Migrantes desaparecidos en México: sobre la necesidad de una nueva fórmula para la política migratoria
María José Rodríguez González
Lamentablemente, la desaparición de personas migrantes en México no es un fenómeno nuevo, pero sí uno cuya complejidad y gravedad ha incrementado en los últimos años. Esto se debe a las múltiples causas que constituyen la condición de vulnerabilidad de los migrantes, a saber: las prácticas violentas de grupos criminales en las rutas del flujo migratorio —como el tráfico de personas, la extorsión y el reclutamiento forzado de jóvenes—, la presunta participación de autoridades coludidas con estos grupos, y la arbitrariedad de los tratos a los migrantes a raíz de la militarización en las fronteras norte y sur del país. Más aún, el problema radica en la existencia de políticas migratorias que han sido constantemente contradictorias.
Aunque el marco legal en materia migratoria se ha formulado desde una preocupación humanitaria —lo cual es visible en la despenalización de la entrada no oficial de migrantes en 2008—, mecanismos de gestión migratoria como la Iniciativa Mérida de 2011, el Plan Frontera Sur de 2014, y los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) de 2019 bajo el gobierno de López Obrador, en la práctica han funcionado bajo la idea de que la migración es una cuestión primordialmente de seguridad nacional. Después de todo, la cuestión de los migrantes desaparecidos es intersecada por la lucha contra el narcotráfico y la presión estadounidense para la contención por medio de políticas unilaterales. Esto para decir que los migrantes son percibidos por el Estado —y, según el aumento de discursos xenofóbicos, también la sociedad—, como la otredad, o bien, como una amenaza potencial a los intereses de México que reivindica una lógica de exclusión y deshumanización. Así, se ha documentado el aumento de detenciones, deportaciones y redadas, que también fueron llevadas a cabo en espacios considerados seguros para los migrantes como albergues y centros de atención humanitaria.
Estas medidas tienen como objetivo disuadir a los migrantes de su movimiento, pero lejos de evitar los flujos migratorios, sólo se ha orillado a los migrantes a buscar rutas alternativas todavía más peligrosas para evitar a las autoridades fronterizas. Esto supone una instrumentalización de la probabilidad de su muerte, que convierte su desaparición en un mero “efecto colateral” de su propia “irresponsabilidad”. Más aún, su “ilegalidad” no permite el acceso de sus familiares a la justicia. En pocas palabras, esta “habilitación” de las desapariciones constituye una especie de “muerte política”, pues los migrantes son relegados a los márgenes de la sociedad y despojados de derechos.
Dentro de esta narrativa, si los migrantes son un problema incómodo, un obstáculo que erradicar, entonces sus cuerpos pueden ser usados y desechados sin consecuencia alguna. De esto se explica la ineficacia de las autoridades competentes en la recolección de datos y en programas de búsqueda de desaparecidos. Organismos como la Fundación para la Justicia han advertido que no existen bases de datos confiables unificadas entre los gobiernos estatales ni esfuerzos de análisis sobre quiénes son los responsables. Además, las fiscalías no siempre reportan los números reales de denuncias por desaparición. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas identificó una alza en la tasa de desaparecidos desde enero de 2018 hasta marzo de 2024 con 193 migrantes no localizados, pero especialistas advierten que este número podría ser significativamente mayor.
Por todo lo anterior, hay una profunda necesidad de una nueva forma de hacer política migratoria que tendrá que ser atendida por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. El incremento en los flujos migratorios y la alza en el número de migrantes desaparecidos evidencian que la fórmula tradicional de la seguridad nacional, la militarización de la frontera y la política migratoria reaccionaria ante Estados Unidos no ha logrado estabilizar la crisis migratoria. Pero ¿cómo se vería este cambio en la gestión? ¿Sería compatible con lo que ha sugerido Sheinbaum en materia migratoria?
Un primer indicio está en la cooperación estrecha con organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil (OSC), tanto en México como en los países fronterizos, incluyendo a las Caravanas de Madres Buscadoras Centroamericanas. Estos agentes han creado una red alternativa transnacional de cooperación que suple al Estado en sus labores de protección a migrantes. Han desarrollado estrategias de búsqueda complejas y conocimientos técnicos, forenses y legales necesarios para la identificación y repatriación de restos de migrantes encontrados en territorio mexicano, que desafían la indiferencia del Estado y la normalización de la tragedia.
