Asesores de diputados y senadores cuestan millones, ¿qué hacen?
14 de abril de 2025
Carlos Montesinos
Los asesores legislativos que trabajan en ambas cámaras del Congreso de la Unión presentan una problemática tanto por las condiciones, mayormente opacas, en las que son contratados, como por las diferencias entre las tareas que deberían cumplir como parte del quehacer legislativo y las que terminan cumpliendo, más de corte partidista y electoral.
Con la llegada de las mayorías de Morena en 2018, el Poder Legislativo dio prioridad al régimen de honorarios en donde cada legislador tiene autoridad en cuanto a sus asesores, por encima del esquema donde esta clase de personal es contratado por medio de las instancias de cada cámara del Congreso. El régimen de honorarios es un sistema de tributación que se aplica a las personas que prestan servicios profesionales de manera independiente, como abogados, médicos, consultores, arquitectos y, en este caso, asesores legislativos.
Para contratar a los denominados “prestadores de servicios profesionales”, los legisladores federales cuentan con una subvención de 45 mil 786 pesos en la cámara baja y 160 mil en la alta, de acuerdo a los últimos registros disponibles. Contando los 500 diputados y 128 senadores, la bolsa asciende a 43 millones 374 mil pesos mensuales.
Una subvención es una ayuda económica que se da a una persona o institución para que realice una actividad considerada de interés general. Dicha suma de dinero se hace con cargo a los fondos públicos.
Como aclaró el Senado de la República al inicio de la LXVI Legislatura, por medio de una solicitud de información, los legisladores deciden el número de asesores que contratan y de cuánto es el pago que recibirán. Puesto que, por la naturaleza del régimen de honorarios, no se trata de puestos establecidos dentro del Congreso.
Acomodan a hijos y conocidos
Como se podría esperar de un sistema tan laxo como este, las contrataciones se prestan para actos de nepotismo. Un ejemplo es Manuel Añorve Baños, coordinador de los senadores priistas, y su hijo Manuel Añorve Aguayo, quien recibe un pago mensual de 75 mil pesos como asesor legislativo, según mostró el informe del Senado sobre el último trimestre de 2024.
Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya última reforma fue publicada el 2 de enero de 2025, determina que una de las características esenciales del nepotismo es el parentesco y el nombramiento o designación sin merecimiento del cargo.
El Artículo 63 BIS de dicha ley señala que cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato.
Se considera una falta administrativa grave y para tal, el Artículo 78 enumera las siguientes sanciones: suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
¿Están preparados?
En este contexto, el Senado anunció la creación de su “Academia de Asesores Legislativos”, un seminario de siete sesiones en colaboración con el Colegio Universitario MIIB, para que estudiantes de último año y egresados de carreras en áreas de las Ciencias Sociales se especialicen en la labor legislativa.
De acuerdo con información proporcionada por el Senado de la República, los alumnos aprenderán conceptos del sector público, enlace legislativo, sistematización de información, oratoria, así como el desarrollo de otras habilidades de comunicación que son necesarias para coadyuvar con las actividades legislativas.
“En estas sesiones (de la Academias de Asesores Legislativos) se contará con las ponencias de compañeros que están en funciones en los diversos grupos parlamentarios, quienes compartirán sus experiencias”, señaló Joaquín Eduardo Balancan Aguirre, asesor legislativo
Los participantes se llevarán a cabo un ejercicio legislativo en el Salón de Sesiones del Senado, con el objetivo de conjuntar conocimientos teóricos con la práctica que se realiza en cada período ordinario de las legislaturas. Este es otro más de estos esfuerzos. Según reportó la Cámara de Diputados, también al inicio de la legislatura en septiembre pasado, que cuentan con un programa formativo que consta de un módulo inicial y otros dos de formación para el cuerpo de investigación y el cuerpo técnico parlamentario.
Se vuelven operadores electorales
Un asesor legislativo, quien pidió el anonimato, conversó con Reporte Índigo sobre las labores que realizan en el Congreso y las condiciones en las que se han desenvuelto durante las últimas legislaturas. Particularmente desde la pasada, cuando los grupos parlamentarios hicieron varios cambios en las cámaras. En concreto, señala la llegada de los nuevos integrantes del bloque mayoritario y sus asesores, a quienes “no les interesa legislar. Desde esta idea de más territorio, menos escritorio, no están los legisladores. Es muy raro”. Esto pues su prioridad son las aspiraciones para las elecciones de 2027 para las que los asesores fungen más como operadores.
“No les interesa legislar. Desde esta idea de ‘más territorio, menos escritorio’, no están los legisladores. Es muy raro”, declaró un asesor legislativo que pidió el anonimato
Aunque parecería una problemática exclusiva de Morena y sus aliados, comenta que se replica en los grupos parlamentarios de la oposición. Cayendo en una dinámica enfocada a la carrera electoral, donde las instalaciones del Congreso son utilizadas para llevar muestras culturales de los distritos o estados de los legisladores con cargo al erario del Poder Legislativo.
