Sin justicia, migrantes desaparecidos o ejecutados en México
Nancy Flores y Érika Ramírez
“El sueño de mi esposo era darnos una mejor vida, a mí, a mis hijos. Por eso tomó la decisión de emprender el viaje hacia Estados Unidos. Incluso recuerdo que me dijo: ‘voy a trabajar y en dos años vuelvo. Todo esto estará bien, estaremos felices’. Lamentablemente esos dos años no se cumplieron: él ya no volvió, pero no fue porque él no haya querido sino porque lamentablemente le quitaron la vida en busca de ese sueño”, narra Licy Santos, de origen guatemalteco y quien desde hace más de 10 años exige justicia al gobierno mexicano.
La señora Licy no puede contener sus lágrimas mientras narra que ese crimen es muy doloroso para su familia. “No era ningún delincuente. Él solamente iba pasando por México en busca de ese sueño que no pudo cumplir, y que yo hubiese preferido no tener nada pero que él estuviera vivo”. Luego de perderle la pista, su esposo Bilder Osbely López formó parte de los migrantes desaparecidos en México. Tiempo después sus restos se identificaron entre las 72 víctimas mortales de la masacre de San Fernando, Tamaulipas.
De acuerdo con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos –que encabeza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, en el país han desaparecido más de 2 mil personas en situación migratoria. Y tan sólo en el primer semestre de 2021, la Secretaría de Gobernación registró el hallazgo de 174 fosas clandestinas a lo largo del territorio mexicano.
De diciembre de 2018 al 30 de junio de 2021, Gobernación también registró que 49 mil 581 personas fueron reportadas como desparecidas, de las cuales el 56.54 por ciento fueron localizadas: 25 mil 777 con vida y 2 mil 258 fallecidas.
“Recibí la noticia de que ya estaba sobre la mesa. Me dieron la información de que estaba el cadáver 14, fosa número 1, allá en San Fernando, Tamaulipas. El 20 de mayo de 2017 me entregaron el cuerpo”, recuerda Baudilio Castillo. Los restos de su hijo, llamado como él y de apenas 20 años de edad, también fueron localizados en las fosas clandestinas de aquella masacre. Era la primera vez que el joven intentaba llegar a Estados Unidos proveniente de su país de origen, Guatemala.
“Él salió un 15 de marzo de 2011. Se iba comunicando en el camino. Su deseo de él era ir a Estados Unidos porque yo y mi señora tenemos familia en Luisiana: ellos están indocumentados. Una trabaja en caballeriza y la otra tiene su venta de trajes típicos de Guatemala. Como nosotros somos agricultores, vivimos en el campo de la agricultura, el deseo de él era comprar un pedazo de tierra porque el dinero de allá tiene más valor que el quetzal. Entonces, con un par de años que se trabaje allá en Estados Unidos, comprarse su pedazo de terreno y después venir a buscarse su esposa, pensaba él”.
Don Baudilio recuerda que ni él ni su esposa querían que se fuera. “Nosotros le decíamos que buscara mejor su esposa, pero él decía: ‘solamente que ustedes la mantengan porque yo no tengo para mantenerla’. Vine yo y vendí un pedazo de terreno para ayudarlo, para que no sufra en el camino. Le di el dinero y se vino [a México]. El 23 de marzo se comunicó conmigo todavía en Oaxaca; el 28 de marzo, que estaba en Querétaro. Después perdimos la comunicación. Salió un diario en Guatemala, el 13 de abril de 2011: ‘Masacre en San Fernando, Tamaulipas’”.
Camino de impunidad
El andar de las personas con familiares migrantes desaparecidos o asesinados en México es tortuoso: se enfrentan a un aparato de impunidad, pero también a un profundo problema de discriminación.
“Nosotros como familiares lo que solicitamos al gobierno [de México] es que se haga justicia. Que se realice la investigación tal y como debe hacerse y para que también ya hayan sentencias, porque tenemos conocimiento que en el caso de las masacres hay personas detenidas; sin embargo, 10 años después, no hay ninguna sentencia. También hay funcionarios públicos implicados en esos hechos y no hay investigación en contra de ellos. Evidentemente el gobierno mexicano está siendo muy permisivo tanto con los funcionarios públicos como con el crimen organizado”, señala la señora Licy Santos.
Agrega que desde su punto de vista, “el crimen organizado tiene parte también en el gobierno: no solamente los de los cárteles o personas que intervinieron en las masacres. Nosotros realmente lo que queremos es que se abra una línea de investigación concreta para que nos den las respuestas que estamos esperando como familia; porque si bien es cierto nuestro familiar fue víctima del crimen organizado, nosotros pasamos a ser víctimas indirectas en el marco legal. Pero ahora con las circunstancias, nosotros ya pasamos a ser víctimas directas del Estado mexicano porque se nos están violentando nuestros derechos humanos por el simple hecho de no darnos las respuestas que necesitamos”.
