Ley de Telecomunicaciones: una mancha más al T-MEC

Bárbara Anderson

Esta semana, Donald Trump fue contundente con respecto al T-MEC al reunirse con el primer ministro canadiense, Mark Carney: “ha sido muy efectivo y sigue siendo muy efectivo, pero la gente tiene que respetarlo. Y eso ha sido un problema. La gente no lo ha respetado”, y agregó que fue un tratado pensado como un “acuerdo de transición” y que su gobierno ya se está preparando para modificarlo.

Ayer mismo, Claudia Sheinbaum salió al cruce y afirmó que sí, que el presidente de Estados Unidos tiene razón, pero se enfocó solo en el hecho de que algunos productos mexicanos exportados no cumplen con las reglas de origen del tratado.

Pero no es el único tema en el que ‘hemos fallado’ como socios.

“En estos años, México ha acumulado muchos irritantes en la relación con Estados Unidos”, me explica un ex negociador del TLCAN (el padre del actual tratado), “hay incumplimiento en todos los sectores, tanto en el automotriz, como en el tema del maíz, además del sector energético y de telecomunicaciones”.

En el caso de estos dos últimos ítems tiene que ver con esta nueva tendencia a la estatización del gobierno mexicano. Cuando se renegoció en 2018 el T-MEC, entre la salida del sexenio de Peña Nieto y la llegada de López Obrador, uno de los compromisos trinacionales fue la obligación de dar un trato justo a la competencia en el sector energético, no solo la de Estados Unidos, sino a las mexicanas privadas que compiten con las empresas del Estado. Nada se ha cumplido, de hecho, el peso que ha ganado la CFE es inédito, sumado al congelamiento de las inversiones en energías renovables, la cancelación de permisos de operación a empresas privadas.

Otro ‘irritante’, como le dicen los expertos en tratados comerciales, es la desaparición de los órganos autónomos o la relocalización poco clara de otros como Cofece y el IFT.

Justo este último es uno de los que ha estado en el candelero en las últimas semanas.

La polémica Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión (que puso al tú por tú al Senado con Diputados, a las plataformas de streaming con Economía y a los canales de televisión con Gobernación) es otro de los ‘acuerdos no respetados’ de los que habla nuestro vecino y principal socio comercial.

“Cada parte asegurará que su organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente” y ”para México el organismo regulador es autónomo respecto del Poder Ejecutivo; es independiente en sus decisiones y funcionamiento”. Esto reza el contrato que firmamos con Canadá y Estados Unidos, el T-MEC.

Si bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones se salvó de la reforma constitucional de diciembre y estaba buscando su espacio dentro de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, presidida por José Antonio Peña Merino, lo cierto es que existe la intención de desaparecerla por completo. El super funcionario a cargo de la ATDT estaría más interesado en absorber el presupuesto completo del IFT y sus 2 mil plazas, para tener equipo y fondos en un área demasiado pequeña para la enorme cantidad de responsabilidades que está consolidando.

¿Por qué es una mancha más al T-MEC? ¿En qué afecta esta nueva reforma a nuestra incómoda relación comercial con la Casa Blanca?

Convierte, de manera de facto, al gobierno mexicano en un operador de telecomunicaciones, con la capacidad para dar servicios de manera directa (como un CFE, pero en este sector), sin competencia -o con el mandato de poder controlarla-, con insumos gratis (infraestructura), ofreciendo asignación directa de espectro radioeléctrico sin licitación ni obligación de contraprestaciones.

Es curioso que, mientras la Secretaría de Economía hace malabares para atraer y retener inversiones en el país en medio de uno de los períodos con mayor incertidumbre en cuanto a comercio exterior, dentro del mismo gobierno se crean mecanismos que desincentivan la inversión, eliminan la competencia (en un sector donde cada centímetro de mercado es una lucha contra otro gran operador como es América Móvil) y sobre todo, se saltan los contratos previos firmados y en vigencia como los del T-MEC y los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APRIs).

¿Será falta de coordinación o mero juego de poder dentro del gabinete?

Lo cierto es que, sea lo que sea, no deja de sumar una mancha más a un tratado que más pronto que tarde será abierto y -esperemos- salvado.