De los asesores dedicados enteramente al aspecto técnico, comenta que la mayoría fueron contratados por el Congreso bajo esquema anterior. Si bien se han respetado sus salarios, también han ocurrido casos donde se les abren procesos administrativos de la nada con la intención de despedirlos, habiendo casos del año pasado que aún no reciben su liquidación.
Las medidas también alcanzaron a los programas de capacitación, pues anteriormente se le daba a los asesores un bono por tomar los cursos impartidos por instituciones de prestigio como el Colegio de México. Mientras que ahora. ese estímulo desapareció y la calidad de los talleres, así como de las entidades contratadas para brindarlos, han bajado.
Si bien los módulos contemplados oficialmente en el programa formativo incluyen Derecho Constitucional, técnica legislativa y argumentación en el proceso legislativo, el año pasado se impartieron talleres de ortografía, bienestar emocional e incluso de carpintería que poco tienen que ver con la materia jurídica del Congreso.
Estos factores se suman a una especie de parálisis legislativa en la que el Congreso continúa aprobando leyes y reformas, pero sólo las que son presentadas por la Consejería Jurídica de la Presidencia, así contengan deficiencias o errores. Mostrando un mayor control del Ejecutivo sobre los temas que aborda el Legislativo.
Incluso, desde la pasada legislatura y aumentado todavía más en la presente, “de fijo y de planta tenemos a los enlaces de las secretarías ahí”. Los cuales, junto con los líderes parlamentarios, frenan las modificaciones que se propongan a las iniciativas, la mayoría de las veces bajo el argumento de que “generan impacto presupuestal”.
De nuevo, esta situación sobrepasa a los grupos parlamentarios de Morena y la coalición Sigamos Haciendo Historia. Pues los legisladores de oposición también deben ceñirse a este control de la actividad parlamentaria o, de lo contrario, “les hacen vacío en sus comisiones, como que no nos podemos mover”.
Intereses están por encima de la capacidad
Reporte Índigo también entrevistó al doctor Khemvirg Puente, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien explica que este esquema de contratación de asesores legislativos con perfil político en vez de técnico no es novedoso, pero se ha vuelto más visible desde 2018
“En el área más técnica, en general ha habido estabilidad aunque en los últimos años, ciertamente con la amplia mayoría de Morena y sus aliados, han ido ocupando posiciones incluso de carácter técnico. Pero la gran mayoría de trabajadores que han ido contratando más bien están en el área política”, explica.
Refiriéndose al uso de los recursos para fines políticos como parte de las malas prácticas que tienen años ocurriendo en el Congreso, advierte que “si los partidos privilegian el trabajo territorial, llamémosle el trabajo electoral en los distritos o en los estados, evidentemente eso lo hacen en perjuicio del trabajo legislativo”.
“Si los partidos privilegian el trabajo territorial, llamémosle el trabajo electoral en los distritos o en los estados, evidentemente eso lo hacen en perjuicio del trabajo legislativo”, consideró Khemvirg Puente Martínez, académico de la FCPyS de la UNAM
También señala al mismo esquema de contratación por honorarios pues “es paradójico porque, en la casa donde se hacen las leyes, es en donde no se respetan los derechos laborales de sus propios trabajadores”. Puesto que su estabilidad laboral depende de la confianza de los legisladores en turno y no de las labores que desarrollen en la legislatura.
Sobre los apoyos que los legisladores utilizan con amplia discreción para estas contrataciones, refiere que, “por ocupar el título de subvenciones, no están obligados los partidos -eso es la interpretación de los propios partidos- a presentar comprobante del ejercicio del gasto. Sólo están obligados a informar sobre el destino del gasto”.
Mala ‘calidad’ legislativa
El maestro en estudios legislativos por la Universidad de Hull, en Inglaterra, también señala el impacto que estas prácticas tienen en el trabajo legislativo. Puesto que los asesores no sólo colaboran en la elaboración de iniciativas, sino también en aspectos como el proceso presupuestario, la fiscalización del gasto público o la designación de funcionarios.
“Por supuesto, el amateurismo pone en riesgo la calidad del trabajo legislativo y eso es algo que, en los últimos años, hemos visto que el Congreso mexicano no ha podido revertir”, dice a la vez que menciona que estas malas prácticas no son exclusivas de los legisladores, sino que son una constante entre la élite política del país desde el nivel municipal hasta el federal.
Para atender esta problemática, hace hincapié en que no sólo se han hecho esfuerzos importantes de profesionalización en ambas cámaras del Congreso, sino que estas también cuentan con un servicio profesional de carrera. Pero en ambos casos, no terminan de contar con la confianza de los legisladores.
“La principal resistencia proviene justamente de las y los legisladores, quienes buscan casi siempre privilegiar, colocar a personas de su confianza por encima de personas que tengan capacidad o experiencia técnica”, plantea. El académico confía en que las medidas de profesionalización sirvan como un primer paso para romper el círculo vicioso.
