El desafío de informar
Fernando Díaz Naranjo
Ejercer el periodismo político en México se ha vuelto, por decir lo menos, una ardua tarea. La censura parece que se está volviendo rutinaria, la libertad de expresión ha perdido fuerza y como consecuencia, se ha impuesto miedo a los encargados de desafiar al poder cuando se pronuncian respecto a alguna irregularidad.
Según ARTÍCULO 19 en su Reporte “Las leyes como Mecanismo de Censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas”, en México y Centroamérica, se ha documentado un preocupante aumento sostenido del acoso contra periodistas: entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, se registraron 51 casos. En total, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra.
De los 51 casos documentados, 25 corresponden a la vía electoral (50.98%), 14 por la vía penal (27.45%) y 11 por la vía civil (21.57%).
En tan solo siete meses del 2025, se ha superado el número de víctimas registradas que en cualquier año anterior.
En un mundo donde los medios de comunicación han revolucionado y las redes sociales son ahora un canal de difusión accesible e inmediato para toda la población, se ha llegado a diversas determinaciones de ordenar la remoción de contenidos de relevancia pública a través de medidas cautelares, la suspensión de publicaciones o de ciertos contenidos sobre actores políticos, multas, disculpas públicas, entre otras.
Incluso algunos políticos han llamado a periodistas como “sicarios de la comunicación“, señalando que la ley podría ser utilizada en su contra como una amenaza a su labor profesional.
Este ejemplo no es el único. Tal vez uno de los casos más representativos esta relacionado con la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), creada para hacerle frente a la discriminación estructural que sufren las mujeres en México, pero que ha dejado muchas dudas sobre si pudiera ser una herramienta usada en contra de la libre opinión o la libertad de expresión.
Por ello, diversos medios de comunicación han expuesto que se ha manipulado la figura legal de la VPMRG para demandar o acosar judicialmente a periodistas, con el fin de silenciarlos. Datos señalan que uno de cada dos procesos de acoso judicial contra la prensa en el país se inició bajo el contexto de VPMRG.
Cifras de ARTÍCULO 19 revelan que arriba del 53% de las entidades federativas ya han registrado al menos un proceso de acoso judicial contra periodistas o medios de comunicación.
De los casos documentados de acoso judicial por Artículo 19, 23 (45.10%) fueron personas funcionarias públicas, 18 particulares (35.29%), y con 10 procesos (19.61%) iniciados directamente por partidos políticos y candidaturas.
Incluso hay víctimas que tienen múltiples procesos iniciados por diversas vías. Este proceso es conocido como forum shopping, o foros de conveniencia, donde un mismo denunciante busca iniciar procesos en distintas cortes y vías legales, para salir victorioso en una y someter a la persona demandada o denunciada a un proceso económico y psicológico desgastante.
El abuso del derecho penal, el más intrusivo de los recursos legales, es una constante en México para silenciar a la prensa. Ahora los periodistas deben destinar parte de sus ingresos a su defensa no sólo legal, sino también ante una tribuna pública.
La amenaza de iniciar procesos legales contra la prensa es un silencio al periodismo que fomenta la autocensura que va en contra de los principios democráticos establecidos en nuestra Constitución.
Debemos cuestionarnos, sin demeritar por supuesto que efectivamente la violencia de género ha sido un fenómeno creciente ante el empoderamiento femenino y su representación política en la esfera pública en la búsqueda del legítimo derecho a una igualdad sustantiva, cuál debería ser el marco normativo que el periodismo tiene respecto a su derecho a informar y a expresarse para que los recursos jurídicos no sean instrumentos de intimidación, teniendo en cuenta la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de nuestra democracia.
Esta es sin duda tarea del Legislativo y, ante el análisis de la reforma electoral, bien podría ser éste un tema para profundizar, analizar y deliberar.
