Más demandas, la estrategia perversa de Rubén Rocha
Álvaro Aragón Ayala
Para sostener su narrativa contra el decoro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya determinó seguir inventando y aumentar el número de demandas contra los funcionarios de la Casa Rosalina. Las primeras querellas que enderezó no tardan en ser archivadas dado que los tribunales federales emitirán, de un momento a otro, sentencias a favor de los directivos uaseños. La fabricación de nuevas demandas se ajusta a la estrategia de linchamiento público y criminalización derivadas del rechazo de la comunidad universitaria a la Ley de Educación Superior del Estado.
En los “cuartos de guerra” de Rubén Rocha con enlace directo a los medios de comunicación pagados por el gobierno para que desacrediten a los funcionarios de la UAS priva el desespero por los mensajes legales emitidos por los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados en el sentido de que están por decretarse las sentencias contra las demandas rochistas por considerar que fueron inventadas y carecen de legalidad y porque en las vinculaciones a proceso y destitución del Rector y de los funcionarios universitarios los jueces locales violaron el debido proceso y la presunción de inocencia y han incurrido en delitos contra la administración de justicia.
Además, antes de que finalice el próximo mes de marzo, los tribunales federales también emitirán sentencias definitivas contra la Ley de Educación Superior del Estado. El fallo favorecerá a la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo que obligará a los diputados del Congreso Local a derogar cuando menos 15 artículos de la ley de marras violatorios a la autonomía universitaria. El gobernador pretende ocultar que fue él constructor de la “Ley Rocha” que, al ser rechazada por los universitarios, desencadenó su furia y tomó la decisión de inventarles delitos a los funcionarios uaseños para destituirlos e intentar meterlos a la cárcel.
El gobernador es el principal interesado en que se mantenga la narrativa de que en la UAS hay corrupción ya que la Auditoría Superior de la Federación lo puso en ridículo al dar a conocer los resultados de la Auditoría 2022 practicada a la Casa Rosalina, la cual no arrojó ningún daño patrimonial ni perjuicio a la hacienda pública federal. El ejercicio de la auditoría federal derrumbó los relatos rochistas, tipo ficción, sobre el desvío de recursos y la no transparencia y rendición de cuentas de la institución.
Así, por la inminente caída de las demandas en curso, Rubén Rocha ordenó inventar otras dos querellas y todas las que fueran posibles, para sostener la atención negativa en la máxima casa de estudios mientras él y su pandilla saquean el estado, incurren en abusos de poder, en tráfico de influencia y nepotismo, se apoderan de toda la obra pública y controlan la red de proveedores del gobierno estatal, obteniendo millonarias ganancias soterradas.
Rubén Rocha seguirá pagando millones de pesos a los medios de comunicación. Ya ordenó a la titular de la coordinación social del gobierno estatal, Adriana Ochoa del Toro, no escatimar, no regatear dinero para que los medios y periodistas afines al régimen sigan fabricando imaginarios y delitos falsos contra los funcionarios universitarios y repetir el sonsonete de la corrupción universitaria.
Los medios de comunicación pagados tienen la encomienda de no meter en sus espacios comentarios sobre la “Ley Rocha”, instrumento por el que pretende modificar la Ley Orgánica de la UAS ya que, contra lo que pretende el gobernador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que los gobiernos de los estados y poderes legislativos, federal y locales, no tienen la facultad para reformar las leyes orgánicas de las instituciones autónomas.
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
La formulación de la Ley General de Educación Superior, aprobada el 19 de abril de 2021, amplió el alcance de la autonomía universitaria en un aspecto fundamental: la ley limita la posibilidad de que los poderes ejecutivos y legislativos, tanto federales como de los estados, modifiquen unilateralmente las leyes orgánicas de las instituciones autónomas. Al respecto la norma estableció que:
Ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción VII del artículo 3o. constitucional.
Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.