Esta posible colaboración, sin embargo, ha sido dificultada por la creación de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM) en 2019, ente que desplazó a algunas agencias responsables en materia de búsqueda y protección de migrantes. Esto se debe a que no incluye en su equipo de trabajo a las OSC, a menos que sean invitadas a sesiones consultivas, por lo que los canales institucionales para estos grupos siguen siendo endebles. Durante su campaña presidencial, Sheinbaum expresó su intención de fortalecer al Instituto Nacional de Migración (INM) por medio de una mejor delegación de las tareas, para que sea claro “qué instituciones se dedican a qué”. Si bien esto refleja un interés por el fortalecimiento institucional, no se ha especificado en qué consistiría exactamente este esfuerzo, y de qué manera esto podría o no abrir paso a la comunicación con grupos de la sociedad civil.
En segundo lugar, es importante buscar una mayor autonomía en la formulación de la política migratoria. Si bien el proyecto inicial de política migratoria de López Obrador estaba sustentado en una gestión humanitaria, la amenaza del expresidente Donald Trump de imponer aranceles si no se lograba la contención de los flujos migratorios llevó a México a adoptar una política de contención. Así, se dio pie a una alineación de las políticas migratorias de los países norteamericanos que debilitó el papel de México como potencial mediador frente a Centroamérica. A la luz del posible regreso de Trump a la Casa Blanca, el riesgo de mantener una política reaccionaria que proteja los intereses de seguridad de Estados Unidos es alto. Sin embargo, Sheinbaum ha insistido en la búsqueda de la corresponsabilidad, que atienda directamente las causas de la migración y considere las necesidades de los países involucrados.
Para ello, Sheinbaum propone la cooperación para el desarrollo a nivel transnacional mediante la industrialización para ofrecer mayores oportunidades de trabajo a los migrantes, que pretende hacer funcionar con Guatemala y Estados Unidos. En este respecto, la presidenta electa también afirmó que, sin importar el ganador en las próximas elecciones estadounidenses, la colaboración con Washington no sería un problema, en tanto que el margen de negociación de México está en que Estados Unidos “necesita la mano de obra”. Ahora bien, aunque esto parece promover una imagen positiva de la migración, dista de ser una comprensión real de los migrantes como personas y sujetos políticos, pues su valor se reduce al de su productividad en proyectos exclusivos para migrantes. Esta iniciativa no contempla la posibilidad de movilidad social, ni ofrece mecanismos para su integración social, ni corrige su situación de vulnerabilidad. Sobre todo, de nada sirve si no se ofrecen mecanismos de protección concretos contra la arbitrariedad de las autoridades y la injerencia del crimen organizado, pues las personas migrantes seguirán desapareciendo.
Esto lleva a un tercer elemento de una gestión migratoria auténticamente humanitaria, quizá la más importante: es imperioso sustituir el enfoque de seguridad nacional por uno de seguridad humana. Este requisito está vinculado con la necesidad de colaborar con buscadores y OSC, y con la importancia de una política migratoria más autónoma que busque activamente la colaboración no sólo con Estados Unidos, sino también con Centroamérica, pues ambas apuntan a la desecuritización de la cuestión migratoria. Esto implicaría la implementación de mecanismos de monitoreo efectivo de las actividades de autoridades fronterizas por parte de corporaciones independientes, y una mayor regulación (si no es que el retiro) de la Guardia Nacional (GN) —una entidad de naturaleza militar—, de las fronteras. Claudia Sheinbaum ha declarado que el papel de la GN para la prevención y la vigilancia es fundamental, y que su intención es reforzarla para llevar a cabo labores de investigación e inteligencia, pero su participación no ha resultado en un mejor control de grupos criminales ni de los flujos migratorios; por el contrario, ha perpetuado la opacidad del INM y la criminalización de personas migrantes.
Queda esperar a que la presidenta electa asuma su cargo para analizar con atención cuál es el futuro de la política migratoria de México. Pero, no cabe duda, el fortalecimiento de la protección a los migrantes y el combate a las desapariciones es necesario en términos humanitarios, y deseable incluso en términos de política exterior, pues permitiría reivindicar el papel de México como interlocutor regional. Promover un carácter propositivo de México en materia de migración, leal a los acuerdos internacionales a los que está suscrito y a su narrativa humanista, sólo será posible si hay un cambio en la percepción de quiénes son los migrantes: no una amenaza, sino sujetos de derechos cuya dignidad debe reconocerse y respetarse.
* María José Rodríguez González es tesista de la licenciatura en Relaciones Internacionales de El Colegio de México.
