¿Son necesarios los institutos electorales?
Javier Santiago Castillo
Las reformas electorales desde los años sesenta del siglo pasado caminaron paradójicamente la senda, por una parte, de buscar diseños electorales que permitieran a la clase política dominante mantenerse en el poder y, por el otro, la de la ampliación de derechos, establecer reglas de equidad y la construcción de instituciones electorales imparciales.
Lo que no ha cambiado es la lógica de darle continuidad a un grupo en el ejercicio del poder, presente en todas las reformas anteriores. En el pasado lo que impulsó la ampliación de derechos de ciudadanos y partidos fue la presencia de una oposición vigorosa, ideológicamente y, las expresiones de inconformidad social.
La coyuntura actual tiene un ingrediente que nunca se había presentado en el pasado: una coalición, con un partido predominante, tiene la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y la mayoría en los congresos estatales. Lo que aunado a una oposición ayuna de propuestas y sin fuerza para negociar. Lo que le permite reformar la Constitución y rediseñar el sistema electoral.
Ante la pregunta, ¿es necesaria una reforma electoral? La respuesta, genérica y abstracta, es afirmativa. Aunque se presenta un dilema. La reforma buscará construir reglas para que la actual clase política permanezca el mayor tiempo posible en el poder o, también buscara que sea funcional sistémicamente, en el sentido de ampliar derechos y de contribuir a la estabilidad política y, consecuentemente a la paz social; lo cual implica tener visión de Estado.
Esta debería de ser la perspectiva analítica para considerar la conveniencia o no de los institutos y tribunales electorales en las entidades federativas. El costo de estas instituciones se puede debatir, pero de ahí a reducir su existencia o desaparición a un asunto exclusivamente monetario es tener una visión política estrecha.
Además, muestra un desconocimiento relevante de, a pesar del cercenamiento de atribuciones que sufrieron con la reforma electoral de 2014, las múltiples actividades que realizan durante las elecciones y en los periodos en que estas no se efectúan. La organización de las elecciones no se reduce solamente a instalar casillas y fiscalizar a los partidos.
En esta tesitura, veamos en primer lugar, aunque sea en cifras gruesas, el costo de las elecciones locales. El presupuesto global para la organización de las elecciones lo podemos clasificar en tres rubros, que para el año de 2024 fueron: gasto operativo, 5 mil 615 millones de pesos; gasto para proceso electoral, 9 mil 414 millones y; financiamiento a los partidos políticos, 8 mil 525 millones.
Desde una óptica simplista se piensa que desaparecer a los OPL llevaría automáticamente a ahorrarse más de 5 mil millones de pesos. El pequeño detalle está en que en una institución pública los salarios de sus trabajadores representan alrededor del 90% de su presupuesto.
El INE no paga los salarios de los trabajadores de los institutos locales, pero para organizar las elecciones será necesario contratarlos, que tendría un costo mayor al del personal de los OPL actuales. Si consideramos que los salarios federales son superiores a los que se pagan a los servidores públicos en los estados. En consecuencia, la nómina del INE se incrementaría significativamente.
Ahora bien, en cuanto al tema de la duplicidad de funciones, es necesario precisar que los OPL realizan las siguientes tareas de forma exclusiva:
Previo a la elección: garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos; realizar el registro de las candidaturas locales; verificar documentación para diseño y producción de documentación y materiales electorales, integración de paquetes electorales, su entrega al funcionariado de casilla, bodegas electorales, debates, asistencia electoral, contratación y despliegue de personal en campo, integración y funcionamiento de órganos desconcentrados temporales (consejos distritales y municipales), PREP, ente auditor, COTAPREP, registro de candidaturas, sustanciación de POS y PES, oficialía electoral, actos de autoridad administrativa (resoluciones y acuerdos), candidaturas independientes, cómputos distritales, municipales y supletorios.
Durante la Jornada electoral: recolección de los paquetes electorales, atención a incidentes en las casillas, despliegue de personal en campo, seguimiento al funcionamiento de órganos desconcentrados temporales (consejos distritales y municipales), seguimiento del PREP y atender los incidentes en las casillas
Después de la Jornada: recolección de los paquetes electorales de las casillas, realización de los cómputos de las elecciones locales, en la mayoría de los casos, de gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Una actividad que recorre la organización de los procesos electorales es la administración de los conflictos políticos.
Periodos sin elección: los institutos organizan múltiples procedimientos de participación ciudadana. Por el ejemplo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México lleva a cabo los siguientes: Iniciativa Ciudadana, Referéndum, Plebiscito, Consulta Ciudadana, Consulta Popular, Revocación de Mandato, Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria y las Consultas de Presupuesto Participativo.
Al tratarse de mecanismos locales, el IECM es responsable del desarrollo de cada una de sus etapas, como son: la integración, capacitación, equipamiento, supervisión, cómputo y publicación de los resultados.
Considerando el escenario anterior, es innegable que existen áreas de oportunidad y mejora, encauzadas al objetivo de organizar elecciones con alta eficiencia técnica, calidad y confianza, siempre observando el principio de austeridad y racionalidad presupuestaria. Algunos de los aspectos para considerar son los siguientes:
- Estructura de los OPL definida en la ley, limitando la posibilidad de crear áreas a discreción del órgano máximo de dirección, lo que permitiría tener estructuras funcionales homogéneas en todos los estados, con catálogo de cargos y puestos que defina los perfiles requeridos para cada caso;
- Eliminar las estructuras permanentes desconcentradas que existen en algunos OPL, para que su funcionamiento sea solo temporal durante proceso electoral, homologando el periodo de existencia en todos los estados;
- La reducción en la integración del Consejo General, pasando de 7 Consejerías a 5, donde una de ellas presida los trabajos; y,
- Definir los gastos a cubrir en la organización de las elecciones, actualmente, mediante convenio de Colaboración, el INE, quien impone cargas financieras de manera unilateral a los OPL para las actividades de ubicación de casillas, capacitación electoral y listado nominal.
Las medidas antes descritas conllevarán un mejor control y cuantificación del gasto asignado a los OPL, lo que permitirá reducir gastos y optimizar el recurso público.
Es relevante puntualizar que la existencia de los OPL es necesaria para organizar las elecciones en el ámbito local, derivado de que el conocimiento y experiencia que han acumulado con sus décadas de existencia permite atender las necesidades sociales de cada municipio que integra los estados. Los cuales presentan complejidades sociales y políticas particulares que no es posible comprender y afrontar desde la centralización. Siendo esa su principal fortaleza y valía, aunado a que una estructura centralizada carente de esta visión y sin la cercanía requerida, resultaría obsoleta y generaría un gasto innecesario.
Más allá de la incongruencia política que significa la propuesta de desaparecer a los OPLES es evidente que desde una óptica organizacional, esa idea, es una mala idea, porque ni siquiera tienen un cálculo aproximado de cuantos recursos requeriría el INE para asumir el cúmulo de responsabilidades que tienen los institutos electorales de los estados.
Por otra parte, desde el poder no existe la mínima respuesta a las preguntas de como el INE atendería sus nuevas responsabilidades en materia local. La propuesta de centralizar la función electoral originalmente partió del PRD y el PAN, el PRI la aceptó, con la intención de establecer como una lógica sistémica la alternancia del PRI y el PAN en la presidencia. Al fin de cuentas compartían el mismo proyecto económico.
Los indicios contenidos en el discurso político del poder dejan ver que existen altas posibilidades que Morena culmine la aspiración del PRI y el PAN con el riesgo de afectar la estabilidad política y será más neoliberal que los neoliberales.
