Continúa pugna entre Claudia Sheinbaum y Ernesto Zedillo; expresidente publica nueva carta

Diego Joaquín Hernández

La confrontación pública entre el expresidente Ernesto Zedillo y la actual mandataria Claudia Sheinbaum ha escalado durante los últimos días, en un cruce de acusaciones que pone en el centro del debate la calidad de la democracia mexicana y el pasado político del país.

Este viernes 2 de mayo, el expresidente publicó una nueva carta en la que responde a las descalificaciones realizadas por legisladores afines al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum, reiterando sus acusaciones sobre la “reprobable destrucción” de la democracia mexicana. Además, calificó de “inútiles” las obras realizadas por la administración anterior.

También destacó que la presidenta Sheinbaum no ha respondido a su petición de realizar una auditoría externa a las obras del sexenio de López Obrador, como se hizo en el llamado rescate bancario de su gestión (1994-2000).

Sheinbaum pide se investigue a Zedillo y presuntos nexos con el crimen

Este 1 de mayo, la presidenta Sheinbaum pidió que se le investigue al exmandatario y a su familia por presuntos vínculos con el crimen organizado; tras lo que el expresidente publicó una nueva carta en la que señala la presunta intención del gobierno de desviar la atención de la población sobre las obras públicas que comenzaron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El detonante de la pugna fue la publicación de un ensayo de Zedillo en la revista Letras Libres y una entrevista en Nexos, donde el exmandatario denuncia, en sus palabras, un “asalto contra la democracia mexicana” impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuado por Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina del 28 de abril, ironizó: “¡Ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia!”. En tono sarcástico y crítico, recordó episodios de su gobierno como la masacre de Acteal, el Fobaproa, la disolución de la Suprema Corte de Justicia y, según sus palabras, la “entrega” de la presidencia al PAN en 2000.

La entrevista a Ernesto Zedillo

En el texto, Zedillo acusó directamente a la llamada reforma judicial de ser una “farsa” diseñada para controlar al Poder Judicial, minar el sistema electoral y consolidar un régimen autoritario. Según él, la elección popular de jueces, propuesta por el oficialismo, no es un avance democrático, sino una táctica usada por dictaduras para subordinar a la justicia. “En México se murió la democracia. Están haciendo un Estado policial”, sentenció en su entrevista con Nexos.

Zedillo también cuestionó la militarización de la seguridad pública, la desaparición de órganos autónomos y el control político sobre las instituciones electorales. Asegura que todo esto responde a un proyecto autoritario basado en la demagogia, el populismo y la manipulación del discurso democrático.

A través de una carta difundida en redes sociales, el expresidente propuso además la realización de auditorías técnicas independientes sobre tres megaproyectos emblema de la administración anterior: la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

Según él, estos casos representan decisiones de alto impacto económico, ecológico y social, que deben ser evaluadas con criterios objetivos. Contrastó esto con la fiscalización internacional que se aplicó al rescate bancario durante su sexenio a través del Fobaproa, que hoy sigue siendo tema de debate público.

La respuesta de Claudia Sheinbaum

Sheinbaum acusó a Zedillo de fungir como “vocero del PRIAN” y de ser parte de una élite que ahora, ante la falta de credibilidad en sus líderes actuales, recurre al expresidente para atacar al gobierno. “Hablan de democracia quienes nunca la practicaron”, expresó. “Que sigan hablando, eso también es democracia”, añadió, reivindicando el debate abierto, aunque descalificó sus críticas como parte de una estrategia política opositora.

Este 29 de abril, Sheinbaum subió el tono al vincular a Zedillo con una supuesta investigación que lo relacionaría con el Cártel de las Metanfetaminas, aunque sin ofrecer detalles. También anunció una serie de conferencias para exponer ante la ciudadanía los detalles del Fobaproa, el IPAB, la deuda pública heredada y la pensión presidencial que, dijo, sigue recibiendo el exmandatario.

En su narrativa, Sheinbaum busca no solo responder a las críticas, sino reposicionar la discusión desde una óptica histórica: recordar lo que representa Zedillo para muchos sectores de la población que vivieron el periodo del neoliberalismo, la crisis bancaria y la privatización de sectores estratégicos como los ferrocarriles.

El debate sobre democracia, poder y memoria histórica se intensifica, y la figura de Ernesto Zedillo vuelve a estar en el centro de la discusión pública, no solo como exmandatario, sino como símbolo de un modelo de país que el actual gobierno busca dejar atrás.

