Y sin embargo, el poder criminal es cuasimilitar y limita al Estado
Carlos Ramírez
Las dos grandes reformas del poder en materia de seguridad –la Guardia Nacional a Sedena y el mantenimiento de la prisión preventiva oficiosa– se están convirtiendo en una victoria pírrica, sobre todo porque se debilitaron los mecanismos procedimentales y administrativos y no están replanteando la doctrina de seguridad del Estado.
La Guardia Nacional lleva cuatro años operando y la PPO tiene más años funcionando, pero la estructura de funcionamiento del crimen organizado y sus rémoras de la delincuencia desorganizada sigue muy campante, inclusive consolidando espacios de poder y control en partes territoriales e institucionales de la soberanía del Estado.
Las crisis de seguridad últimas –Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Baja California, además de las otras ya conocidas– han mostrado el fortalecimiento y consolidación de los delincuentes, incluyendo la denuncia permanente de la DEA sobre el control del tráfico, distribución y venta al menudeo de drogas en Estados Unidos por parte por los nueve principales cárteles mexicanos.
Acciones operativas han capturado algunos grandes capos –como El Chapo Guzmán– y a exjefes de estructuras de seguridad mexicanas –como Genaro García luna. todopoderoso secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa–, pero sin que se haya minado la fuerza de los carteles, sin que se haya podido liquidar la jerarquía que controla las bandas, sin bajar el índice de criminalidad derivado de las disputas entre cárteles, sin que se haya recuperado el control territorial ahora en manos de bandas criminales, sin disminuir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y su venta creciente al menudeo en las calles americanas y sin que se haya minado de manera sustantiva el poder cuasimilitar de las organizaciones criminales y su capacidad de fuego que ya rebasó a las policías municipales estatales y federales.
En cambio, el proceso de adscripción de la Guardia Nacional a Sedena y el mantenimiento de la PPO han afectado de manera sustancial la estructura del poder y le ha restado credibilidad y apoyo social a las políticas de seguridad, además de fracturar de manera profunda la fuerza interna de Morena en las dos cámaras, de desacomodar el proceso de sucesión presidencial, de desgastar las figuras sucesorias disminuidas amenazas corcholatas y de terminar con el proceso de autonomía relativa del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo.
La votación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el destino de la PPO tendrá dos efectos negativos en el proceso de funcionamiento de las instituciones políticas y de Gobierno: restauración de la subordinación de los ministros de la Corte a los intereses de Palacio Nacional y abrir el camino para que todas las impugnaciones por la aplicación de la PPO no pasen por el desprestigiado sistema de impartición de justicia ahora politizado y se tengan que gestionar en tribunales internacionales desde donde podrían venir cuestionamientos a decisiones judiciales mexicanas.
El presidente López Obrador había avanzado muchos pasos cualitativos cuando definió su estrategia de seguridad pública y creo la Guardia Nacional bajo criterios de las doctrinas militares. Sin embargo, los avances han quedado disminuidos por el proceso operativo de centrar la funcionalidad del nuevo cuerpo de seguridad de manera exclusiva a la tutoría del Ejército, pero sin pasar por un proceso de construcción de consensos y de credibilidad.
El tema de la Guardia y la PPO seguirán siendo de coyuntura sexenal y de manera obligada tendrán que revisarse en el inicio del próximo gobierno –de manera independiente de la titularidad del Poder Ejecutivo Federal–, porque la política mexicana está llena de anécdotas de decisiones de Estado que duran solo el tiempo político de sus promotores. El problema no radicó en el movimiento estratégico de la Guardia a Sedena, sino en la ausencia de un marco jurídico de nuevas doctrinas de seguridad para encarar –y es el punto central del debate– el poder cuasimilitar del crimen organizado al que solo le falta alguna mentalidad estratégica para comenzar a manejarse como fuerza beligerante o como grupo contrainsurgente.
La PPO seguirá vigente y habrá algún camino para mantener a la Guardia bajo la tutela del Ejército, pero con un crimen organizado que le está disputando poder armado, político institucional y territorial al Estado.
