, entre los números del documento se esconde una realidad preocupante: el gasto supera con creces a los ingresos. El resultado es un déficit presupuestario que aumenta a un ritmo histórico.

Veamos los datos: el gobierno planea gastar 10.1 billones de pesos en 2026, pero sólo prevé ingresos por 8.7 billones. La diferencia es de 1.4 billones de pesos y equivale a 3.6 % del producto interno bruto (PIB). De esa magnitud histórica es lo que se busca compensar con un mayor endeudamiento público.

Un déficit presupuestario de esas dimensiones no se ha visto en un segundo año de gobierno desde 1993. Esto abre un debate necesario: ¿existe un límite a la brecha entre los ingresos y el gasto, o estamos entrando en una etapa en la que cada paquete económico vendrá acompañado de montos de endeudamiento cada vez mayores?

Principio de responsabilidad fiscal

Aunque no lo parece, sí hay un marco legal que pone un tope al tamaño del déficit en el que puede incurrir el Gobierno. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) es la norma que regula cómo el Estado planea, usa y controla el dinero público. En sus artículos 16 y 17 se establecen los límites al tamaño del déficit que se puede presentar en el presupuesto; es decir, qué tan grande puede ser la diferencia entre los ingresos y el gasto que se presenta en el paquete económico.

Este límite está determinado por el monto de inversión que puede ejercer durante un año. Por ejemplo, si se propone en el Paquete Económico un gasto de inversión equivalente a 2.5 % del PIB, entonces es posible incurrir en un adeudo de la misma magnitud: 2.5 % del PIB. Este principio se conoce como el Equilibrio Presupuestario Sin Inversión, y está definido en el artículo 17 de la LFPRH y su reglamento.

Este límite sigue un principio económico básico: que la deuda sirva para fines productivos. Además, tiene fundamento en el artículo 73 constitucional. Ahí se establece que todo préstamo que pida el Estado debe ser para obras que incrementen los ingresos públicos. En otras palabras, la deuda debe destinarse a inversión.

El Gobierno es como una fábrica que tiene permitido pedir préstamos para comprar máquinas que aumentan su producción, pero tiene prohibido endeudarse para pagar la renta o los salarios de los trabajadores. Los accionistas saben que, si el negocio no crece, después tendrá problemas para liquidar sus deudas… Tal como ocurre, por ejemplo, con Pemex, pero ése es otro tema.

La definición que se ajusta según lo que conviene

Regresando a la Ley de Responsabilidad Fiscal, el problema con este límite es que depende de cómo se defina la inversión. Justo esa definición es la clave del actual problema de endeudamiento que enfrenta México.

Cada año, el Gobierno modifica este límite en el artículo primero de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) al redefinir el monto de inversión que puede considerarse para cumplir con el Equilibrio Presupuestario sin Inversión, lo que en la práctica permite ampliar el límite de endeudamiento autorizado.

Así, el concepto de inversión ha ido ampliándose en la ILIF. En un inicio sólo se consideraba la inversión de Pemex. Más tarde se incluyó toda la inversión física —es decir, también la compra de maquinaria y equipo—. A partir de 2022, incluso ese monto resultó insuficiente para el endeudamiento que se quería, por lo que se incorporaron las inversiones financieras. Esta ampliación tuvo un objetivo claro: extender el límite del déficit para cumplir en teoría con los principios de responsabilidad fiscal. O sea, en lugar de ajustar el déficit al monto de inversión productiva, se ajustó la definición de inversión.

Es como si esa fábrica que mencionamos anteriormente empezará a llamar “inversión” a cosas que no lo son: comprar pizzas porque alimentan a los empleados, o pagar más vacaciones porque los obreros necesitan desestresarse. Todo esto, claro, financiado mediante créditos o deudas que después llevan a una situación de impago.

La deuda que se usa para pagar deuda

Uno de los problemas que ha traído lo anterior es que desde 2022 la deuda se usa para pagar deuda. Más de la mitad de las inversiones financieras corresponden a transferencias del Gobierno a Pemex, que se usan para pagar su endeudamiento. Esto significa que el límite del déficit actual ya incluye recursos destinados exclusivamente al pago de la deuda de la petrolera. Esto rompe completamente el principio económico y constitucional de que el endeudamiento sea para fines productivos.

En términos prácticos es como si una persona usara una tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito y nunca acabara de pagar lo que debe al banco.

Al contabilizar las transferencias financieras de Pemex se logró “cumplir” en 2022 y 2023 con el principio del presupuesto equilibrado. No obstante, en 2024 el gasto de inversión en infraestructura e inversión financiera (3.9 % del PIB) fue menor al déficit presupuestario (4.9 %), lo que incumplió con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Para 2025, este indicador fue omitido en el Paquete Económico, pero haciendo cuentas tampoco se respeta el límite del déficit presupuestario; el gasto total de inversión asciende a 2.8 % del PIB y el déficit autorizado a 3.6 % del PIB.

Para 2026 la cosa se vuelve más grave al distorsionar el límite del endeudamiento a un punto de inflexión. De acuerdo con el Paquete Económico, el gasto de inversión total es de 3.2 % del PIB, mientras que el déficit presupuestario asciende a 3.6 % del PIB. De nuevo, el endeudamiento es superior incluso a todo el gasto de inversión, por lo que se está rebasando el límite que establece la Ley.

¿Inversión en capital humano?

Para darle la vuelta a este incumplimiento se introdujo un nuevo concepto de inversión: la Inversión en Capital Humano. El artículo primero de la ILIF establece, en un único párrafo, que ya no se tomará en cuenta únicamente la inversión total oficialmente reconocida, sino también esta nueva categoría. Con ella, lo invertido sube a 3.6 % del PIB, el mismo porcentaje que el déficit presupuestario. Con esta maniobra, el límite se ajusta al endeudamiento requerido y se presenta un presupuesto “fiscalmente responsable”.

El endeudamiento sin control se asemeja a una adicción: al principio se usa para aliviar la tensión del momento, pero con el tiempo se requiere más para obtener el mismo alivio. La recuperación sólo comienza cuando se acepta que el consumo —o el déficit— se ha vuelto insostenible.

El principal problema de aprobar la ILIF con este nuevo concepto de inversión es que implica no reconocer que, desde hace tres años, no se cumple con el principio de responsabilidad fiscal que exige presentar y ejecutar un presupuesto equilibrado. Si se aceptara el incumplimiento, el artículo 17 de la Ley de Responsabilidad Fiscal establece que el gobierno debería presentar un plan con acciones y plazos específicos para regresar al equilibrio. Sin embargo, al no reconocerse el desequilibrio, el gobierno no está obligado a reducir el déficit y, por el contrario, se abre la puerta para ampliarlo.