Estos son los ganadores y perdedores del presupuesto para el 2026
Guillermo Vázquez Handall
El presupuesto de egresos de la federación, aprobado por la mayoría del régimen en el congreso, es un mapa conceptual del poder de la 4T, que implica su hegemonía y centralismo aun justificado por la austeridad, pero con erosión de autonomías, ofrece ciertamente estabilidad social a corto plazo, pero con fragilidad en el tiempo.
Ganan los programas sociales que son la base del éxito electoral del movimiento, por ejemplo adultos mayores y estudiantes, estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero para carreteras y trenes y por supuesto Pemex y CFE para refinerías y electricidad.
De esta manera, pierden el poder judicial, el INE y el tribunal electoral pero sobre todo la seguridad pública, lo que en todo caso es un contrasentido dada la percepción social al respecto y por ser el tema más sensible. Aunque Morena exalta en su narrativa que es un presupuesto para el pueblo y no para los ricos, es una promesa a su base que castiga las instituciones.
En este sentido, hay argumentos para decir que se intenta fomentar infraestructura para el desarrollo, lo cual es una condición necesaria para equilibrar al país y sus regiones en aras de reducir desigualdades, pero eso no es suficiente porque el gobierno no puede solo.
Desde un punto de vista en el que se entiende el efecto compensatorio, es decir, la fórmula mediante la cual una parte muy importante del gasto se destina directamente a las personas como beneficiarias, se limita la capacidad del estado de cubrir servicios básicos y de invertir para el crecimiento económico.
Los programas sociales prioritarios equivalen casi al 10 % del total, el gasto del gobierno cuesta el 78 por ciento que incluye servicios públicos, salud, educación y la operación cotidiana del estado y las inversiones en obras como carreteras, trenes y puertos casi un 11 %.
Estos son los ganadores y perdedores del presupuesto para el 2026
Hay que considerar el llamado gasto no programable, que se va en pago de deuda y pensiones, además de las transferencias a estados, que en resumen sumando el destino de los recursos que se enfocan al gasto social independientemente de su catalogación, es de un 69 % del gran total, más allá de su lógica de distribución.
El análisis teórico derivado de la comparación de experiencias exitosas en el mundo, para decirlo coloquialmente de acuerdo al ‘librito’, para que una economía realmente pueda crecer, la inversión en infraestructura, tecnología e innovación, educación técnica y científica y apoyo directo a las pequeñas y medianas empresas tendría que ser en global alrededor del 25 % del presupuesto.
Si ese fuera nuestro caso, para llegar a ese plano ideal, habría que aumentar quince puntos en esos rubros y necesariamente restarlos al 69 % del gasto social, en resumen 25 para el desarrollo y 44 % para el gasto social.
Eso implicaría en principio un cambio drástico, paradigmático, en la manera de gastar e invertir, pero sobre todo en la narrativa oficial que rompería con sus preceptos ideológicos que tanto éxito le ha generado en la población, porque el dilema principal impuesto por la misma 4T se fundamenta en beneficios directos y personales que si bien tienen muy contento al pueblo, en contra en el mediano plazo no generan más que un clientelismo, muy favorable para mantener el poder.
Gana la gente individualmente sí, al menos en principio, pero pierde la oportunidad de crecer, entendiendo que el desarrollo en el largo plazo entrega beneficios para toda la sociedad, aunque ese no es un buen lema hoy en México para una campaña electoral y lo que manda es lo electoral.
