Informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado, descalificado por AMLO, se basa en datos del propio gobierno, CNDH y ONG
Arturo Daen y Luz Rangel
El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó como “bodrio” y mentira el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, aunque dicho documento sustenta sus afirmaciones sobre que en México persisten la tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales en quejas de violaciones a derechos que registra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informes del propio gobierno mexicano y datos de organizaciones de la sociedad civil.
En la Sección 1, sobre el respeto de la integridad de la persona, el informe tiene un inciso acerca de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y otros abusos conexos.
“Entre enero y el 17 de agosto, la CNDH registró 32 quejas por tortura y 94 por detención arbitraria. De estas quejas, 43 fueron contra miembros de la Guardia Nacional, 37 en la Procuraduría General de la República, 24 contra la Sedena y 17 contra la Semar”, refiere el Departamento de Estado estadounidense.
Al respecto, El Sabueso revisó el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, el cual contabilizó un total de 50 quejas por tortura durante 2022.
Entre las autoridades más señaladas están principalmente la Fiscalía General de la República (24 quejas), la Guardia Nacional (16 quejas), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (nueve quejas) y la Secretaría de la Defensa Nacional (cinco quejas).
En cuanto a detención arbitraria, dicho sistema contabilizó 157 quejas en todo 2022, la mayoría de ellas contra la Guardia Nacional (43), Secretaría de la Defensa Nacional (34), Instituto Nacional de Migración (25) y Secretaría de Marina (22).
El informe añade que en los ocho meses de enero a agosto de 2022 hubo otras 120 denuncias por tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estos presuntamente fueron cometidos por personal de la SSPC, la Guardia Nacional, la FGR, la Sedena y el Instituto Nacional de Migración. El sistema de alertas en todo 2022 contabilizó 158 quejas por estos abusos.
Pero la CNDH —órgano autónomo que desde 2019 preside Rosario Piedra Ibarra, figura pública cercana al gobierno de López Obrador— no es la única fuente de información del informe.
El Departamento de Estado también menciona el primer Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México, publicado en junio de 2022. Este fue realizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), e incluye mil 280 entrevistas a mujeres privadas de libertad en 66 penales distribuidos en las 32 entidades del país.
“Revelaba que 79% de las mujeres entrevistadas habían sufrido algún tipo de tortura durante su encarcelamiento. De ellas, 44% fueron sometidas a actos de tortura sexual. Según el informe, los investigadores policiales y otro personal policial cometieron la mayoría de estos delitos”, cita el informe del Departamento de Estado.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es otra fuente mencionada. Dicha organización civil presentó una comunicación en 2021 en la cual documentó que fuerzas federales del Estado mexicano, Sedena, Semar y la entonces Policía Federal, cometieron actos de tortura, incluida tortura sexual, que cumplen con la calificación de crímenes de lesa humanidad y analizó seis sentencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación por hechos de tortura de 2014 a 2019.
“Según la ONG Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de 2006 a 2020, las autoridades federales dictaron tres sentencias por tortura y recibieron 27 denuncias”, dice el informe.
Desapariciones y asesinatos
López Obrador rechazó el informe negando que haya “masacres” ordenadas por su gobierno. Pero el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos no incluye ese término de “masacres”.
Sin embargo, sí dedica fragmentos a desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de defensores de derechos humanos.
🗣️“Es un bodrio” el informe sobre derechos humanos del “departamentito” del Departamento de Estado de EUA, asegura @lopezobrador_. ¡En México no se tortura, no hay masacres”, señaló. pic.twitter.com/cNJoAZgQAa
— Animal Político (@Pajaropolitico) March 22, 2023
El documento menciona a la CNDH como la responsable de investigar de forma independiente los abusos de las fuerzas de seguridad, y que puede emitir recomendaciones. Por ello, cita a este organismo autónomo como una fuente de información.
“Hubo varios informes de que entidades gubernamentales o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegítimos, a menudo con impunidad”, señala el documento, citando casos como el del asesinato del estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel, a manos de integrantes de la Guardia Nacional en abril de 2022.
