Morena, juez y parte en la elección de candidatos al nuevo Poder Judicial
Diana Lastiri
Con la integración de los Comités de Evaluación para la elección judicial de 2025, Morena garantizó tener aplanadora, ahora, en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Por si no fuera poco tener integrantes afines a Morena y a Andrés Manuel López Obrador, los Comités del Poder Legislativo y del Ejecutivo trabajan en opacidad.
La reforma judicial establece que estos comités serán los que elijan a los contendientes para jueces, magistrados y ministros.
Cada Poder de la Unión integró su propio comité con cinco abogados que ya emitieron sus convocatorias, por lo que en los próximos días recibirán los expedientes de los aspirantes y evaluarán sus conocimientos técnicos, así como si se han distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia, antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la abogacía.
Integrarán un listado con los 10 mejor evaluados por cada cargo para ministros, magistrados electorales y del Tribunal de Disciplina Judicial. Otros seis serán elegidos para los cargos de magistrados de Circuito y jueces de Distrito y posteriormente depurarán las listas mediante un sorteo público para que puedan enviar sus ternas o duplas —dependiendo del cargo— al Senado de la República.
Esto garantiza que los comités ejerzan un doble filtro sobre los aspirantes a una candidatura para la elección judicial.
Conforme a las convocatorias, el Poder Legislativo verificará los méritos académicos —a los que les dará mayor peso—, de experiencia profesional, honestidad y buena fama pública y posteriormente realizará una entrevista a los aspirantes.
El Judicial realizará, además de entrevistas, un examen escrito de conocimientos técnicos para el caso de jueces y magistrados y un examen oral para el caso de aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los que les dará mayor peso.
Mientras que el Poder Ejecutivo no incluyó ningún mecanismo de evaluación adicional sino únicamente a que los aspirantes cumplan con los requisitos constitucionales.
Los perfiles de los evaluadores
Los comités de los poderes Ejecutivo y Legislativo fueron integrados con abogados afines a Morena y al expresidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que el Comité del Poder Judicial incluyó a juzgadores y académicos del Derecho.
El Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo (CEPE) está integrado por Arturo Zaldívar, Vanessa Romero, Mary Cruz Cortés y Javier Quijano.
Zaldívar, quien fue ministro presidente de la SCJN hasta diciembre del año 2022, ha sido señalado porque durante su administración al frente del Poder Judicial de la Federación (PJF) supuestamente presionó a jueces y magistrados para que resolvieran a favor de los intereses del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En el año 2021, Zaldívar impulsó una reforma al Poder Judicial que incluyó un intento de ampliar su mandato en la Corte por dos años y que, finalmente, fue declarado inconstitucional.
Actualmente Zaldívar es el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, y luego de darse a conocer la denuncia en su contra por supuestas presiones a los juzgadores, amagó —junto con Morena— con solicitar juicio político contra la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, quien ordenó investigar los hechos denunciados.
Esto, pese a que, hasta antes de ser presidente de la SCJN, Norma Piña era una de las ministras más allegadas a él.
También integran el comité la exmagistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, quien alargó su cargo por siete meses apoyada por el Congreso local, de mayoría morenista.
Asimismo Javier Quijano Báez, quien en el año 2006 fue abogado de Andrés Manuel López Obrador en el proceso de desafuero cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México. (Proceso informó [No. XVI] que este caso es uno de los que, desde hace 30 años, ha mantenido a López Obrador en pugna contra el Poder Judicial y la SCJN.)
A ellos se suman la exmagistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala y actualmente magistrada presidenta de la Sala Penal de dicha institución, Mary Cruz Cortés Ornelas, y Vanessa Romero Rocha, abogada y columnista de diversos medios de comunicación.
Comité del Legislativo
El Comité de Evaluación del Poder Legislativo (CEPL) también se integró por abogados afines a Morena.
Así, los nombres de Maday Merino Damián, abogada por la Universidad Autónoma de Tabasco, entidad natal de López Obrador, fue la primera mujer consejera presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de la entidad y fue la apuesta del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, para ser consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), puesto que no consiguió.
