Rectorías universitarias: el poder y sus representaciones
Adrián Acosta Silva
A la memoria de Humberto Muñoz
El próximo 22 de noviembre el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara se reunirá para tomar una decisión estratégica sobre el futuro de la institución. Se trata de la elección del rector o rectora que representará a la UdeG durante los próximos seis años (2025-2031). Al igual que todas las universidades públicas, la autonomía política de la institución se expresa en la facultad de autogobernarse, es decir, de seleccionar a sus propias autoridades y de establecer los métodos y procedimientos que considere adecuados para garantizar la estabilidad, la cohesión y el funcionamiento de las tareas sustantivas universitarias de docencia, investigación, extensión y difusión.
Todas las universidades combinan mecanismos formales e informales para la construcción de la legitimidad del máximo órgano unipersonal de representación de sus comunidades. Después de todo, las rectorías son espacios de poder institucional, desde los cuales se impulsan proyectos de desarrollo universitario y se gestionan múltiples asuntos cotidianos y estratégicos de la vida universitaria. En el caso de la UdeG, una larga historia acompaña la construcción de esos liderazgos, sus redes de apoyo y expresiones políticas, y sus peculiares formas de legitimación antes, durante y después de los períodos sexenales.
La historia reciente tiene que ver con la influencia del “padillismo“ en la compleja estructuración de las relaciones políticas universitarias. Como es conocido, la figura del ex rector Raúl Padilla López influyó en el impulso a una reforma institucional que cambió de manera significativa a la UdeG durante poco más de tres décadas (1989-2023) y, hasta su sorpresivo fallecimiento en abril del año pasado, las reglas de la elección de su máxima autoridad de representación se mantuvieron estables y básicamente sin conflictos.
Con su muerte, se pensaba que podría desatarse una crisis política en la universidad por la disputa del poder institucional. Sin embargo, ello no ha ocurrido así. El proceso electoral de un nuevo rector o rectora ha transcurrido sin incidentes, de acuerdo con los usos y costumbres heredadas desde la era padillista. La renovación del Consejo General Universitario en octubre pasado, donde fueron electos por votación de sus respectivas comunidades los representantes estudiantiles y académicos de los 19 centros universitarios regionales y temáticos de la Red universitaria de la UdeG, más los representantes del sistema de educación media superior de la propia universidad, junto con la permanencia exoficio de los rectores y directores de división de los centros en el CGU, fueron el paso previo para organizar la fase crítica de la elección rectoral.
Los 193 consejeros tienen una representación proporcional de los diversos sectores universitarios: un tercio son estudiantes, otro tercio son académicos y uno más son directivos universitarios. También se incluyen los representantes de los sindicatos académico y administrativo de la UdeG. Este proceso electoral previo y la configuración resultante es la clave para entender cómo funciona la política universitaria, pues es la expresión de la capacidad de los liderazgos universitarios y sus redes políticas para impulsar las candidaturas de los consejeros estudiantiles, académicos y funcionarios que integran el CGU, y que influirán en la decisión de nombrar a un nuevo rector o rectora.
Bajo estas reglas, el CGU expidió a finales de octubre la convocatoria para la elección de “la persona titular” de la rectoría general durante el período 2025-2031. Inicialmente, expresaron sus intenciones de buscar la rectoría universitaria nueve interesados, pero al final solo se inscribieron cinco: tres mujeres y dos hombres. Todas y todos ellos cuentan con los requisitos establecidos y los perfiles de capacidad y experiencia universitaria considerados.
Además (y aquí está la otra clave del proceso), contaron con el apoyo de las firmas de apoyo de por lo menos el 15 por ciento de los consejeros universitarios.
Lo que sigue es que durante esta semana cada candidato y candidata deberá exponer su proyecto de trabajo al pleno del CGU, y el 22 de noviembre habrá una sesión especial para someter a votación las candidaturas registradas.
Estas formalidades procedimentales no son menores ni sencillas. Reflejan un arduo, probado y prolongado proceso para garantizar la gobernabilidad institucional, la cohesión política de los liderazgos surgidos en la era del padillismo, y evitar los riesgos de intromisiones indeseables y potencialmente desestabilizadoras. En contextos caracterizados por la continuidad de los oficialismos nacional (Morena) y estatal (Movimiento Ciudadano), los liderazgos universitarios han asentado los códigos de sus relaciones políticas. Ello forma parte del ejercicio de la autonomía política universitaria como uno de los componentes sustantivos de las universidades públicas, más allá de estar de acuerdo o no en los métodos de elección o en el perfil de los liderazgos universitarios tapatíos realmente existentes.
En estas condiciones, las candidatas y los candidatos a ocupar las oficinas de la rectoría universitaria son la expresión más o menos fiel de las redes políticas y académicas que están en la base del orden institucional de la UdeG. Todos son o han sido rectores o rectoras de centros universitarios, poseen estudios de posgrado o grado doctoral, algunos son miembros del SNII, son directivos de primer nivel de la administración central en varios períodos previos, o han desarrollado en distintos momentos trayectorias importantes en sus respectivos campos disciplinarios o en puestos públicos a nivel estatal o federal.
Durante este proceso electoral, los liderazgos y sus redes en el CGU se movilizan intensamente para establecer alianzas y compromisos políticos para orientar el sentido de sus votos. Pero no pocas señales apuntan hacia la posibilidad de que una mujer sea la primera rectora universitaria en la historia de la UdeG, lo que coincidiría justamente con la celebración de los primeros 100 años de la refundación de la universidad el próximo año. ¿Esto representaría un cambio significativo en la estructura de las relaciones políticas, los liderazgos y las redes del poder universitario? Eso es lo que estaría por verse.
