Si se aprueban las reformas, por primera vez habrá conflicto preelectoral: Córdova

Francisco Báez Rodríguez

Si se aprueban las reformas legales propuestas por el presidente López Obrador, podemos tener un conflicto preelectoral por primera vez en la historia, dice a Crónica Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE. En entrevista, adelanta que el propio INE presentará controversias constitucionales en caso de que se apruebe el cambio de norma, considera que la violación a la Constitución es tan flagrante que la Suprema Corte considerará inconstitucionales las reformas, analiza el proceso de sucesión de los consejeros y afirma que seguirá defendiendo la democracia.

Aquí, la interesante plática:

Empiezo por pedir un balance. Está por cumplirse el periodo de Lorenzo Córdova al frente del INE. En particular, importaría saber cuáles son las diferencias entre el INE de hoy y el de hace 9 años.

El balance es positivo, hay muchos pendientes que no se pudieron concretar. Partió de la reforma de 2014, incluso hubo un debate sobre si negaba el federalismo, y fue una reforma complicada para instrumentarla. Antes era clara la división entre las competencias del IFE y de los órganos locales. Ponerla en práctica no fue fácil.

Me gustaría distinguir el balance en tres planos:

Uno es el de la funcionalidad de la institución. Hoy tenemos el mayor periodo de estabilidad política y de gobernabilidad democrática en nuestra historia. Ha habido una ausencia total de conflictos postelectorales. El INE ha organizado 330 procesos electorales: federales, locales, ejercicios de participación ciudadana, asamblea constituyente en CDMX… y en ninguno ha habido conflicto postelectoral. Ha habido, ese sí, litigiosidad, se recurre a los cauces legales previstos.

En esos procesos electorales ha habido un índice de alternancia inédito en la historia del país: 62% en el plano nacional. Las probabilidades que tiene el partido que gane una elección de volver a repetir es de 38%, y todos los partidos se han beneficiado de ello.

Hemos expedido casi 120 millones de credenciales. Los concesionarios de radio y TV han cumplido en 99.6%. Es un sistema que funciona. Es cierto que a algunos irrita en materia de fiscalización: en estos nueve años estamos hablando de $3,500 millones de multas validadas por el tribunal.

El sistema funciona. La disputa por el poder se lleva a cabo por cauces pacíficos, democráticos y no está teniendo anomalías.

Respecto al plano interno, me ha tocado convivir con tres distintas integraciones del Consejo General, y hemos llegado a buen puerto.

Cuando iniciamos cerca de del 45% del personal trabajaba como eventual por honorarios, aunque fuera permanente. No tenían antigüedad ni derechos laborales. Ahora todos tienen las condiciones laborales que las normas prevén.

Finalmente está el plano internacional. El INE es el órgano electoral del mundo que más ha participado en misiones de asistencia en la materia: casi 150. Y en buena medida ese reconocimiento ha ocurrido en un contexto de descalificación inédita. El hecho de que hayamos sido invitados como cabeza de las misiones de observación electoral de Brasil este año es producto de la resistencia que el INE tuvo frente a la descalificación y las amenazas que fuimos objeto en las elecciones de 2021. También somos el órgano de asistencia técnica del Consejo de Europa.

Este año, el presidente decía que había iniciado una reforma electoral para que fuéramos democráticos y que había que parecernos más a Costa Rica, ese país nos da el reconocimiento Cátedra del Año, que es el más importante que se da en Costa Rica.

¿Y qué pendientes o problemas quedan?

Me hubiera gustado poder avanzar más en tecnología; reducir costos de la operación electoral, aunque también hay que decir que abaratar costos implica reducir muchas de las condiciones de blindaje que los partidos pusieron; terminar de basificar a todo el personal.

Se deja una institución más fuerte. Hoy el INE goza de los índices de credibilidad y de confianza pública más altos de la historia de la autoridad electoral. Más altos incluso que el mejor momento del IFE, que fue antes de la elección del 2006, aunque luego de esa elección se cayó. Lo de los altos índices de confianza no lo digo yo: lo dice la encuesta que hizo Morena: hasta el 76% hemos llegado. Y eso, en un contexto de acoso importante a la autoridad electoral.

Quedan tres meses y va haber un enorme golpeteo. Varios han detectado que hay peligros ¿qué tan serios son?, porque hay otros que dicen que el peligro fundamental fue eliminado al no aprobarse la reforma constitucional del presidente López Obrador.

