Cuatro relatos de las desapariciones en México y nuestra propuesta
Ernesto López Portillo
Primer relato
El pasado sábado 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones, familiares de personas desaparecidas, colectivos de buscadoras, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales de derechos humanos, periodistas y personas solidarias se reunieron nuevamente en la Glorieta de las y los Desaparecidos. Como cada año, la valla que protege el ahuehuete fue cubierta con los rostros de miles de personas ausentes. Quienes prepararon los carteles me contaron: “el año pasado pegamos unas 800 fichas; este año recibimos 2,100, tuvimos que reducir su tamaño. Tenemos casos desde 1971, pero la mayoría son de los últimos diez años”.
Segundo relato
Dos días después, en su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su diagnóstico sobre el estado del país. Decidió no incluir a las desapariciones.
Tercer relato
Al día siguiente, durante la quincuagésimo primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la secretaria ejecutiva Marcela Figueroa presentó el Acuerdo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. El documento recoge compromisos relevantes, entre ellos:
a) Creación y operación de Fiscalías Especializadas o áreas previstas en la Ley General en las entidades que aún carecen de ellas.
b) Actualización, en diciembre de 2025, del protocolo homologado de investigación de desaparición forzada y por particulares, así como del protocolo homologado de búsqueda.
c) Elaboración de una metodología para la Base Nacional de Carpetas de Investigación en materia de personas desaparecidas, con integración obligatoria para todas las Fiscalías.
d) Eliminación, a más tardar en julio de 2026, del rezago de información en la Base Nacional de Información Genética del Banco Nacional de Datos Forenses.
e) Ratificación de tres protocolos forenses nacionales: recuperación de cadáveres; estudio y tratamiento multidisciplinario de cadáveres; y notificación y entrega digna de personas identificadas.
f) Obligación de las Fiscalías estatales de aplicar de inmediato estos protocolos.
g) Publicación de los acuerdos en el Diario Oficial de la Federación y presentación semestral de avances.
Nuestro relato
Cualquiera puede comprobar que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, tras tres décadas de existencia y más de medio centenar de sesiones, ha emitido siempre acuerdos unánimes. La unanimidad, sin embargo, es meramente protocolaria: entre el acto y la implementación frecuentemente se abre un abismo. Quizá el caso más ilustrativo es el del fortalecimiento de policías estatales y municipales, reiterado en decenas de sesiones —incluida la más reciente— y sistemáticamente incumplido (publicaremos el conteo de la promesa de fortalecimiento policial local). La propia presidenta Sheinbaum, al justificar su reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconoció múltiples desacatos de estados y municipios a lo aprobado en el Consejo, incluso en normas que ahí se impulsaron.
En sexenios anteriores, colectivos de la sociedad civil propusieron que el Consejo contara con representación ciudadana con voz y voto, o al menos con mecanismos de rendición de cuentas. Nunca se aceptó. Desde el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX proponemos una ruta distinta: la creación de un órgano de supervisión externa como nuevo componente del Sistema Nacional (véase: Adición de Supervisión Externa).
Cuando la presidenta afirma que “vamos bien e iremos mejor” mientras guarda silencio sobre las desapariciones, pero sí resalta otros delitos de alto impacto, proyecta un pragmatismo político que excluye de su narrativa nacional las atrocidades más graves, aun cuando se documenten todos los días de manera oficial.
La experiencia demuestra que la evidencia, por sí sola, no basta. Frente a las decenas de incumplimientos del Consejo Nacional, gobierno tras gobierno, la sociedad suele optar por criticar o justificar según su afinidad política. Nosotros sostenemos que el problema es estructural: los incentivos políticos no favorecen el cumplimiento (la inmensa mayoría de los gobiernos evade sistemáticamente las mejoras todos los días y lo saben allá adentro), y es razonable prever lo mismo respecto a los acuerdos más urgentes en materia de desapariciones. Por eso insistimos en abrir paso a la fiscalización ciudadana como interferencia sistémica capaz de modificar las inercias de incumplimiento.
He entrevistado a decenas de funcionarias y funcionarios que pasaron por distintas áreas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre todo en el Secretariado Ejecutivo. En todos los casos, en privado, han reconocido que se debió respaldar la fiscalización ciudadana que fue rechazada cuando estaban en funciones.
