Comisión Nacional de Búsqueda: poner al centro a las víctimas, una deuda que apremia
Centro Prodh
El pasado 8 de agosto, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) publicó las bases para designar en consulta pública a la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), tras la renuncia de su actual titular, quien concluirá su encargo el último día del mes. Esto habría que tomarlo como una decisión positiva, aunque tardía, pues recoge las exigencias que desde su designación realizaron familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas ante la imposición de un perfil no solo falto de idoneidad, sino claramente partidista, que llegaba en un contexto en el que se buscaba cuestionar y minimizar la dimensión de la crisis de desaparición. Que hoy sean escuchadas es una deuda que el Estado tenía con ellas.
Sin duda, la gestión de la comisionada saliente fue cuestionada desde el primer momento, debido a la iniciativa de revisar – y en los hechos disminuir – las cifras de personas desaparecidas al final de la pasada administración federal, con la implementación de un supuesto “censo” que resultó infructuoso. Así, se caracterizó, entre otras cosas, por el desmantelamiento de los esfuerzos que se habían hecho en los primeros años de la administración del entonces presidente López Obrador, en particular respecto del fortalecimiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), mecanismos de identificación forense y el fortalecimiento de la propia CNB, así como por el divisionismo que promovió entre los colectivos. Los pasos dados se vieron desmontados ante la urgencia de mostrar resultados en un inminente contexto electoral.
Ejemplos de estas acciones hay un sinnúmero. Por ejemplo, en febrero de 2024, en una reunión a puerta cerrada, la comisionada informó que el Gobierno federal no destinaría más recursos para el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). Esto, según replicaron las familias, representó la “estocada final” a una herramienta que ellas impulsaron, imprescindible frente a la realidad de 72,000 cuerpos sin identificar en el país. Igualmente, se conoció del desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) y la imposición de funcionarios públicos sin perfiles adecuados en la CNB. También, en reunión privada con colectivos, la funcionaria saliente reclamó al Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia que su trabajo al frente de la entidad de búsqueda fuera objeto de recomendaciones formales y severas en el Informe sobre el tema entregado por el MEH a la SEGOB y a las víctimas. A esto se le suma el desdén de la CNB hacia la supervisión y la asistencia técnica internacional.
Lamentablemente, a pesar de que hubo cambio de administración federal en octubre de 2024, la continuidad en la Comisión a cargo de la política de búsqueda en el país, así como el desmantelamiento de esfuerzos extraordinarios para abordar la crisis forense y de desapariciones, fueron una clara señal de que persistiría la minimización de la relevancia de este doloroso tema.
No fue sino hasta el hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, que la administración de la presidenta Sheinbaum se vio forzada a voltear a ver a las familias de las miles de personas desaparecidas del país, que hacían un llamado a ser escuchadas y priorizadas. Después de los diálogos que se abrieron en respuesta a esta indignación y la reforma legal insuficiente que derivaron de estos, la continuidad de la actual gestión de la CNB se volvió insostenible.
Por esto y por muchas otras razones, tras el anuncio del próximo relevo en la CNB, las familias y colectivos –por ejemplo, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas– han demandado que no haya “más simulaciones ni imposiciones”.
Para ello sería imperante que el proceso de designación de la nueva persona titular se apegue a lo que establece la Ley General en Materia de Desapariciones, asegurando un perfil idóneo, un proceso abierto y participativo, con involucramiento real de colectivos, familiares, sociedad civil y personas expertas, que pueda reforzar una institución clave para abordar la crisis de desapariciones en el país. Ya en 2019 se sentó un precedente positivo cuándo se hicieron públicas las entrevistas a las 11 personas aspirantes. Lamentablemente, las bases publicadas hasta ahora no son claras respecto a cómo se definirán los criterios de idoneidad.
En ese contexto, será indispensable que la SEGOB, en su proceso de consulta y auscultación de los perfiles, sea capaz de transparentar no solo sus expedientes y los apoyos de los colectivos a éstos, sino los criterios y aspectos que le lleven a fundamentar y motivar la decisión sobre la idoneidad de quien se seleccione, como establece la Ley General.
Para ello será relevante conocer las propuestas de las postulantes, pues el reto para quien encabece la CNB no es menor. Debe definir e implementar el largamente pendiente Programa Nacional de Búsqueda y Localización como eje de su trabajo; coordinar el Sistema Nacional de Búsqueda, que articula a diversas instituciones; reimpulsar el adecuado funcionamiento del CNIH, asegurando el presupuesto necesario para su operación efectiva ya que es clave ante la crisis forense; homologar la recién creada Alerta Nacional de Búsqueda con el Protocolo Homologado; además de fortalecer y ajustar conforme a las recientes reformas el RNPDNO; coordinar acciones con fiscalías para impulsar búsquedas en vida y forenses; y, finalmente, cumplir con rendir cuentas de forma periódica y transparente ante la sociedad y especialmente las familias que exigen verdad y justicia.
Como dignamente han expresado los colectivos: “El dolor de las familias de más de 130,000 personas desaparecidas no puede seguir ignorándose. Necesitamos una CNB profesional y humana”.
Es en este panorama que quien asuma la titularidad de la CNB enfrentará importantes desafíos, tanto por el debilitamiento institucional, como por el agravado contexto de las desapariciones en el país. La próxima designación no puede ser, de nuevo, resultado de una imposición. Esa instancia nació de la mano de la participación de las víctimas, como respuesta a una de las crisis que más nos agravia en México. Exige un liderazgo con sensibilidad, competencia técnica y legitimidad. El proceso de designación en puerta debe construirse desde la escucha y el reconocimiento a las familias; solo así podrá fortalecerse una política pública de búsqueda rigurosa y eficaz, tan urgentemente necesaria en el país.
