Fin de la era exclusiva del Ministerio Público
José Carlos Ontiveros Salas
Se reforma la Constitución Federal y se le suprime al Ministerio Público la exclusividad de la investigación del delito
La embestida morenista sigue dando de qué hablar: reforma la Constitución para nombrar a Jueces, Magistrados y Ministros por voto popular o sea que en una tómbola se aprobará a los juzgadores de tus derechos y los míos.
Se destierra la carrera judicial para dar paso a la improvisación de los impartidores de justicia. Pero no solo estaremos expuestos a que unos desconectados del conocimiento de la ley y del derecho nos juzguen a su leal saber y entender.
Pero no solo ocurrirá esa improvisación en Jueces, Magistrados y Ministros, también lo encontraremos en las autoridades que se encargarán de investigar el delito. El Ministerio Público deja la función histórica de investigar el delito, para dar paso a que será investigado no solo por el Ministerio Público y las policías, también lo harán los militares.
Los Congresos estatales, cuando menos los morenistas, ya tienen la encomienda de la aprobación, ya lo hizo Sinaloa el día de ayer, se le quita la función exclusiva al Ministerio Público y la reparte en la Secretaria de Seguridad Pública Federal, la Guardia Nacional y a las policías en el ámbito de su competencia.
Se reforma el artículo 21 de la Constitución Federal para dar paso a una nueva estrategia de investigación criminal, en la que no será el Ministerio Público el que dirija las investigaciones o cuando menos todavía no se le define si coordinará la investigación o a quien se le asignará esa función. Será necesario saber cómo quedará estructurada la reforma constitucional en la ley secundaria. La fuerza militar se adelanta y habrá que poner cuidado en lo que venga después.
Los derechos humanos están en juego. Habrá incertidumbre en los procedimientos de investigación. Parece que la inteligencia gubernamental para la seguridad nacional será utilizada con fines de investigación criminal y desconocemos cuáles serán sus alcances.
El uso de la inteligencia en seguridad pública e investigación de los delitos exige que haya una separación entre la inteligencia con fines de seguridad nacional y la inteligencia para elaborar productos de investigación policial. Son dos funciones del estado que deben quedar separadas por los fines que tienen cada una.
Cuidado con el nuevo sistema que impone nuevas reglas en la investigación de los delitos. Las labores de inteligencia pueden ser utilizadas para vigilarte sin que tengas conocimiento que están invadiendo tu esfera de privacidad personal.
Con un gobierno que no permitirá que sea vigilado desde el momento que desaparece los órganos autónomos constitucionales entre ellos el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, podrían estar preparando estrategias que no serán las más seguras para una sociedad que se ató las manos desde que entregó su voto a quienes parece ser no están muy interesados en el bienestar general sino en fortalecer las instituciones represivas del estado.
La Constitución Federal exige cumplir determinados requisitos para la investigación de los delitos y el respeto a los derechos fundamentales de toda persona. La detención y la recopilación de las pruebas exigen requisitos de estricta legalidad pero por lo que está sucediendo con esta reforma difícilmente se estaría pensando en cumplir con esas formalidades.
Nombramiento de juzgadores por tómbola y ahora entregar la investigación de los delitos a vigilantes informáticos y militares, podrían ocurrir eventos muy desagradables en cuanto al respeto de los derechos humanos de los gobernados.
La sociedad requiere certidumbre de quien debe recibir las denuncias por la comisión de delitos, y quien deberá coordinar la investigación criminal. No puede dejarse al arbitrio de cada dependencia o policía ya que ese sistema pondría en riesgo la seguridad jurídica de todos.
Los colegios de abogados de nuevo lejos de lo que deben preocuparse y fijar posturas de defensa a los derechos de todos. Dejaron solos a los que requirieron de su apoyo con motivo de la reforma judicial y ahora de nuevo muestran su desinterés que la investigación de los delitos se deje al control militar.
