Segalmex: ¿Borrón y cuenta nueva?
Fundar/ Matilde Pérez
El panorama es simplemente desolador, por un lado, la narrativa del Presidente minimiza el escándalo más grande de corrupción de su sexenio, a un tema de daños al erario, sin considerar que quedaron evidenciados mecanismos y prácticas poco transparentes y corruptas que tuvieron afectaciones a derechos y que prevalecerán en cualquier nuevo organismo con las mismas facultades, si no se atienden de manera oportuna. Por ejemplo, la simulación de contratos en la compra de bienes como carne o maíz; la adjudicación de contratos millonarios con empresas que no contaban con las capacidades técnicas y humanas para proporcionar servicios, o inversiones realizadas sin contar con un respaldo normativo, por señalar algunos.
Las declaraciones del Ejecutivo tampoco están considerando que más allá del daño al erario – que desde luego importa mucho –, los patrones de corrupción que se investigan afectan derechos humanos, como la alimentación y nutrición de millones de personas y familias en mayores condiciones de marginación en zonas rurales del país. Tan sólo el padrón de personas beneficiarias de Liconsa, una de las empresas que absorbió Segalmex, en 2016 era de 6.4 millones de personas de las cuales 3.9 millones eran mujeres. La pregunta del millón entonces es ¿cómo se va a reparar a las víctimas de estos actos, es decir, a todas aquellas personas que dejaron de recibir productos e insumos que le aseguraban su derecho a la alimentación?