Hay cinco grandes pilares que hemos construido y son de los que depende la buena salud de nuestro sistema electoral: uno es la autonomía de los órganos electorales; otro, el servicio profesional electoral, con independencia de quienes encabecen el INE. Gente que entró por concurso y que se evalúa permanentemente

El tercero es la presencia territorial permanente del INE. Es lo que te permite no sólo operar servicios como las credenciales, sino también el contacto para conocer el terreno. Hay elecciones en terreno de presencia del crimen organizado y eso no ha significado que dejemos de instalar una elección. Esto implica un contacto permanente. Y esa presencia te permite ir construyendo la confianza pública que requieres para poder reclutar a millones de ciudadanos cuando tienes que hacer elecciones.

El cuarto es el padrón electoral, administrado por un ente autónomo y no por uno gubernamental: es decir, sin intencionalidad política. Recordarás que de ahí venimos: padrón rasurado, muertos presentes, etcétera.

El quinto punto son condiciones equilibradas de competencia.

Todos estos cinco puntos están blindados en la Constitución. Y todos se veían dinamitados por la iniciativa de reforma constitucional que presentó el Presidente. Al no haber prosperado esa iniciativa, uno pensaría que esos cinco pilares están a salvo. El problema es que la reforma legal, el llamado Plan B, altera todos esos cinco puntos.

Pongo unos ejemplos telegráficos.

Claramente interviene en la gestión autónoma del INE. Un ejemplo: destituyen al Secretario Ejecutivo, que es nombrado por el Consejo General, y eso lo dice la Constitución. Otro: da facultades sustantivas al titular del Órgano Interno de Control (OIC), que hoy es evidente su cercanía a un grupo político del Estado de México: vulnera lo que dice la Constitución en el sentido de que es un órgano fiscalizador, no de decisiones.

Desaparece el 85% de las plazas del servicio profesional electoral, de un plumazo. La gestión del padrón electoral hoy está en manos de 792 responsables: la reforma deja 32. Le quita capacidad técnica y operativa al INE.

La gestión electoral no está en manos del Consejo General, sino de las juntas distritales electorales; es decir, sobre quienes administran y organizan las elecciones en toda la parte logística. Las desaparecen: de cinco vocales en cada junta dejan sólo a uno, que además sólo puede tener un auxiliar. Están cortando al Instituto sus brazos operativos, mutilando la capacidad del INE para hacer elecciones.

¿Estás diciendo que no podría hacer elecciones?

No como las conocemos. O más bien, hacerlas poniendo en riesgo su validez.

Si cambias de lugar las casillas, si las integras con otros ciudadanos, está generando causales de nulidad. Así se pone en riesgo que tengamos elecciones que no sean impugnadas.

La reforma planea juntas distritales temporales, como si hacer elecciones no requiriera conocimiento de campo. Hay lugares peligrosos en el país en el que el único órgano del Estado que entra es el INE. Eso es producto que la gente que vive ahí sabe que la gente del INE va a hacer elecciones, y no otra cosa. A esos lugares no se puede ir sólo cada tres años.

La reforma le da a la Secretaría de Relaciones Exteriores, una dependencia del gobierno, la facultad de validar el listado nominal de electores en el extranjero, que podrán votar con el pasaporte o la matrícula consular, sin tener credencial que expide el INE.

El quinto eje, autoriza la propaganda gubernamental, al decir que los dichos de los funcionarios públicos sobre partidos y candidatos no son propaganda.

¿Qué probabilidades hay de que la ley tenga otros cambios? ¿Y que las impugnaciones puedan tener éxito en la Suprema Corte?

De acuerdo con la Constitución, el Senado sólo puede hacer cambios en lo que algunos llaman la cláusula de vida eterna, la posibilidad de transferir votos entre partidos coaligados. Todo lo demás ya fue votado y aprobado por ambas cámaras. Pero el proceso legislativo ha sido tan anómalo que podría ocurrir cualquier cosa.

Dicho esto, la violación de la Constitución es tan flagrante que el destino de las reformas es su no aplicación por inconstitucionales; que sean declaradas contrarias a la norma fundamental del país.

Ahora bien, quien lleva mano en listar los asuntos en el pleno de la Corte es su presidencia y ha habido muchas controversias que no se listaban, y que perdían sentido porque nunca se discutieron en el pleno, como las que presentamos respecto al presupuesto en 2019 y se sobreseyeron por falta de tiempo.

