Historias de traficantes: la falsa justicia gringa
Alejandro Almazán
Las reglas del juego son evidentes: para salvar la vida, el traficante (hoy ‘terrorista’) tiene que ofrecer información, certera o no, que puedan usar las autoridades de Estados Unidos para chantajear, presionar o, qué mejor, para intervenir países. Dependiendo de los crímenes cometidos y de lo ‘valioso’ de sus confesiones, el contrabandista puede convertirse en testigo protegido y, luego, conseguir su libertad.
Bajo esas reglas, la justicia gringa, por ejemplo, no pidió la pena de muerte para los hermanos Rodríguez Orejuela y dejó libre a Andrés López, Florecita, quien terminó de guionista en Miami, porque a las agencias injerencistas de Estados Unidos le fueron útiles para mapear la corrupción en Colombia e imponer bases militares en ese país a fuerza de chantajes. Ni qué decir de la información que seguro les brindó Pablo Escobar Gaviria, cuyo hijo reveló que el traficante de Medellín trabajaba para la CIA. Bajo esas reglas, también, la justicia estadounidense permitió que Reynaldo y Vicente Zambada, hermano e hijo del célebre Mayo Zambada, salieran de prisión después de cumplir una condena corta. El primero se volvió cantante de narcocorridos en Los Ángeles. El segundo vive en algún lugar de Estados Unidos, bajo otra identidad. Los testimonios de ambos se utilizaron para sentenciar a Genaro García Luna de narcotráfico; de paso, deslegitimaron a Felipe Calderón (que bien merecido se lo tiene). Bajo esas reglas, el sanguinario Osiel Cárdenas pagó 50 millones de dólares y salió de prisión 20 años después: porque vendió a sus socios y la DEA fomentó la guerra en Tamaulipas.
Bajo esas reglas, el gobierno de Estados Unidos les ha otorgado a Ovidio y a Joaquín Guzmán López una buena recompensa: que 17 familiares, incluida su madre, Griselda López, se entreguen al FBI en la garita de San Ysidro, antes de que la disputa entre Mayos y Chapos los alcance en Culiacán. El beneficio lo obtienen por haber entregado al Mayo y, supongo, por soplones. La derecha trae la cantaleta de que los hermanos Guzmán han ofrecido información en contra de AMLO y sabe quién más. Bajo esas reglas, en un caso inédito, le ha sido retirada la visa de turista a una gobernadora en funciones: Marina del Pilar Ávila, de Baja California. El permiso consular también le fue cancelado a Carlos Torres, su esposo y cuyo hermano Luis ha sido señalado de robo de combustible y de lavado de dinero, delito por el que presuntamente investigan a Ávila, quien rechaza toda acusación.
El caso de Ávila no sólo ha desencadenado que circulen supuestas narcolistas, donde figuran algunos gobernadores de Morena por quienes pocos meterían las manos. También le ha servido a Trump para divulgar la narrativa de que México es un ‘narcogobierno’ y de que la intervención gringa es lo único que nos salvará. Un vecino me dijo que le parecía buena idea que Estados Unidos exhibiera a los ‘narcopolíticos’ y que no lo veía como una intromisión. Le dije que a Trump, como a sus antecesores, no les interesa salvarnos de la violencia, ni frenar el tráfico de drogas, mucho menos hacer justicia. Ese cuento ya es muy viejo. Suena paranoico, le dije, pero lo que buscan es la injerencia política para seguir tratándonos como una colonia y robarse nuestros recursos naturales. De ahí que divulguen la basura con la que cargan ciertos personajes de la 4T. Eso de reclutar a ‘prianistas’ al movimiento obradorista es una apuesta muy riesgosa.
