¿Reforma electoral o rediseño del poder? El reto de preservar la democracia
Armando Zúñiga Salinas
El pasado 8 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Si bien la iniciativa se presenta como un esfuerzo por adecuar las normas electorales a la “situación política actual del país” y fortalecer el “respeto irrestricto del voto libre y de la voluntad popular”, su conformación y el sentido de algunas de las propuestas despiertan legítimas preocupaciones sobre el rumbo de nuestra democracia.
Una de las preocupaciones más apremiantes de esta propuesta, y de reformas electorales previas, desde la del 2007, es que parecen estar orientadas a reconfigurar la relación entre poder y partidos, a expensas de las libertades ciudadanas. Proceso que ha derivado en situaciones donde la libertad de expresión se ve limitada, llegando incluso al extremo de obligar a ciudadanos a retractarse ante el poder por sus expresiones y opiniones.
La libertad de expresión es pilar fundamental de toda democracia genuina. Su debilitamiento compromete la rendición de cuentas, desactiva los contrapesos institucionales y permite que los abusos de poder se perpetúen en la opacidad. Sin un debate público libre, sin autoridades electorales independientes y sin contrapesos efectivos, la rendición de cuentas se debilita y los abusos encuentran terreno fértil.
La tarea del INE debe ser organizar elecciones competidas y confiables de manera imparcial, con capacidad para fiscalizar efectivamente el origen y uso de los recursos en partidos y campañas, y con respeto irrestricto a las libertades ciudadanas y a sus preferencias políticas.
La recién creada Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, aunque designada para “convocar al país entero a pronunciarse” y “realizar estudios”, está integrada exclusivamente por funcionarios del Poder Ejecutivo. Esta composición ha generado desconfianza, al percibirse como un ejercicio controlado que busca más “perpetuarse en el poder” y configurar un INE “a modo”, que construir una reforma plural y de autentico consenso.
Es imperativo que cualquier modificación a las reglas del juego democrático se cimiente en un proceso de consulta serio, profesional y con una metodología rigurosa, que trascienda los intereses de poder y se centre en el ciudadano y sus libertades fundamentales. Solo así se evitará que los cambios respondan a coyunturas políticas y que se inyecte mayor incertidumbre a un entorno ya marcado por desafíos como la llegada de nuevas inversiones, la negociación comercial y la reactivación económica. Sería desafortunado repetir los errores del proceso de la reforma judicial. Toda reforma debe abonar a la certidumbre jurídica en lugar de sumar a la destrucción de instituciones.
La estabilidad institucional es vital para el crecimiento del país y para generar confianza entre los inversionistas. Para preservar la democracia, es fundamental evitar que el proceso se perciba o se conduzca como un mecanismo para fortalecer a grupos específicos.
Uno de los ejes más polémicos de la reforma es la eliminación de los diputados plurinominales. Aunque oficialmente se argumenta que estos legisladores responden más a los partidos que al pueblo, esta figura fue incorporada en 1977 como un mecanismo para incluir a las minorías, ampliar el espectro ideológico en el Congreso y fortalecer la democracia mediante un debate más plural. Suprimirla sin ofrecer un mecanismo que garantice la representación del pluralismo en un país tan diverso como México sería un retroceso.
Lo que se necesita no es su eliminación, sino una formulación que asegure que la representación legislativa refleje con claridad y certeza el pluralismo de la sociedad. Es necesario diseñar un esquema transparente, comprensible y no sujeto a múltiples interpretaciones, que permita al ciudadano reconocer en el Congreso un espejo fiel de sus preferencias y de la diversidad nacional.
La vocación propositiva del sector empresarial, y particularmente de COPARMEX, ha sido una constante en la construcción de nuestra vida democrática. Ya desde los años ochenta, la Confederación planteaba la necesidad de un instituto electoral autónomo y la ampliación de las libertades políticas como condición indispensable para el desarrollo del país. Esa visión de largo plazo debe inspirar hoy un debate que, más allá de los intereses inmediatos, apueste por un sistema electoral que preserve la autonomía de sus autoridades, garantice elecciones limpias y confiables, y mantenga abiertos todos los cauces de la pluralidad política.
México merece una democracia más sólida, con instituciones fuertes, leyes claras y un equilibrio de poder que garantice que la sociedad, en toda su diversidad y con plena libertad de expresión, sea el verdadero protagonista y beneficiario de cualquier reforma.
La reforma que hoy se discute debe ser fruto del consenso y la participación genuina de todos los sectores, para que el ciudadano, con plena libertad, sea el protagonista y no el espectador de su destino político. Si el proceso de reforma se reduce a una simulación controlada, el resultado será una democracia más débil, menos representativa y más vulnerable al poder.
Solo una reforma construida desde la pluralidad, con visión de país y respeto irrestricto a las libertades ciudadanas, podrá ser recordada como un paso firme hacia el fortalecimiento democrático de México.