Es de pensarse, entonces, que la nueva presidencia sí les dará curso.

La propia Constitución establece que en los 90 días previos al arranque del proceso electoral que arranca en septiembre no puede haber cambios a las reglas. Pretenden ahora que arranque hasta noviembre, con lo que le quitan tiempo al INE. En 30 años siempre se han organizado elecciones en nueve meses. Ahora están obligando a un parto sietemesino.

Esto significaría que la Corte está obligada a resolver la validez o no de estar normas antes del 2 de junio. Si no, nos vamos al 2024 con las reglas que hay.

El INE presentará controversias constitucionales. También lo harán las minorías parlamentarias y eventualmente ciudadanos y funcionarios del INE lo harán a título individual. En el caso del INE, cualquier miembro de una junta distrital va a decir con qué criterios se define quién se queda. Y el resto del personal lo sacas del régimen especial del Artículo 41 constitucional y lo pasas al artículo 123, apartado B.

Está tan mal hecha la norma que, al ponerse en riesgo elecciones auténticas, habrá una lluvia de recursos.

Entonces lo que habría que esperar serían elecciones impugnadas

Reglas impugnadas, más bien. Conflicto preelectoral, por primera vez.

Reglas del juego democrático que serán dirimidas en tribunales, y no como producto de un consenso político. Es la primera vez que ocurre eso en tres décadas.

Lo mismo sucede si los árbitros no son producto del consenso. Eso está en la raíz del conflicto de 2006, cuando se excluyó a uno de los tres grandes partidos de la designación de los árbitros electorales. Se abre la puerta para que alguien pueda decir que hubo reglas injustas, porque fueron impuestas. Las reglas requieren de un consenso, que es la base de la legitimidad de todos los procesos electorales democráticos.

Necesariamente pasamos al tema de los sucesores de los cuatro consejeros que dejan el INE

El INE tuvo dos renovaciones parciales, que es una práctica virtuosa. Lo distinto es que ahora se define el presidente del Consejo. Lo deseable es que hubiera consenso, como en los últimos tres casos. Siempre han sido más de los dos tercios de los legisladores. Mario Delgado privilegió el consenso en 2020, y se lo reconozco.

Hoy, habiéndose roto la regla del no mayoriteo, me temo que los ánimos no serán los del consenso. Ojalá y me equivoque.

Si esto no ocurre, está el sorteo entre los candidatos, que fue una válvula de seguridad que se puso; pero apostarle al sorteo es anticipar que la política va a fracasar.

Los siete consejeros que se quedan son garantía de la continuidad de la gestión electoral. Prácticamente todas las decisiones relevantes se han tomado por unanimidad de votos y el pronunciamiento de preocupación respecto a las consecuencias del Plan B es unánime, suscrito por los once consejeros electorales.

Preocupante, el sesgo de la titular de la CNDH, que ya se pronunció pública y formalmente contra el INE. Los nombres que se proponen es con una Comisión que abona a favor de una fuerza política y que promueve el hostigamiento contra la autoridad electoral.

¿Qué viene en los próximos 3 meses?

Viene la defensa del INE y vamos a tener que enfrentar -quiero equivocarme- una etapa de persecución política y jurídica en contra de integrantes de la autoridad electoral.

¿En que se funda esa preocupación?

Está fundada en una actuación de profunda beligerancia de parte del OIC y en la ruptura del entendimiento político de no utilizar el brazo penal del Estado para coaccionar a funcionarios electorales. El año pasado el entonces presidente de la Cámara nos denunció penalmente a seis consejeros y al secretario ejecutivo por tomar decisiones en nuestro ámbito de competencia. La fiscalía anticorrupción declaró el no ejercicio de la acción penal. Todo, por disentir de los puntos de vista de quien gobierna y ejercer los recursos jurídicos ante posibles violaciones a la Constitución. Eso es visto como postura política, aunque no lo es.

¿Y después del INE?

Ya solicité a la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM mi reincorporación. Por cierto, nunca he dejado de dar clases.

La trinchera académica y la de la opinión pública no me son ajenas. En ellas seguiré defendiendo la democracia. ¿Qué viene después?

Seguir defendiendo la democracia. Allí seguiré batallando por los ideales que una generación, la de nuestros maestros, incluido mi padre, nos ha inculcado.