Ley de Telecom viola el T-MEC y favorece a empresas estatales, critica expresidente del IFT

Guadalupe Ponce

El expresidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras, advirtió que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión podría violar el T-MEC y desalentar inversiones en el país.

Durante la sesión de los conversatorios sobre la reforma en el Senado de la República, Contreras explicó que el artículo 22 del tratado prohíbe dar trato preferencial a empresas estatales.

“Concretamente en el artículo 22, que es una norma genérica de protección de inversiones que tiene que ver con que el Estado no puede darle un trato preferencial a empresas propias que están compitiendo en el mercado”.

Contreras agregó que el artículo 18, que regula las telecomunicaciones, incorpora reglas particulares para un sector históricamente complejo en México, y advirtió que varias de ellas se verían transgredidas de aprobarse la reforma.

Asimismo, detalló que:

• El artículo 18.17 exige que la asignación de espectro se haga mediante procesos de competencia.
• El artículo 18.18 impide trato preferente basado en propiedad estatal.
• El artículo 18.21 obliga a que el espectro comercial se licite.

Ley de Telecom coloca al sector privado en desventaja

El excomisionado destacó que la reforma permitiría otorgar concesiones comerciales directamente al Estado sin licitación ni contraprestación, lo cual no solo viola la Constitución mexicana, que exige licitaciones públicas, sino que coloca al sector privado en desventaja frente al gobierno, generando un fuerte desincentivo para nuevas inversiones.

Esta advertencia cobra especial relevancia en un contexto donde el gobierno federal ha presentado el “Plan México“, una iniciativa que busca posicionar al país entre las principales economías del mundo para 2030, con una meta de atraer inversiones por más de 270,000 millones de dólares.

Contreras subrayó que alcanzar esa meta requiere generar condiciones de certeza jurídica, indispensables para captar capital privado en sectores estratégicos como las telecomunicaciones.

“La evolución tecnológica observada en los últimos años hace que la conectividad sea una condición necesaria para el desarrollo de las economías, pero también para el desarrollo social. Pero también este sector enfrenta importantes retos y requiere también de inversiones sostenibles. Solo mediante la colaboración de esfuerzos públicos y privados será posible atender las necesidades de inversión de este sector que por su rápida evolución también va a demandar cada vez más recursos. No terminamos de ver la evolución de 4G cuando ya estamos hablando de 5G”, concluyó.

Desincentivaría inversiones

La Constitución establece que las concesiones requeridas por el gobierno son de uso público, destinadas a funciones públicas. Sin embargo, el proyecto de reforma propone en su artículo 56 que el Estado pueda otorgar concesiones comerciales, diseñadas originalmente para el sector privado con fines de lucro, de manera directa.

Además, conforme a la Constitución, las concesiones de espectro radioeléctrico deben ser licitadas. La reforma plantea que estas se entreguen al gobierno sin contraprestación, a diferencia de los particulares que deberán seguir el proceso de licitación. Esto representa una violación flagrante a la Constitución y genera un desincentivo para futuras inversiones en el sector.

Por si fuera poco, el proyecto también establece que, al sector público se le otorgue concesiones comerciales sin contraprestación, y quede solo obligado a cumplir con las condiciones del título de concesión, no con la ley ni con el marco regulatorio completo, lo que lo pondría en ventaja frente al sector privado.