Defensa, CNI, Secretaría Anticorrupción y FGR abren carpetas por corrupción en aduanas
Miguel Badillo
El próximo mes de septiembre el área jurídica de la Presidencia de la República presentará al Congreso una iniciativa de ley que permita combatir la corrupción que sigue carcomiendo a las 50 aduanas del país y, al mismo tiempo, aumentar la recaudación de impuestos en esa área sensible mediante la eficiencia de procesos de automatización y digitalización; la adquisición de equipo tecnológico más moderno para tener un mejor rastreo y trazabilidad de las mercancías que se importan y exportan, y una mayor capacitación del personal aduanal.
A pesar de todos estos inconvenientes que enfrentan los recintos aduanales en fronteras, puertos y aeropuertos, en el primer semestre del año la recaudación aduanal reportó una cifra récord de crecimiento del 23 por ciento, lo que representó una captación por 711 mil 807 millones de pesos en sólo 6 meses.
Ese flujo de cientos de miles de millones de pesos que recauda el fisco en el sistema aduanal del país se ha convertido también en una codicia para el crimen organizado que, en complicidad con empresarios, funcionarios y agentes aduanales siguen traficando mercancías, drogas y combustibles por las diversas fronteras.
Es precisamente la investigación del huachicol fiscal de hidrocarburos lo que pudo ser la causa del asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, ocurrido la semana pasada y quien indagaba precisamente el tráfico de combustibles en esa porosa frontera tamaulipeca.
En una carpeta de investigación que el exdelegado abrió por ese motivo, aparece el nombre de Juan Carlos Madero Larios, quien en el sexenio pasado se desempeñó como administrador de operación aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y desde agosto de 2022 había sido identificado en un documento confidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional como integrante de una red de funcionarios aduanales corruptos que operan principalmente en los estados fronterizos de Baja California, Sonora y Tamaulipas, en colusión con empresas privadas que pagan cuantiosos sobornos para traficar ilegalmente mercancías e hidrocarburos.
Este Madero Larios es cuñado de la presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras López, razón por la cual también ella fue sujeta de investigación y aparece en la carpeta que abrió el exdelegado, pero que la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal.
En esta columna habíamos dado cuenta en El Independiente de cómo desde el 18 de agosto de 2022, el entonces secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, informó mediante el documento confidencial 812 al titular del Centro Nacional de Inteligencia, general Audomaro Martínez Zapata, que el Ejército investigaba en las aduanas una red de sobornos, extorsiones y huachicol de combustibles, porque las autoridades no habían podido limpiar por completo la corrupción en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
En ese reporte del general secretario de la Defensa advierte de la grave corrupción que hay en las aduanas y el involucramiento de cuatro exservidores públicos de la ANAM supuestamente relacionados en sobornos a operadores externos; contrabando de hidrocarburos y de pepino de mar; así como de manipular el Sistema de Parametrización (reconocimiento aduanero por alertamiento) a fin de realizar actos de extorsión a agentes aduanales.
Es tan delicado el tema, que el escrito enviado a quien fuera director general del CNI en el sexenio pasado, lo firma personalmente el secretario Sandoval González, para que “realice las acciones legales procedentes para evitar que (los cuatro exfuncionarios que han integrado prácticamente un cártel al interior de las aduanas) evadan la acción de la justicia o quede en la impunidad la actuación de dichos servidores públicos”.
Los exservidores públicos de Aduanas que estaban a cargo de la operación de la ANAM y que siguen impunes, a pesar de la instrucción directa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de que deberían ser cesados y procesados penalmente para determinar su posible responsabilidad, son: Juan Carlos Madero Larios, exjefe de operación aduanera y a quien acusan de hacer gestiones con personal que integró su equipo de trabajo y que sigue en funciones; Álvaro Alejandro Hernández Sierra, director general de Evaluación; César Reyna Carrillo, director general de Tecnologías de la Información; y Leonel Arturo Escalona González, como presuntos responsables de corrupción aduanal.
El documento está fechado en Lomas de Sotelo, Ciudad de México, 18 de agosto de 2022, y precisa que “el licenciado Juan Carlos Madero Larios, presuntamente recibe recursos de negociaciones con operadores externos de las aduanas de Baja California y Sonora; asimismo, está señalado de participar en probables actos de corrupción relacionados al contrabando de hidrocarburos y de pepino de mar cuando laboró en la Aduana de Progreso, Yucatán, en el concepto que dicho funcionario debió hacer sido cesado por el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en cumplimiento a la instrucción del Presidente de la República, la cual le fue informada el 25 de agosto de 2021, en carta adjunta de la Secretaría de Marina y esta Secretaría (de la Defensa Nacional); sin embargo, continúa laborando en la ANAM como administrador de Operación Aduanera 3, como se pudo constatar en la nómina transparente de la Función Pública durante la reunión”.
El general Luis Cresencio Sandoval añade que “se tiene conocimiento que el licenciado Álvaro Alejandro Hernández Sierra, director general de Evaluación, en contubernio con el ingeniero César Reyna Carrillo, director general de Tecnologías de la Información, y con la colaboración del licenciado Leonel Arturo Escalona González, manipulan el Sistema de Parametrización de la ANAM (reconocimiento aduanero por alertamiento), para presuntamente realizar actos de extorsión a los agentes aduanales.
“Por lo anterior –continúa el secretario de la Defensa–, se le sugiere que en base a la información obtenida por ese centro bajo su respetable cargo y la que le fue proporcionada a la Dirección de Investigación de esa Dirección General, por conducto del jefe del C.C.O., Aduanas de esta Secretaría, se realicen las acciones legales procedentes para evitar que evadan la acción de la justicia o quede en la impunidad la actuación de dichos servidores públicos”.
El documento explica que todo lo anterior es con referencia a la Estrategia para el Fortalecimiento de las Aduanas y a las reuniones de trabajo que han sostenido el director de Investigación de ese Centro (CNI) con el jefe del C.C.O. Aduanas E.M.C.D.N.
