Radios comunitarias enfrentan incertidumbre ante centralización y posible pérdida de autonomía por reforma a Ley Telecom
Ángel Adrián Huerta García
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se discute en el Senado, encendió las alertas de distintas organizaciones y colectivos, quienes advierten sobre los riesgos de centralizar atribuciones en una sola agencia dependiente del Poder Ejecutivo tras la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como la facultad de revocar concesiones, la cual podría comprometer la autonomía de los medios comunitarios.
Públicamente, la reforma, que fue presentada a inicios de 2024, busca la digitalización y la simplificación institucional. Sin embargo, desde su presentación, uno de los puntos más polémicos es el artículo 107, que permite al nuevo regulador reasignar frecuencias sin compensación económica. En caso de desacuerdo por parte del concesionario, se podría proceder al rescate de la banda. Esta disposición, en ausencia de un organismo autónomo como el IFT, ha generado inquietud sobre la fragilidad de los derechos adquiridos por los medios comunitarios, indígenas y sociales.
Verónica Galicia Castro es directora de la radio comunitaria La Voladora Radio, en Amecameca, Estado de México. En octubre de este año cumplirán 25 años y, en su opinión, lo que realmente preocupa es cómo estos medios transitarán hacia el nuevo marco legal y qué tratamiento recibirán bajo la nueva estructura regulatoria. Esto plantea una inquietud estructural sobre la garantía de un marco justo y adecuado para los medios de uso social.
Además, para Verónica, la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue una decisión equivocada: “Me parece que sí era necesario hacer una transformación del organismo, no su desaparición. El IFT tenía muchas cosas que no nos gustaban, sí, pero era un organismo autónomo”.
En respuesta a estas y a otras inquietudes y críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum suspendió temporalmente la aprobación de la reforma de Telecom y convocó a mesas públicas con expertos, sociedad civil y empresarios, coordinadas por el senador Javier Corral, con el objetivo de afinar el dictamen. Desde mayo de 2025, se organizaron una serie de foros ciudadanos para debatir la reforma.
Las audiencias reunieron a especialistas y representantes del sector para tratar temas como la libertad de prensa, el espectro radioeléctrico y los derechos de las audiencias. Tras los foros, el Senado discutirá un nuevo dictamen sobre la reforma este sábado 28 de junio. Durante la mañanera del 25 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum añadió que las modificaciones actuales a la Ley fueron trabajadas directamente con el Senado, especialmente a partir de los conversatorios y mesas públicas, y que la iniciativa modificada ya se encuentra en el Poder Legislativo.
Erick Huerta, coordinador general de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C., señaló que en estos espacios hubo oportunidad de presentar propuestas, entre ellas, la necesidad de un fondo para apoyar la comunicación indígena. Incluso se planteó utilizar recursos del IFT, provenientes del pago de derechos por uso de espectro, dinero que en ocasiones ni siquiera se ejercía y que podría destinarse a licencias.
Mediante la organización que representa Huerta, Redes por la Diversidad, junto con medios y organizaciones indígenas, comunitarias y afromexicanas, propusieron durante los foros medidas como: reservar el 33 % del espectro radioeléctrico y el 10 % de la publicidad oficial para medios comunitarios; establecer un régimen fiscal acorde a su naturaleza no lucrativa; crear un fondo nacional para capacitación, infraestructura y producción de contenidos propios; garantizar la autonomía programática frente a la imposición de contenidos como propaganda electoral; y asegurar el acceso gratuito a la red de fibra óptica de la CFE.
También exigieron la colegiación del órgano regulador con participación indígena, modalidades específicas de concesión y respeto a los derechos territoriales y culturales de los pueblos, como parte de una política pública que reconozca su papel como sujetos colectivos de derecho y pilares de la diversidad cultural del país.
De acuerdo con Alejandro Cabral, representante nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC-México, y miembro y fundador de la radio comunitaria Política y RockanRoll de Hermosillo, Sonora, en los foros algunos senadores consideraron estas propuestas justas y las incluirán en una reserva que será discutida. No obstante, advierte que no hay certeza sobre el resultado. Si se incorporan los cambios propuestos podría hablarse de una ley mejorada. Pero, si no se incluyen, la reforma quedará como una ley pequeña, parecida a la anterior y muy injusta.
Desaparición del IFT deja en incertidumbre a radios comunitarias
En México, la creación de organismos autónomos cobró impulso en los años noventa como una estrategia para garantizar derechos y limitar el poder del Ejecutivo. En ese contexto, y para reemplazar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), instaurada por decreto presidencial en 1996, se creó en 2013 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Sin embargo, su desaparición —aprobada por el Senado el 28 de noviembre de 2024— preocupa a medios comunitarios y organizaciones sociales que durante años lucharon por contar con un regulador independiente del espectro radioeléctrico.
