4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

Jaime García Chávez

La ausencia de una izquierda democrática, anticapitalista y socialista ha llevado a abandonar, casi por completo, la reflexión y la consecuente acción en torno al complejo mundo de las relaciones entre el capital y el trabajo asalariado, hoy muy distinto de lo que fue, por hacer un corte de caja, hace cien años.

A partir de que la izquierda mexicana fue convidada a participar en los procesos electorales para la búsqueda de cargos de representación, y sobre todo de los de la administración pública que luego llegaron como caídos del cielo, las luchas obreras fueron olvidadas y la construcción de un sindicalismo libre, autónomo, autogestivo, independiente, dejó de estar en la agenda prioritaria que pudimos ver por décadas hasta hace alrededor de cincuenta años. 

La brújula política marcó un nuevo derrotero y se les puso distancia a los trabajadores, lisa y llanamente. Fuimos testigos de cómo empezó a imperar una lucha por una democracia electoral, necesaria ciertamente, pero claudicante en esta agenda, como sucedió también con otras que distinguían a la izquierda combativa, por más marginal que fuera.

El viejo corporativismo con el rostro de los líderes “charros” como Fidel Velázquez, Joaquín Hernández Galicia, la “Quina”, y compañía se auto llamaban “Congreso del Trabajo” y eran el sector obrero del PRI. 

Esa forma de control entró en decadencia y fue sustituida exactamente por otra igual pero con los rostros de los Pedros Haces, los Alfonsos Cepeda en el SNTE, de los Napoleón Gómez Urrutia, iguales o peores que los del pasado, pero que se cobijan del mismo modo bajo el manto protector de un partido, y del líder de este y de un Poder Ejecutivo (antes PRI, hoy MORENA y una autollamada “cuarta transformación” que encabeza, lo cual está por verse, la Presidenta de la República). Este es un hecho evidente, y como no hay izquierda, pasa de noche.

Estas deshilvanadas palabras me las inspiró la reciente lectura de un comunicado de prensa emitido por la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros, que cuenta con un registro sindical expedido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, documento en el que se denuncia la criminalización de sus protestas por parte de la Fiscalía General de la República. El comunicado es del pasado 4 de noviembre y se data en Coatzacoalcos, Veracruz.

Estos trabajadores petroleros protestaron en agosto frente al edificio de PEMEX en esa ciudad, donde la empresa estatal tiene grandes instalaciones. La movilización, en palabras de los trabajadores, “tuvo como propósito denunciar las condiciones laborales de explotación, sobrecarga de trabajo y ausencia de derechos básicos que enfrentan los técnicos y profesionistas (…), así como exigir trato justo, seguridad laboral y respeto a la dignidad humana de quienes sostienen con su esfuerzo diario la operación de la industria petrolera nacional”.

Este reclamo lo sustentan con los derechos constitucionales y los pactos internacionales suscritos por el Estado mexicano, por lo cual ven en la estrategia de PEMEX y de la fiscalía que los persigue un intento de represión inadmisible. Así exigen el retiro inmediato de la denuncia interpuesta por PEMEX, el cese de la intimidación, hostigamiento y represalias derivadas de un elemental ejercicio a la manifestación pública.

El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de un Peña Nieto o un Calderón, pero que lo haga un gobierno que se supone defensor de los derechos de los trabajadores es una contradicción criminal.

Esa realidad con la que se trata a los trabajadores de confianza en las empresas públicas, como la Comisión Federal de Electricidad, además, violenta derechos a la jornada laboral que previene la Constitución y al elemental trato de probidad con que los directores deben tratar a sus empleados. 

Sostengo que ya basta de que consideren que los trabajadores están a su disposición las 24 horas sólo porque portan un celular con WhatsApp que los puede sujetar a la empresa en ese periodo de tiempo, desentendiéndose de que tienen vida propia, familia, necesidades de recreación y descanso. Pero esos son temas que no están en la agenda de un gobierno que trata a sus empleados con la exigencia de disciplina militar, con todos los excesos imaginables.

El gobierno debe entender que no estamos ante el colapso del trabajo, que este sigue construyendo el centro de la organización social. A menos de que se inspire en el capitalismo salvaje de los neoliberales que tanto critica de los dientes para afuera.

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