Sinaloa: Omar García Harfuch y el “control” de los medios de comunicación

Álvaro Aragón Ayala

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, no es un improvisado. Entiende y entiende bien que es necesario plantar en Sinaloa una nueva narrativa en el combate/control de la lucha contra la violencia y el crimen organizado. Que es urgente implantar una relatoría orientada a la presencia y avance de las fuerzas de seguridad; enfocada a la recuperación de territorios para convencer a la sociedad de que se va ganando la batalla contra la delincuencia. Incluso, ya hay un nuevo termino que se acuña: hay que consolidar la paz positiva no la pax narca.

Si se parte de que el control de los medios lleva la intención de controlar la opinión pública y de que la opinión pública es algo intrínseco del poder, no fue entonces casual la reunión que sostuvo García Harfuch el domingo en Culiacán, con directivos de los medios de comunicación impresos y digitales e integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, delegación Sinaloa. No hay que olvidar que la radio y la televisión son concesiones del Estado Mexicano. Caramba, el encuentro se tornó interesante por los propósitos que se proyectan alcanzar si se valora el desarrollo de los objetivos de los medios de comunicación en medio de la violencia y las lecturas obligadas de la sucesión gubernamental 2027.

Exacto. Se trató de abrir el diálogo, pero sobre todo de tomar acuerdos para implementar mecanismos de “cooperación informativa”. En esta nueva jugada de Harfuch hay dos perspectivas centrales en torno a la función de la opinión pública que hay que analizar. Una primera la identifica como un dispositivo de control social, ya sea como fuerza cohesiva que evitaría la disolución de la sociedad, o como fuerza externa homogeneizadora de las posturas políticas con la finalidad de que los sujetos de autorregulen (o acepten ser dominados).
La segunda perspectiva plantea que la opinión pública se constituye como una esfera racional de debate y de resolución de conflictos construyendo verdades socialmente legitimadas por mayorías. Sobre esta postura se construyó el edificio del estudio científico de la opinión pública, principalmente a través de las encuestas de opinión desarrolladas bajo el supuesto de la existencia de una esfera pública abordable metodológicamente. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se inclina por la segunda y por proveer de información oportuna a los medios.

Roque Mascareño Chávez, presidente de la CIRT Sinaloa, señaló que el diálogo se centró en alcanzar acuerdos orientados a mejorar la información que recibe la audiencia abriendo los espacios para que las autoridades puedan comunicarse directamente con la ciudadanía, con el objetivo de mejorar la calidad y oportunidad de la información. “Habían guardado mucho la información ustedes…nos dan la información a veces en momentos y a pedazos; hoy nos van a abrir una confianza de generar un equipo para que el mexicano sea el beneficiado, sea nuestra audiencia que se beneficie”, puntualizó.

“…Lo primero es que la noticia esté verificada; segundo, que tenga una fuente real y que no caigamos en especulaciones. Los medios de radio y televisión estamos para dar información certera, viable, que permita tomar decisiones (…) Somos los termómetros de la ciudadanía 24/7, la gente está esperando desde las 05:00 de la mañana la primera transmisión y se apaga hasta las 07:00, 08:00 de la noche. Entonces, la coordinación entre ambos debe ser vital para que Sinaloa siga para adelante”, puntualizó.

El Proyecto Harfuch de comunicación -que adquirió la categoría de acuerdo- paradójicamente enfrenta intereses internos que se forjan al interior de los propios medios de comunicación: uno es el deseo de atraer más recursos para sus empresas de la esfera gubernamental, otro es el interés de conservar y aumentar las audiencias con la llamada “nota roja” y otro más es el ajuste que realizan las casas editoras -radios, televisión, prensa escrita y digital-, para irse acoplando al proceso de la sucesión gubernamental y a las ganancias de los proyectos propagandísticos/publicitarios que generan quienes están interesados en figurar como precandidatos al gobierno de Sinaloa rumbo al 2027.

En ese contexto, el plan para desarrollar una narrativa de éxitos por encima de los fracasos en materia de seguridad y combate a la violencia, se topa también con la exigencia de espacios en los medios de comunicación de actores políticos visibles de Morena, del PRI y del PAN interesados en que la violencia no cese, “que no se oculte nada”, que se masifique y exalte al extremo todo suceso delictivo, más cuando hay muertos y desaparecidos, para aprovechar el miedo que provocan con el propósito de transmutarlos en denuncia pública y capitalizar políticamente la cadaverina.