Erick Huerta explicó que la creación del IFT no fue una decisión unilateral del gobierno, como algunos sectores han querido hacer ver, sino el resultado de una lucha ciudadana que buscaba un regulador independiente, especialmente tras la polémica Ley Televisa. “La ley anterior fue una conquista importante: por primera vez se reconocía a los medios comunitarios e indígenas”.
“El IFT era una demanda de AMARC. Queríamos un organismo autónomo, independiente del poder estatal, sobre todo en el otorgamiento y sanción de concesiones. Eso nos dio esperanza. En algún momento funcionó. Pero también queríamos que el consejo del IFT fuera ciudadano, y eso nunca pasó”, dijo Cabral.
De acuerdo con Alejandro, hubo algunos buenos consejeros, como hay buenos políticos o empresarios, “pero eso no lo vuelve independiente”. Las posiciones del consejo del IFT estuvieron conformadas, en su mayoría, por gente vinculada a la industria.
“Lo vimos en los foros del Senado: expresidentes del IFT hoy representando intereses empresariales o ligados a medios industriales. Eso habla de una puerta giratoria. Yo no diría que logramos un organismo independiente. Tampoco sé si la nueva agencia lo será. Nunca se alcanzó la independencia deseada”, dijo Alejandro.
Entre los principales problemas que enfrentaban con el IFT, Verónica Galicia destaca el exceso de burocracia: “Desde la cuestión de todo este torturismo burocrático para responder a las solicitudes, hasta el tema de las prórrogas”. Verónica dice que el proceso de renovación de su concesión fue largo y complicado: “El trámite se hizo desde hace 3 años y en 3 años no nos pudieron responder nada. Se nos venció la concesión en mayo y pasó junio sin tener respuesta del IFT”.
Por su parte, Huerta señala que uno de los pocos beneficios era el acceso a publicidad oficial, pero incluso eso resultó problemático: “Implicaba cambiar la naturaleza fiscal. Tenían que dejar de ser organizaciones sin fines de lucro para tributar como empresas, solo por ejercer un derecho al que ya tenían acceso”, detalla. En cuanto a la relación con el IFT, reconoce que, aunque hubo desencuentros al principio, “se fue generando una relación más o menos cordial. Había encuentros anuales con el instituto, un comité donde se presentaban los problemas, e incluso se notaba un esfuerzo del regulador por conocer más sobre nuestras necesidades”.
Hasta el 29 de mayo de 2024, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) había otorgado 455 concesiones para uso social: 170 comunitarias, 31 indígenas y 1 afromexicana. Algunas de estas concesiones se gestionaron a través del Programa de Promoción y Fomento de la Radiodifusión Comunitaria e Indígena (Pro Radio), mediante el cual el IFT realizaba visitas a comunidades, impartía talleres y habilitaba oficialías de partes temporales para facilitar el proceso.
Sin embargo, Galicia observó que el aumento en el número de radios que se identifican como comunitarias coincidió con la posibilidad de acceder a recursos públicos provenientes de la publicidad oficial. “Se dio un auge de creación de radios comunitarias. Es algo que se percibe, tal vez porque ahora sí hay recursos destinados a través de la publicidad oficial para poder operar”.
Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió reducir el gasto en publicidad oficial y distribuirlo con mayor equidad, lo cierto es que esta herramienta siguió usándose de manera discrecional. De acuerdo con el informe “El gasto en publicidad oficial durante el sexenio de AMLO“, publicado por ARTICLE 19 y Fundar en 2024, entre 2019 y 2023 el gobierno federal gastó 14 mil 500 millones de pesos en publicidad oficial.
Solo tres medios —Televisa, La Jornada y TV Azteca— concentraron el 28.13 % de ese presupuesto, es decir, 4 mil 079 millones de pesos, lo que evidencia una política de asignación altamente concentrada y sin criterios públicos claros. En 2023, esta tendencia se mantuvo: diez medios recibieron el 45.05 % del total, mientras que los otros 414 medios compartieron apenas el resto. Entre los beneficiarios principales estuvieron nuevamente La Jornada, Televisa y Medios Masivos Mexicanos, que juntos acumularon más de 680 millones de pesos en ese año.
Este modelo de asignación contrastó de forma drástica con el trato recibido por los medios comunitarios e indígenas, quienes enfrentan condiciones estructuralmente desiguales para acceder a estos recursos.