La segunda carta de Zedillo

En una nueva carta pública difundida este 30 de abril, el expresidente Ernesto Zedillo asegura que la mandataria intenta desacreditarlo personalmente para no asumir su responsabilidad como parte del proyecto que, afirma, busca imponer un sistema con partido hegemónico, similar al del pasado autoritario del país. “Trata de anular a un mensajero de la noticia de la muerte de nuestra democracia –un servidor– suponiendo que así se distraerá la atención de las felonías contra la democracia cometidas por López Obrador, su partido y demás cómplices”, señala.

El exmandatario, quien gobernó México de 1994 a 2000, justificó su decisión de romper el silencio que había mantenido como expresidente. “Tenía claro que tendría un costo significativo, pero hay algo mucho más importante que la condición personal: México y la defensa de su democracia”, sostuvo.

Zedillo también respondió a señalamientos de la presidenta sobre su pensión del Banco de México. Explicó que ese beneficio fue determinado legalmente tras su gobierno y en reconocimiento a su papel en la renegociación de la deuda externa empresarial tras la crisis de 1982, mediante el mecanismo FICORCA. Añadió que renunció a su pensión como expresidente y lanzó un desafío: que Sheinbaum detalle el fundamento legal y costo del “simulado retiro” de López Obrador, a quien acusó de seguir recibiendo beneficios del erario público mientras se oculta esta información “gracias a la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia”.

En el texto, Zedillo defendió su actuación ante la crisis bancaria de los años noventa y cuestionó a Sheinbaum sobre cómo actuaría ella ante una posible quiebra financiera. Además, exigió auditorías independientes para proyectos insignia del sexenio de López Obrador, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto cancelado en Texcoco, a los que calificó como “caprichos costosos”.

Tercera carta de Zedillo

El expresidente Ernesto Zedillo emitió una nueva carta pública en la que responde a las descalificaciones realizadas por legisladores afines al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum, reiterando sus acusaciones sobre la “reprobable destrucción” de la democracia mexicana y la necesidad de rendición de cuentas por parte del actual gobierno.

Zedillo denuncia que las críticas dirigidas hacia él buscan desviar la atención ciudadana de lo que considera una grave transformación del régimen democrático hacia un modelo autoritario. En su misiva, sostiene que su gobierno ha sido objeto de calumnias, insultos y amenazas, mientras se ignoran sus argumentos y propuestas, como la de realizar auditorías independientes a los grandes proyectos del actual sexenio.

El exmandatario defendió las decisiones tomadas durante su administración para enfrentar la crisis bancaria de los años noventa, subrayando que se realizaron auditorías internacionales independientes avaladas por el Congreso, no por el Ejecutivo. Los resultados de esas auditorías, asegura, fueron públicos y disiparon dudas sobre el manejo de la crisis.

En el tramo final de su carta, Zedillo acusa al actual gobierno de manipular la Constitución y cometer abusos que vulneran la democracia. “La presidenta Sheinbaum fue electa gracias a la democracia. Su obligación debiera ser defender esa democracia, de ninguna manera contribuir a su destrucción”, concluye.

El pleito previo entre Sheinbaum y Zedillo

La confrontación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Ernesto Zedillo se intensificó a partir de septiembre de 2024, cuando Zedillo criticó duramente la reforma judicial impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación. En diversos foros, el exmandatario calificó la reforma como una amenaza a la democracia y al Estado de derecho, argumentando que la elección popular de jueces y magistrados socava la independencia judicial y podría conducir a una tiranía. Zedillo también señaló que la reforma busca destruir al Poder Judicial y transformar a la Suprema Corte en una institución alineada con los intereses del gobierno actual.

En respuesta, Claudia Sheinbaum, entonces presidenta electa, descalificó las críticas de Zedillo, calificándolo como un “representante del viejo régimen” caracterizado por la corrupción y los privilegios. Sheinbaum defendió la reforma judicial como un esfuerzo por combatir la corrupción y el nepotismo en el sistema actual, y consideró irónico que Zedillo critique la posibilidad de que jueces sean elegidos por voto popular, cuando esto, según ella, es la esencia de la democracia.

La presidenta electa también recordó que, durante su mandato, Zedillo impulsó reformas que permitieron la privatización de sectores estratégicos como los ferrocarriles y la industria eléctrica, así como la implementación del Fobaproa, una deuda que, según Sheinbaum, aún afecta a los mexicanos. Además, señaló que si su objetivo fuera controlar a la Suprema Corte, habría seguido el modelo de Zedillo de 1994, cuando se reformó la Constitución para permitir la designación de nuevos ministros.

La reforma judicial propuesta por el gobierno de Sheinbaum incluye la elección popular de jueces, magistrados y ministros, la creación de órganos técnicos autónomos para investigar y sancionar actos de corrupción, y la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, entre otros cambios. Estas medidas han sido defendidas por la presidenta como una forma de fortalecer la democracia y garantizar que el Poder Judicial represente los intereses del pueblo mexicano.

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