En el año 2023 el entonces presidente López Obrador la incluyó junto con otros 40 perfiles morenistas en las propuestas que envió al Senado para ocupar un lugar en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Maribel Concepción Méndez de Lara, presidenta del Tribunal Superior Agrario, es allegada al diputado morenista Ricardo Monreal, quien la propuso para integrar el comité.
Ana Patricia Briseño Torres, quien desde el 31 de mayo de 2023 se desempeña como presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, luego de ser elegida por Morena y aliados en el Congreso de la entidad.
Briseño Torres es vinculada con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, la diputada Diana Karina Barrera, con quien fue suplente en la legislatura local pasada en el estado de Sonora.
Se encuentra también Andrés Norberto García Repper Favila, abogado que ha sido funcionario en organismos electorales o que ha fungido como representante de Morena ante dichos institutos.
Hasta enero de este año era representante de Morena ante la Junta Local de Tamaulipas, según los datos del INE, y públicamente manifiesta su apoyo y afinidad con los proyectos de Morena y López Obrador.
María Gabriela Sánchez García, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, institución en la que coincidió con Enrique Insunza, actualmente senador por Morena, vinculado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.
Comité del Judicial
A diferencia de estos dos comités, el del Poder Judicial de la Federación (CEPJF) está conformado por juzgadores federales y académicos como Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, y Emilia Molina de la Fuente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.
Emma Meza Fonseca, magistrada del Pleno Regional en materias Penal y de Trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, cuya plaza fue una de las que salieron en la tómbola del Senado de la República para ser sometida a la elección judicial de 2025, por lo que ya declinó a participar en la contienda.
Así como de Luis Enrique Pereda Trejo, del Consejo Directivo de la Barra Mexicana de Abogados y catedrático del ITAM, y Wilfrido Castañón León, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia Civil de la CDMX, cuya plaza no fue sorteada para la elección de 2025 y será sometida a este proceso de designación hasta el año 2027.
Los primeros días de operación
Los tres comités quedaron conformados desde el pasado 5 de noviembre y en su primera semana, los del Poder Legislativo y el Ejecutivo operan en total opacidad.
De una revisión realizada en los documentos públicos del Senado de la República, se desprende que el CEPL únicamente ha dado a conocer la convocatoria que establece las bases para inscribirse y conseguir una candidatura para la elección de 2025.
Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuántos y quiénes se han inscrito para intentar obtener una candidatura apoyada por los legisladores federales.
Mientras que el CEPE presentó este 11 de noviembre un micrositio en el que los aspirantes podrán inscribirse y enviar sus documentos vía electrónica.
Sin embargo, el micrositio sólo sirve para el proceso de inscripción, no así para verificar cuántos y quiénes son los aspirantes.
En cambio, el CEPJF publica diariamente informes sobre las personas que se han registrado para obtener una candidatura.
Hasta el corte del 13 de noviembre, 64 personas se registraron ante dicho Comité, muchas de ellas pertenecientes al PJF, por lo que provienen de carrera judicial.
Los primeros inscritos fueron Ingrid Jordana Arteaga Hughes, secretaria de juzgado que busca ser jueza de Distrito en Puebla; Agustín González Vargas, secretario particular de Magistrado de Circuito que busca ser juez de Distrito en el estado de Michoacán; Mario Antonio Medina González, secretario de Tribunal Colegiado, quien aspira llegar a ser magistrado de Circuito, y Jaime Allier Campuzano, magistrado en Oaxaca, quien busca ser ministro de la Suprema Corte.
Así como Candelario Magaña Hernández, quien con dos años de experiencia profesional busca ser juez de Distrito en Tabasco, donde es director de Asuntos Jurídicos del municipio de Centla, designado por el alcalde morenista Saúl Armando Rodríguez, y José Alberto Solís López, abogado postulante que busca ser juez en el estado de Jalisco.
