Funcionarios de SHCP renuncian y se van a empresa de energía contratada por la 4T

Mario D. Camarillo

A pesar de que la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR) promulgada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que prohíbe que funcionarios públicos al dejar su cargo en la administración pública ingresen a una compañía de sectores regulados de su competencia por considerarlos ventajosos y lo que derivaría en corrupción y conflictos de interés, cuatro exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que renunciaron a sus cargos ignoraron la medida y se contrataron con la empresa Quantum Energía, administradora financiera de Mexico Infraestructure Partners (MIP), que presta sus servicios al Gobierno de la 4T, destaca la Revista Fortuna, especializada en finanzas y temas de energía e hidrocarburos.

Quantum Energía a través de MIP contrató a exfuncionarios que trabajaron de cerca con el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en la estructura y ejecución de la estrategia de financiamiento para la adquisición de activos en el sector eléctrico y quienes tuvieron a su cargo la firma de un contrato y mandato del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) para obtener recursos a través del mercado de valores y refinanciar los 6 mil millones de dólares que se pagaron a la compañía española Iberdrola.

Fue el pasado 10 de septiembre cuando el gobierno federal a través de la SHCP y el FONADIN colocaron entre inversionistas internacionales un bono por mil 490 millones de dólares para financiar la transacción mediante la cual se adquirió a Iberdrola 12 plantas de ciclo combinado y un campo de energía eólica.

Los exfuncionarios de Hacienda que ya forman parte de las filas de Quantum Energía son José Guillermo Petricioli Alfaro, como director legal de la administradora de las centrales de generación eléctrica del FONADIN; Édgar Adrián Ayala Guerrero, exdirector de Riesgo en la SHCP y quien ahora funge como director financiero en la administradora de MIP.

Quien también se sumó a la plantilla de MIP es José Ramón Arzate Sánchez, como Funding Manager, y José Antonio Anaya Cárdenas, quien ocupa la dirección de Responsabilidad Social y Asuntos Públicos de Energía Quantum.

La participación de exfuncionarios del gobierno que dejan su cargo en el sector público para sumarse a empresas privadas vinculados en sus competencias ha sido calificada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una mala práctica conocida como “puertas giratorias”, lo que pueden generar corrupción y conflictos de interés.

A pesar de que la Ley de Austeridad del gobierno amlista establece un plazo de 10 años para que funcionarios que dejan sus cargos en el gobierno puedan emplearse en compañías relacionadas con su actividad, ésta no ha sido respetada.

Sobre esta prohibición, en abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el impedimento de laborar en el sector privado por una década después de ejercer el servicio público vulnera la libertad de trabajo, por lo que consideró inconstitucional dicha disposición.

De acuerdo con la Revista Fortuna, la decisión de MIP de contratar a exfuncionarios de Hacienda para cumplir con el contrato firmado con la dependencia y el FONADIN no involucra violaciones a la ley, pero sí, claramente, exhibe una clara ventaja para cumplir con el acuerdo que le permite cobrar comisiones dada la información y conocimiento de sus ahora empleados.

Quantum Energía, que se ostenta como una compañía dedicada a la generación de energía eléctrica y que ahora también busca promover la venta del fluido eléctrico. En tanto que MIP es el administrador de fondos de infraestructura y energía más grande de América Latina, con aproximadamente 11 mil millones de dólares en activos bajo administración.

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