Políticos mexicanos: Legisladores delincuentes; crearon leyes y las violaron

Leticia Robles de la Rosa

Gerardo Novelo Osuna fue parte de la hazaña política de Morena para ganar, en una sola elección, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 2018, pero a siete años de distancia hoy es famoso, porque en su casa se encontró un depósito ilegal con ocho millones de litros de combustible, conocido popularmente como huachicol.

Un hombre que fue senador y hoy es considerado sospechoso de cometer un delito federal, como le ha ocurrido a otros 17 legisladores federales, quienes tuvieron la misión de crear leyes para enriquecer el Estado de derecho en el país; sin embargo, 10 de ellos estuvieron o están en la cárcel por delitos como enriquecimiento ilícito, asociación con el crimen organizado y hasta por permitir la tortura a delincuentes.

Desde un exsenador que fue encarcelado por narcotráfico después de ser gobernador, Mario Villanueva; un diputado federal que desapareció después de conocerse su autoría intelectual en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, hasta un joven exsenador panista que estuvo en la cárcel acusado de recibir sobornos de la empresa Odebrecht, pero que con el apoyo de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, hoy está libre e incluso es el secretario general del gobierno del estado: Jorge Luis Lavalle.

Novelo Osuna fue parte de la LXIV Legislatura en el Senado de la República, como integrante de la bancada de Morena que coordinaba el hoy diputado federal Ricardo Monreal. Fue suplente de Jaime Bonilla, quien dejó el Senado para convertirse en gobernador de Baja California, pero ante el fracaso de su intento de ampliar su mandato regresó a su escaño y, con ello, Novelo Osuna dejó de ser legislador.

Estuvo en el Senado durante cuatro años y fue parte de la mayoría que trabajó con Ricardo Monreal, quien enfrentó una oposición interna que fue encabezada originalmente por Martí Batres y después por José Antonio Álvarez Lima, Antares Vázquez y César Cravioto, quienes no pudieron mermar el liderazgo que tuvo con la mayoría de la bancada.

En una revisión hecha desde la legislatura LI, que trabajó de 1988 a 1991, fue posible detectar algunos legisladores federales que tuvieron la labor de construir leyes en todas las áreas, pero que después se convirtieron en sujetos de procedimientos penales.

Considerado uno de las más grandes problemas políticos que enfrentó a México en 1994, luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial, la muerte de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, a manos de Daniel Aguilar Treviño, el 28 de septiembre, cuando salía de una reunión en un hotel, en la calle Lafragua, reveló la existencia de una conspiración en la que participaron integrantes del PRI.

Uno de ellos fue Fernando Rodríguez González, que de acuerdo con la información que Excélsior publicó en su momento, confesó haber contratado al asesino y reveló que el diputado federal Manuel Muñoz Rocha, integrante de la LV legislatura de la Cámara de Diputados, era el autor intelectual.

El diputado federal Muñoz Rocha desapareció desde el mismo día del asesinato y nunca más se volvió a saber de él. Está en calidad de desaparecido.

Pero no fue el único integrante de la LV legislatura que después paró en la cárcel.

Tomás Yarrington fue diputado federal en esa legislatura, después de la cual apostó su capital político para convertirse en gobernador del estado. Su lucidez política lo llevó a mantener un liderazgo constante en el partido, en su natal Tamaulipas, pero además, supo moverse en los principales círculos políticos del país, al grado que en el año 2005-2006, durante el proceso interno del PRI para elegir a Roberto Madrazo como candidato presidencial, fue parte del llamado TUCOM, nombre que se le dio al grupo de “Todos Unidos contra Madrazo”, en el que estaban Enrique Jackson y Arturo Montiel.

Yarrington incluso fue una pieza importante en la 20 Asamblea Nacional del PRI, cuando giró su orientación política hacia la socialdemocracia, durante la presidencia nacional de Beatriz Paredes.

Pero años después Tomás Yarrington fue detenido en Italia, acusado por autoridades de Estados Unidos de estar coludido con el crimen organizado desde que fue gobernador de Tamaulipas.

Mario Villanueva Madrid también fue parte de la LV legislatura, pero del Senado de la República. Dejó el escaño para convertirse en gobernador de Quintana Roo y años después fue detenido por su involucramiento con el crimen organizado; en el año 2021 fue beneficiado por la ley de amnistía que aprobó Morena en el Congreso de la Unión.

