CNDH desvela iniciativa para convertirse en Defensoría del Pueblo; fue “clamor de las víctimas”
Gloria Leticia Díaz
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer la iniciativa de ley por la que pretende que el organismo se transforme en la “Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo”, y que fue anunciada en la Cámara de Diputados como parte del informe anual de labores de la ombudsperson, Rosario Piedra Ibarra.
De acuerdo con el organismo, la reforma es “producto de un clamor de las víctimas” por la falta de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH, por lo que la iniciativa “no es producto de un trabajo de gabinete, no es obra de académicos ni juristas sino de personas que se acercan a la Comisión en espera de resolución a las quejas que interponen por violaciones a derechos humanos”.
En un comunicado, el organismo sostuvo que la reforma legislativa, entregada también al Senado, se inspiró en la “Procuraduría de Pobres”, promovida en 1847 por Ponciano Arriaga ante el Congreso de San Luis Potosí, con el objetivo de “defender a las y los ciudadanos ante los abusos, excesos, agravios, vejación y maltratos cometidos por alguna autoridad, además de contar con facultades para denunciar y solicitar, por sí misma, la reparación del daño que correspondiera”.
Tras ensalzar la gestión de Piedra Ibarra por acatar “austeridad republicana” impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el organismo señaló que “es tiempo de que llegue a su fin” la figura de la CNDH de ser un órgano autónomo surgido “en el neoliberalismo”, con “costosísimos aparatos burocráticos con numeroso personal que hacían tareas difusas y duplicadas, funciones más bien mediáticas que implicaban abultados sueldos y prestaciones, gastos en viajes, viáticos, asesores, guardaespaldas y, claro, muchos eventos para la fotografía reservados para adictos a grupos políticos y de interés, (…) una burocracia dorada que en el caso de la CNDH monopolizaba todos los cargos de alto mando para abogados, y además exfuncionarios del aparato judicial y del control político gubernamental”.
El organismo explicó que con la iniciativa de reforma al artículo 102 apartado B de la Constitución y la Ley de la CNDH, busca “un cambio mayor que coloque en el centro a las víctimas y a quienes están en riesgo de serlo, y haga de la defensa de los derechos humanos una auténtica política de Estado”.
En quince puntos, la CNDH explicó algunos de los cambios sustanciales que tendría la institución al transformarse en Defensoría Nacional de los Derechos Humanos, entre ellos que tanto la titular como los integrantes del Consejo Consultivo, sería “electos por el pueblo mediante proceso de participación ciudadana”, eliminando la posibilidad de reelección, “como una forma de afirmación de su autonomía”.
Reafirmar la autonomía
De acuerdo al comunicado, la iniciativa presentada considera que el titular de la Defensoría “y quien ocupe cargos de alto mando (…) no podrá buscar un cargo de elección popular en el año siguiente al término de su responsabilidad”.
En cuanto al Consejo Consultivo se fortalece su papel “de apoyo, como órgano consultor y de asesoría, pero también se definen los márgenes de responsabilidad de sus integrantes”.
Según el posicionamiento, con la reforma “se reafirma la autonomía del organismo eliminando la posibilidad de politizar, o más, partidizar la interpretación de los derechos humanos y quedar presa de las presiones políticas”.
Sostiene que “ninguna autoridad o servidor público dará instrucciones a la Defensoría Nacional, y a su vez, ningún funcionario de la misma se sujetará a orientación o presión alguna por parte de aquellos”, aunado a que “no podrán participar en actos de proselitismo que comprometan sus funciones o independencia”.
Considerando el “principio pro persona en todas sus acciones y resoluciones”, el cambio de figura implicaría que “las quejas tendrán el tratamiento de recursos de exigibilidad”, toda vez que “es obligación de las autoridades del Estado observar, respetar y proteger los derechos humanos”.
Pese a que ya existen en la ley y en la práctica las medidas cautelares o precautorias, el organismo sostiene que la iniciativa contempla darle la “facultad” a la Defensoría para solicitarlas “cuando éstas se requieran para proteger los derechos humanos o para evitar la consumación de daños irreparables”.
Entre las modificaciones que se proponen está la de que sea la propia Defensoría Nacional la que exija el cumplimiento de las recomendaciones “sin depender de otro órgano (el Senado) como sucede ahora”, y que “se presta a negociaciones y cálculos políticos al margen de la Comisión, y desde luego de las víctimas”.
En la propuesta se desconoce la participación de defensores de derechos humanos de organizaciones civiles, con el argumento de privilegiar “la atención directa a las víctimas, eliminando el intermediarismo que ha dado pie a la negociación de los derechos humanos”.
De aprobarse la reforma constitucional y la ley secundaria, se la asignaría a la Defensoría Nacional “la supervisión de la progresividad de los derechos humanos en el Estado mexicano a partir de la evaluación de normas, prácticas administrativas, programas, políticas públicas y del ejercicio del gasto público, del seguimiento a las recomendaciones internacionales que se realicen al Estado mexicano, y del cumplimiento de las resoluciones de las instancias internacionales de derechos humanos”.
Entre sus funciones, la Defensoría Nacional tendría “la misión de promover una cultura de paz mediante el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos, pero también de acciones preventivas que incida en el comportamiento de la autoridad”.
En materia administrativa, dejarían de operar las Visitadurías Generales para convertirse en Defensorías Generales, y de visitadurías adjuntas a defensorías adjuntas, en tanto que se “hace obligatorio el pluralismo y el equilibro de género en la composición de su personal, que implican la inclusión de todas las personas, profesionales y capacidades, así como la paridad de género en todos los puestos”.
Asimismo, se eliminaría “el requisito discriminatorio de contar con título de licenciado en derecho para su personal y privilegia la experiencia en la defensa de los derechos humanos”.
El organismo sostuvo que ha iniciado un proceso de acercamiento con los legisladores, “con las víctimas y con organizaciones de las víctimas, y en general con la ciudadanía”, para que se respalde la iniciativa promovida por la actual titular de la CNDH.