Verónica, directora de la Voladora Radio, explica que los requerimientos administrativos eran desproporcionados: “Estábamos obligadas a entregar informes económicos anuales con los mismos formatos que se aplican a medios comerciales, sin atender la naturaleza ni las dinámicas propias de la radio comunitaria”. A esta desigualdad estructural se suma una disminución en los montos entregados por el IFT a estos medios. De acuerdo con información pública entre 2021 y 2023 se destinaron apenas $1,074,602.06 pesos a radiodifusoras de uso social, comunitario e indígena.
El desglose anual muestra una clara tendencia a la baja: $448,094.64 en 2021, $387,709.52 en 2022 y $238,797.90 en 2023. Para 2024, el IFT informó que los pagos aún no se han concretado, ya que la campaña institucional para estas concesiones no ha concluido su procedimiento administrativo.
Otro desencuentro con el regulador que recuerda Alejandro Cabral fue que el IFT aplicó criterios excesivamente técnicos al evaluar los contenidos de las radios comunitarias. Un caso emblemático, señala, fue la sanción impuesta a una emisora por transmitir un spot de una tortillería local que decía: “la única en todo el municipio que tiene maíz 100 % nixtamalizado”. Según Cabral, “el IFT interpretó eso como un contenido valorativo que generaba competencia, lo clasificó como un comercial y sancionó a la emisora. No solo fue la multa: además queda una mancha en el expediente que posiblemente impida que se les otorgue el refrendo de la concesión”.
Nueva Agencia de Transformación Digital y el riesgo de control estatal
Erick Huerta destaca que la autonomía del IFT permitía establecer reglas claras y una relación institucional neutral, incluso cuando existían críticas a otras instancias gubernamentales. Sobre la Agencia de Transformación Digital, que asumirá las funciones del IFT, Cabral cuestiona la concentración de decisiones sobre concesiones en una sola persona. Considera necesario, al menos, establecer un consejo ciudadano autónomo y con poder de decisión, integrado por representantes de radios comunitarias, indígenas, academia y especialistas.
Explica que existe consenso entre senadores y el Ejecutivo sobre la necesidad de este consejo ciudadano, aunque todavía no se define si será vinculante o solo consultivo. Si sus decisiones fueran obligatorias, incluso se podría ganar más autonomía que antes, al pasar de un consejo dominado por intereses empresariales a uno realmente ciudadano.
Cabral también advierte sobre el riesgo de que esta agencia, tal como está concebida, facilite mecanismos de control estatal y posibles actos de censura. A nivel regional, señala Alejandro, varios organismos internacionales esperaban una reforma de vanguardia por parte de México, pero el borrador inicial generó decepción. Sin embargo, el proceso de los foros legislativos reavivó el interés entre las redes internacionales de medios comunitarios. La posibilidad de una reforma más positiva aún está abierta.
La Agencia de Transformación Digital, en su diseño original, fue concebida sin una estructura colegiada y con más de mil atribuciones concentradas en una sola figura. Esta centralización ha sido fuertemente cuestionada, pues contrasta con los modelos recomendados por organismos internacionales como la UIT y la UNESCO, que promueven reguladores con mecanismos de rendición de cuentas y consulta efectiva. Diversas organizaciones sociales advierten que este esquema facilita decisiones discrecionales y puede derivar en la persecución de medios críticos, como ya ha ocurrido con radios comunitarias sancionadas por difundir contenidos políticos.
Verónica Galicia expresa su preocupación ante el traspaso de funciones a una agencia sin garantías de independencia. Señala que devolver al Ejecutivo la facultad de otorgar o revocar concesiones compromete la autonomía de los medios comunitarios, abriendo la puerta a posibles represalias contra aquellos que no se alineen con la narrativa oficial.
Alejandro advierte que, aunque la ley prevé una agencia que permitiría al Estado ejercer control e incluso censura, si se consigue un consejo verdaderamente ciudadano, con capacidad de decisión y vinculante, la autonomía no solo se conservaría, sino que podría fortalecerse respecto al modelo actual, donde predominan intereses empresariales. No obstante, todo depende de qué se apruebe en el Congreso, y mientras no se vote, la moneda sigue en el aire. Si se acepta el modelo con el consejo ciudadano, como proponen, entonces sí se podría hablar de una mejora sustancial.
Cabral explica: “Se supone que un mes después de aprobada, si no agregan algún transitorio diferente, empezará a operar la Agencia de Transformación Digital. Cuando eso suceda, sea en un mes, en 15 días o en tres meses, todos los trámites deberán ser recogidos por esta agencia. Habrá una especie de transición de trámites; incluso algunas firmas seguirán siendo válidas”.
