¿Y si la ley no es la ley?
José Antonio Sosa Plata
El arranque de las campañas de la elección judicial demostró el alto grado de dificultad que tiene acatar las restricciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE). La mala asesoría, el desconocimiento de cómo funcionan las estrategias de comunicación política y la inexperiencia podrían desencadenar diversos efectos negativos para su reputación y la imagen de la institución.
En principio, varios aspirantes no han comprendido que sus campañas no pueden ni deben ser similares a las de una elección por cargos a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Primero, porque no se permite la participación de los partidos. Segundo, porque la mayoría no dispone de los cuantiosos recursos públicos que la ley permite. Y tercero, por las grandes dificultades técnicas y operativas que tiene la elección.
El paradigma político y comunicacional de sus campañas los obliga a acatar escrupulosamente la normatividad. Les exige entender que el voto no lo obtendrán con campañas costosas y eventos políticos tradicionales organizados por grupos de poder fácticos o corporativos. El triunfo tampoco dependerá de mostrarse como políticos demagógicos, conflictivos y mentirosos. Mucho menos como influencers, cómicos, o caricaturas burdas de personajes políticos bizarros.
Las restricciones a las que están sometidos —muchas ilógicas y absurdas— los tienen atados de pies y manos, si el referente es una campaña tradicional. Pero eso no es todo. La ruta por la que transitan la mayoría de las campañas que estamos viendo sólo saturará el ecosistema informativo e incrementará la confusión que existe en torno a los detalles operativos del proceso electoral.
Los errores que se cometieron en el diseño de la elección judicial anticipan una participación baja de la ciudadanía. Los mejores escenarios no rebasan los 20 puntos porcentuales del total de electores registrados. La reducción en el número de casillas y el alto grado de complejidad en el llenado de las boletas serán variables que desalentarán a quienes tengan la voluntad o posibilidad de ejercer su derecho al voto.
Lo mismo sucederá con la saturación informativa que producirán los 3,423 candidatos y candidatas que estarán haciendo campaña durante abril y mayo en las redes sociales. La complejidad de la geografía electoral —más la dificultad que tendrá la ciudadanía para ubicar la zona que le corresponde— complicarán en forma significativa el envío preciso de mensajes a las audiencias objetivo.
Será como lanzar los dardos con los ojos vendados. A esta situación se tienen que agregar las consecuencias que producirá el voto desinformado. A pesar de los esfuerzos de las autoridades electorales para que se conozca quiénes son las y los candidatos, será una tarea imposible llegar a la casilla con la información suficiente y clara para tomar las mejores decisiones. Asistiremos al surgimiento de lo que llamamos el Voto Melate.
En suma, las mayores posibilidades que tendrán los aspirantes para ganar el próximo 1 de junio estarán en el voto clientelar, en el voto corporativo. La razón es obvia. Salvo la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte, el resto de los cargos tendrán serias dificultades para llegar y convencer a sus audiencias objetivo. Por lo tanto, lo que están haciendo muchos aspirantes no será eficaz ni eficiente.
Pero en nuestro modelo político-electoral, el acceso a los recursos de movilización masiva sólo lo tienen los partidos y gobiernos. Y las irregularidades o delitos que se lleguen a cometer con este tipo de movilización están más o menos bien definidas y limitadas por las leyes electorales. Incumplir las normas tendrá, sin duda, un efecto boomerang.
A pesar de todo, es lógico pensar que habrá interferencia de los partidos políticos en el proceso electoral. De igual forma los especialistas electorales consideran que el modelo electoral aprobado favorecerá la intromisión del crimen organizado. Tampoco estarán ausentes los intereses de ciertos grupos (empresas privadas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, etc.) dispuestos a llegar a negociaciones con el fin de obtener ciertos beneficios.
En suma: las probabilidades de incumplir las normas del INE son muy altas. Algunas porque lo que vimos durante los primeros días de campaña tal vez no tenga repercusiones jurídicas de importancia, pero es evidente que las irregularidades se dieron desde hace varias semanas con acciones que podrían ser consideradas como actos de precampaña. Otras, por los riesgos que decidieron asumir algunos aspirantes.
Está bien que no se hagan campañas acartonadas. No hay problema si se busca un acercamiento creativo con la ciudadanía. Por supuesto que es conveniente llamar la atención de la gente con acciones provocadoras. Pero rebasar los límites que marca la ley atenta contra la imagen, la misión y los valores que debe proyectar el nuevo Poder Judicial, aunque sea en apariencia.
En la etapa en la que entró el proceso electoral judicial, todas y todos los aspirantes se han convertido en personajes políticos que luchan por el poder en el espacio público. Sin embargo, no pueden cometer los errores que llevaron a los políticos a un nivel en el que la mayoría ciudadana dejó de reconocerse en ellos y los partidos que los representan.
La solución al dilema que tienen enfrente es una: las y los candidatos aspiran a un cargo en el que la ley sí es la ley, y sólo se les reconocerá, se les tendrá confianza y se les respetará si cumplen —en todo lugar y en todo momento— con esta gran misión. Es por su reputación. Es por lo que representa el cuidado y defensa de la institución a la que quieren llegar.