El señor Baudilio Castillo expone: “lo que queremos como familia y familiares de todos los fallecidos, de todos los desaparecidos, no importa de qué país sean –no hay que discriminar porque sea de Guatemala o sea de otro país, todos somos hermanos, todos somos familia–, es que no se sigan cometiendo estos hechos de lo que ha pasado, para que las familias no sean golpeadas psicológicamente, porque nos golpearon. Sí, injustamente nos golpearon sin ningún motivo. Entonces, es incorrecto para mí que, sabiendo que allí están detenidos, sabiendo quiénes fueron, que no hayan abierto una línea de investigación. ¿Cómo es posible que no hay ningún condenado? Ya van 10 años”.
Frente a la impunidad que prevalece en sus casos, don Baudilio señala: “para mí la justicia de México se burla. Hay que ser claros, para eso está la ley, pero no hay quien cumpla con la ley, por eso es que nosotros hicimos estas recomendaciones, estas propuestas para la ONU [Organización de las Naciones Unidas], para que le diga al gobierno [mexicano] que cumpla con la ley. Nosotros no le estamos faltando al respeto, solamente estamos pidiendo justicia, porque no es correcto que se sigan cometiendo más masacres”.
Don Baudilio dice que los familiares de migrantes desaparecidos o asesinados no quieren que “otras familias sientan este dolor que nosotros sentimos, que no vayan a sufrir. Lo que queremos es reconstruir la paz, que haya paz”. Al tiempo, recuerda que las personas que migran no lo hacen por gusto, sino por necesidad. “Físicamente en nuestros lugares, en donde nosotros vivimos, hay mucha pobreza, no hay trabajo, no tenemos un desarrollo. Entonces las personas buscan otro lugar en donde haya desarrollo, y pues aquí lo único es viajar a Estados Unidos”.
Al respecto, Licy Santos opina en los gobiernos de Guatemala se sigue un patrón, pues “no han dado las condiciones dignas de trabajo. Nosotros no queremos que se nos regale todo, simplemente queremos que se nos brinde fuentes de empleo, para poder así subsistir, salir adelante”.
La responsabilidad de la FGR
La abogada Marisol Méndez –integrante de la Fundación para la Justicia, que acompaña los casos de los migrantes desaparecidos y asesinados en México– expone a Contralínea que estos delitos como la masacre de San Fernando no se esclarecen porque, “desafortunadamente, las personas migrantes en situación irregular no son una prioridad para los gobiernos, empezando por la Fiscalía [General de la República]. La Fiscalía tendría que tener un resultado en las investigaciones. Creemos que las razones son por cuestiones estructurales: no hay una área específica con recursos humanos y materiales dedicados a investigación de estos graves crímenes”.
Desde la Fundación para la Justicia se ha sugerido la conformación de una comisión especial de investigación –con apoyo de especialistas técnicos externos, nacionales e internacionales, que tengan un enfoque de investigación de macro criminalidad–, pues “lo que sucede ahora es que la Fiscalía investiga casos aislados, figuras aisladas. Por ejemplo, investiga homicidio en lugar de investigar masacre o investigar el fenómeno en su totalidad. Se fragmentan las investigaciones por diferentes áreas, no se analiza el contexto en el cual se realizan estos crímenes, las redes de macro criminalidad que se benefician con la trata de personas y que justamente son negocios millonarios en donde evidentemente hay autoridades involucradas”.
La jurista ejemplifica con la indagatoria de la masacre de Camargo, ocurrida en enero de 2021: “se detectó que había autoridades del Instituto Nacional de Migración que conocían de los hechos. Entonces creemos también que hay redes de corrupción, por lo que es necesario que sean áreas especializadas de la Fiscalía que se dediquen a investigar este tipo de crímenes, que puedan identificar el fenómeno y que se tenga como finalidad desestructurar estas bandas criminales; no nada más resolver el caso a caso, sino poder identificar el fenómeno y desarticular estos grupos organizados donde hay autoridades involucradas; y creemos que esta también es una de las razones por las que no se avanza en la investigación de estos casos”.
Agrega que en la medida en que haya expertos independientes se garantiza que la investigación avance y que no haya protección de autoridades ni intereses detrás de estas investigaciones. También señala que es importante que haya un compromiso real del gobierno, porque las personas migrantes se encuentran en un segundo plano.
“Hubo un momento en el que la anterior directora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dijo que las personas migrantes no eran prioridad, que la prioridad eran las personas mexicanas. Desde esa parte de la falta de sensibilización de los servidores públicos, falta de compromiso, de voluntad política, pues es que se mantiene esta situación. Las personas mexicanas también somos migrantes, somos un país que emigra hacia Estados Unidos, entonces tendríamos que tener una sensibilidad para atender a las familias que emigran hacia México, que transitan por el país, defenderlas de la misma forma en la que de defiende a los mexicanos en Estados Unidos”.
Con información en Contralínea