Sobre este caso, la CNDH confirmó que miembros de la Guardia Nacional hicieron uso excesivo de la fuerza, disparando en reiteradas ocasiones al vehículo donde viajaba el joven.
También se menciona el caso de la niña Heidi Mariana Pérez, y cómo su madre acusó la responsabilidad del Ejército en su asesinato y presiones para aceptar la indemnización.
En cuanto a desapariciones, el Departamento de Estado refiere que “las bases de datos federales y estatales que rastreaban las desapariciones estaban incompletas y tenían problemas para compartir datos”.
Sin embargo, cita la cifra de la Comisión Nacional de Búsqueda que señala que en México existe una crisis de más de 100 mil personas desaparecidas. Al corte de este jueves 23 de marzo, el Registro Nacional consignaba que la cifra total era de 112 mil 545 personas desaparecidas en el país.
Respecto a desapariciones que involucren a autoridades, en realidad el reporte destaca acciones del gobierno de López Obrador, como el arresto de 30 elementos de la Marina acusados de desapariciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2018, y la disculpa pública por el caso del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
“El gobierno realizó esfuerzos para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia desaparición que involucran a agentes del gobierno”, señaló el documento.
De enero al 17 de agosto de 2022, detalló, la CNDH había recibido siete denuncias acusando a agentes del Estado de desapariciones forzadas, incluyendo tres contra el Ejército y tres contra el Ministerio Público.
En una revisión al sistema de alerta de la comisión, El Sabueso encontró que en 2022 hubo un total de 13 quejas por desapariciones forzadas, cuatro de ellas contra Sedena y tres contra la Guardia Nacional.
“La CNDH informó que agresores habían asesinado a 11 defensores de los derechos humanos entre enero y agosto”, cita en otro punto el informe estadounidense sobre 2022.
En este sentido, un reporte de la organización Comité Cerezo publicado en enero de 2023 indica que 22 personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas extrajudicialmente en 2022.
Previamente, en mayo de 2022, la CNDH señaló que para ese entonces tenía registro de “94 defensores de derechos humanos asesinados, mismos que tienen su origen en el crimen organizado, la impunidad imperante y la falta de una cultura que dimensione la importancia que tiene su labor, entre otros factores”.
Más fuentes, el caso Ayotzinapa y la descalificación de AMLO
Otras fuentes de información incluidas en el informe del Departamento de Estado son la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), la asociación civil Asistencia Legal para los Derechos Humanos (Asilegal), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, el Centro Profesional Indígena de Asesoramiento, Defensa y Traducción, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y Freedom House, entre otras.
El documento del Departamento de Estado también menciona el informe sobre Ayotzinapa presentado en marzo de 2022 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que Alejandro Encinas dio a conocer el 18 de agosto de 2022.
“Un informe que confirma que las desapariciones en 2014 de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, fueron un crimen de Estado”, se lee en el documento.
Y aunque los informes del GIEI y de la Comisión para la Verdad fueron citados simplemente porque fueron presentados en 2022, año en el cual se enfoca el Departamento de Estado, y sin responsabilizar a la administración actual con el caso Ayotzinapa, el presidente arremetió contra los autores.
“Vamos nosotros a continuar manteniendo buenas relaciones con el gobierno pero no vamos a permitir que se ofenda a México ni que se ofenda al gobierno ¡Cómo es eso de que torturamos! ¡A ver las pruebas! ¿Qué tenemos que ver nosotros con lo que hacía García Luna o Zerón y ellos callaban? ¡Cómo es eso de que hay masacres! ¿Cuáles?”, dijo el mandatario.
El Departamento de Estado de Estados Unidos presenta informes anuales sobre los 198 países que reciben ayuda y todos los Estados miembros de las Naciones Unidas desde hace décadas.
“Durante casi 50 años, los Informes por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos han sido un recurso vital para gobiernos, investigadores, grupos de defensa, periodistas y voces de conciencia de todo el mundo que trabajan para promover el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas por las injusticias”, sostiene el Departamento de Estado en su página oficial.