Y advierte sobre el riesgo de un retraso administrativo: “No sé qué tan eficiente vaya a ser. Cuando se cambió de Cofetel a IFT, los expedientes se retrasaron por un año. Algunos trámites los empezó a retomar el IFT dos años después de su nacimiento. Nada nos garantiza que esta nueva historia, que es muy parecida pero en reversa, no repita lo mismo. Entonces sí, podría haber un momento de caos”.
Cuáles son los cambios a la iniciativa de reforma a la Ley Telecom tras conversatorios
El miércoles 25 de junio de 2025, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, detalló los principales cambios incluidos en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Señaló que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano desconcentrado de la ATDT, asumirá con independencia técnica, operativa y de gestión temas como concesiones y uso del espectro.
Esta comisión estará integrada por cinco comisionados que serán nombrados por la presidenta y ratificados por el Senado. En paralelo, la Comisión Nacional Antimonopolio —sectorizada en la Secretaría de Economía— asumirá funciones relacionadas con competencia y regulación asimétrica. Peña Merino afirmó que estas divisiones evitan la concentración de poder que antes se atribuía a la iniciativa.
Respecto a las radios comunitarias, el funcionario destacó la incorporación de mecanismos que buscan su fortalecimiento: hasta un 3 % de su tiempo podrá destinarse a publicidad y patrocinios locales, se facilitará el acceso a espectro —no solo en la banda alta de FM— y se asignará entre el 1 % y el 10 % del presupuesto de comunicación social federal para estas emisoras.
También subrayó medidas como la interconexión obligatoria con redes comerciales, licencias simplificadas para radioaficionados, acceso temporal al espectro para fines educativos y culturales, y la eliminación definitiva del artículo 109. Peña Merino aseguró que la nueva legislación no solo garantiza derechos de acceso a internet, sino que también busca ampliar las condiciones de equidad tecnológica para comunidades indígenas, afromexicanas y zonas sin cobertura.
“Hay aspectos positivos [en la reforma], como que el 1 % de la publicidad oficial ya no es un tope, sino un piso mínimo; también la reserva del espectro para radios comunitarias e indígenas, y que se reconozca que las obligaciones deben ser acordes a nuestra naturaleza no comercial. Porque los que hacemos las radios comunitarias somos las propias comunidades, somos grupos ciudadanos, y no es justo que se nos trate desde la mirada mercantilista que tienen los medios comerciales”, explica Verónica Galicia.
Alejandro reflexiona sobre los límites de esta ley. Afirma que una ley que busque democratizar los medios no puede lograrlo sin tocar los privilegios existentes. No se puede dar algo a las radios comunitarias sin quitar algo a los actores que hoy concentran los beneficios. Esta ley no toca a la industria de la radio y la televisión, ni a los grandes medios tradicionales. Tampoco se atreve a regular el entorno digital. La única intención de cambio se eliminó para evitar conflictos políticos.
Por eso, considera que, una vez que esta ley se apruebe, será necesario sentarse a dialogar sobre una verdadera reforma de telecomunicaciones. “Lo que hoy se discute apenas sirve como parche para transitar hacia 2025; lo urgente es comenzar a construir una legislación que realmente transforme el ecosistema mediático en México”.
Decepción tras conocer el dictamen de Telecom
El dictamen de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue difundido la noche del 26 de junio, antes de su aprobación en comisiones del Senado este viernes 27 de junio y su discusión al día siguiente en el pleno del Senado. El dictamen incluye disposiciones como la exención del pago por el uso del espectro para radios comunitarias, el acceso preferente a frecuencias en FM y AM, la posibilidad de recibir publicidad oficial y el acompañamiento técnico del Estado a través de la nueva Agencia. En el caso de la publicidad oficial, el documento menciona un ajuste en el esquema de asignación para beneficiar a medios de uso social, pero no establece montos ni criterios específicos.
En redes sociales, Alejandro Cabral mencionó que el dictamen tal y como lo difundieron no mejora sustancialmente las condiciones para radios comunitarias, indígenas y afromexicanas, tal como se prometió durante los conversatorios. De hecho, el propio dictamen reconoce que estas concesiones seguirán dependiendo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones:
“El otorgamiento de las concesiones para uso social comunitario, indígena o afromexicana (…) estará sujeto a los requisitos, procedimientos y condiciones que establezca la Agencia”.
La redacción del dictamen establece que el otorgamiento de concesiones para medios comunitarios, indígenas y afromexicanos dependerá de los criterios, procedimientos y condiciones que defina la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
El Senado se reunirá este sábado 28 de junio para discutir y posiblemente votar el dictamen en el pleno. De ser aprobado sin modificaciones, el documento será turnado a la Cámara de Diputados. Si ambas cámaras lo avalan, la reforma podrá pasar al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