Jesús Murillo Karam fue senador en las legislaturas LV, LX y LXI; fue incluso el presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, desde septiembre del 2006 hasta agosto del 2012, cuando concluyó su labor legislativa, en la que fue coautor de leyes como la reglamentaria del derecho de amparo, la general de atención a víctimas; el derecho a las demandas colectivas; la ley contra el secuestro; la tipificación del feminicidio y el primer cambio para acotar el fuero militar, entre otros.

Después se convirtió, casi por aclamación, en procurador general de la República (PGR) y desde esa posición tuvo bajo su responsabilidad las investigaciones por la desaparición de jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero.

Cuando dio a conocer los resultados de sus investigaciones, informaron que el crimen organizado había secuestrado a los jóvenes, los había acribillado y los había quemado para desaparecerlos. Le llamó verdad histórica.

Pero el gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador lo demostró corresponsable de actos de tortura en contra de los detenidos como presuntos responsables de la desaparición y muerte de los jóvenes normalistas. Después de cuatro años de litigios, logró salir de prisión y continuar en prisión domiciliaria.

Pablo Salazar Mendiguchía fue senador en la LVI legislatura y después el primer gobernador de Chiapas que fue respaldado por una coalición de partidos para ganarle al entonces poderoso PRI, pero al finalizar su mandato fue acusado de peculado que involucraba 104 millones de pesos; fue detenido en 2011 y liberado en 2012, porque no se tuvieron las pruebas suficientes para mantener en prisión; fue declarado libre de toda culpa.

Diputado en la LVIII legislatura en San Lázaro, Eugenio Hernández Flores dejó la curul para irse como gobernador de Tamaulipas; el entonces candidato presidencial perdedor de las elecciones del 2006, Andrés Manuel López Obrador, lo acusó de ser parte de una red de gobernadores afines a la maestra Elba Esther Gordillo para ayudar al panista Felipe Calderón a ganar las elecciones.

Años después fue encarcelado, acusado por autoridades de Estados Unidos, de estar coludido con el crimen organizado, desde que era gobernador de Tamaulipas. Actualmente está en libertad. Intentó ser senador para la actual LXVI legislatura, incluso fue postulado por el Partido Verde, pero perdió los comicios.

Integrantes de la LXI legislatura en la Cámara de Diputados, los exgobernadores Roberto Borge y Narciso Agúndez Montaño también fueron acusados de cometer delitos. Borge está preso en un penal del estado de Morelos, acusado de delincuencia organizada. Agúndez estuvo preso sólo de mayo a diciembre del 2012, acusado de peculado.

Las legislaturas LX y LXI también tuvieron a integrantes que incurrieron en delitos. El panista Guillermo Padrés dejó su escaño en el Senado para convertirse en gobernador de Sonora; años después fue detenido por lavado de dinero y defraudación fiscal, pero desde el 2019 está en prisión domiciliaria.

Rodrigo Medina fue diputado federal en la LX y solicitó licencia para convertirse en gobernador de Nuevo León, pero al concluir su mandato fue acusado de desvío de recursos. Estuvo preso sólo unas horas.

Silvano Aureoles fue senador en las legislaturas LX y LXI, así como diputado federal en la LXII, para después convertirse en gobernador de Michoacán. Ahora es prófugo de la justicia, que lo acusa de desvío de recursos públicos. Jorge Luis Lavalle fue parte de las LXII y LXIII legislaturas en el Senado, incluso fue coautor de la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto y eso lo llevó a la cárcel, acusado de recibir dinero en el entramado del caso Odebrecht, pero después de un par de años en prisión hoy está libre.

DESTITUYEN A CAVAZOS POR MISÓGINO

En un país democrático “todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces a Cuauhtémoc (Blanco) primero tienen que probarle que intentó violar a la hermana, que no está muy violable que digamos ¿verdad?”, dijo ayer el priista Manuel Cavazos. Tras lo cual el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, lo destituyó del cargo de secretario de Operación Política, que ahora ocupará Alejandra Andrade.

Las declaraciones que realizó el exgobernador Manuel Cavazos son inaceptables y no representan los valores del PRI ni el proyecto que estamos construyendo para México. En el PRI respaldamos con firmeza a las mujeres”.

-Leticia Robles de la Rosa