Ética colectiva como valor financiero de México

Claudio Rodríguez Galán

He estudiado el fenómeno del Bien Común por más de 15 años. Mi Doctorado se basa en dicho concepto pues, humilde y simplista aparente, no solo es fascinante, sino mucho más complejo de lo que dichas primeras impresiones ofrecen.

Más aun, es un concepto multifacético y absolutamente práctico. Así, tiene connotaciones legales, financieras, económicas, administrativas, éticas, ambientales, gubernamentales y filosóficas, pero siempre con un componente de aplicación en la vida de las personas, gobiernos y empresas.

Ahora propongo que sea el contexto de la ética la que me permita seguir analizando en el presente el concepto del Bien Común. Así, para empezar, se habla ya del fenómeno de ética colectiva como un componente integrador social, pero para las empresas resulta un componente de valor financiero y de prestigio de las mismas.

En lo particular, las empresas con su denominación (razón social) prestigio, accionistas (socios), proveedores, clientes, ingresos, empleados, egresos, balances, deudas y cuentas por cobrar no son ajenas a los estándares de ética de cualquier entidad, más aun si presumen ser los entes de la ética como un bien jurídicamente tutelado y así la ética, tan mancillada a nivel mundial –que no es ajena al concepto de justicia–, debe materializarse por los que emplean, capitalizan y contribuyen al éxito de cualquier nación.

Y es aquí donde vienen sus virtudes y problemas. La ética en las empresas, que incluye a los prestadores de servicios como las firmas de abogados, no solo es externa –como aquella que ofrecen a sus clientes– sino también la interna, como elemento de gobernanza, ética con sus empleados y sustentabilidad corporativa interna que otorga motivación colectiva, compromiso y calidad en los servicios.

Por ello, la ética y la justicia interna y colectiva deben ser reforzadas para otorgar valor financiero a empresas que plantean seguir dichos preceptos. Debemos entender entonces que cualquier empresa que incurre en desvíos fiscales, prácticas ilegales, simulación jurídica y corrupción interna y externa debe ser denunciado, pues es un tema de ética colectiva.

Hoy existe una práctica reciente en México que fundamenta mi posición y que es el tráfico de influencias disfrazado de “relaciones con gobierno”. Se trata de un tema espinoso donde se vulnera no solo la ética del involucrado, sino también la del agente externo y, con ello, a la de sus clientes.

Llegado a ese punto, se afecta el valor financiero de la empresa y no son pocos los ejemplos en la historia que han ocurrido al respecto. Como bien lo expresa el connotado penalista Carlos Requena en su brillante artículo “Tráfico de Influencias: Una ´normalidad´ a romper”, en el que advierte que “atacar y erradicar el tráfico de influencias va más allá de una mera cuestión legal; se trata de un pacto colectivo para reconstruir y robustecer nuestras instituciones, nuestra democracia y nuestros valores fundamentales”.

En México esto resulta fundamental. No es nuevo. En efecto, de nuevo es la citada ética colectiva la que nos debe llevar a denunciar con valor y transparencia estas prácticas, porque el bien común así lo exige.

Si la empresa insiste en ello con un afán de corto plazo para obtener un lucro, es y debe ser el prestigio, la ética y la afectación de valor de ellos y sus clientes la que deben de dictar las consecuencias.

Por el otro lado, las empresas y despachos que sigan con dicha práctica deben saber que el mercado ya las conoce y que, el uso y abuso de mediadores gubernamentales ajenos a procesos licitatorios transparentes por parte de ellas y evadir procesos de sana y libre competencia, siempre tendrá un impacto negativo en su valor financiero y prestigio empresarial.

Sea con trenes, gasoductos, refinerías, armadoras o aeropuertos, la verdad siempre sale a la luz.

El terminar y denunciar con coraje y valentía dicha práctica traerá un beneficio común a la sociedad y, a nivel interno, permitirá que el prestigio de las empresas y firmas que no incurren en ella se transforme en bienestar empresarial, bienestar social, crédito y, con ello, valor financiero y crecimiento sostenible de dichas firmas.

La ética debe ser recompensada. Erradicar la práctica es democrático, pues reactiva las licitaciones abiertas y la libre competencia de mercado como institución primordial de la eficiencia empresarial.

Me llama mucho la atención que dichas empresas entienden el cumplimiento con la sustentabilidad y gobernanza pintando escuelas y repartiendo ladrillos, cuando en lo interno contratan traficantes de influencias para obtener contratos y, con ello, afectan la propia gobernanza del país en su conjunto.

Denunciar a quienes la cometen alienta la competitividad al evitar que solo los que contratan agentes traficantes de influencias para ello (y lo anuncian orgullosos), sean los que se llevan los contratos. Escribir sobre ello y decir la verdad es parte de mi juramento como Doctor en Derecho.