Aseguran que el gobierno da prioridad a trasnacionales
Dora villanueva
El apoyo al sector cafetalero en México se ha quedado en priorizar a las grandes trasnacionales, como Agroindustrias Unidas de México (AMSA), Cafés California y Nestlé, reprochan líderes gremiales y productores.
La recriminación está personificada hacia los altos cargos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el secretario Víctor Villalobos, a quien denuncian por su cercanía con trasnacionales y con el empresario Alfonso Romo; así como en Santiago Argüello Campos, director general de Fomento a la Agricultura, quien por casi una década, hasta 2014, trabajó en ECOM Trading, filial de una firma suiza que por 173 años ha explotado la intermediación.
Este diario consultó a la Sader sobre los señalamientos de los productores. La dependencia declinó responder sobre lo que llamó “dichos”.
“El principal obstáculo que hemos tenido los pequeños productores es la tremenda influencia que han tenido las compañías en toda la estructura del Estado, tales como ECOM, Cafés California, AMSA (…) mientras se denuesta a las organizaciones sociales”, resume Cirio Ruiz González, presidente del Consejo Regional del Café de Coatepec.
El también integrante de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) reclama un viraje en la política del actual gobierno hacia el sector cafetalero. Pide que se anteponga a productores de baja escala sobre las trasnacionales, que se hagan revisiones de calidad del producto, controle toda la cadena y reactive el financiamiento. No avanzar en esa orientación, considera, sería una falla de la administración hacia los pequeños y medianos agricultores “porque un productor a pequeña escala no puede solo frente a un oligopolio”.
“El gobierno lo que está haciendo es dar apoyos a las trasnacionales, a la Nestlé le dan todititas las facilidades. Aquí en Veracruz, se acaba de abrir una planta”, refiere Darío Cadena Alarcón, productor de Naolinco. Considera que este tipo de apoyos a compañías con tal capacidad de compra sólo fomenta el coyotaje, la participación de intermediarios en la adquisición de los granos a productores a precios bajos.
En julio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la nueva planta de Nestlé en Veracruz, que tuvo una inversión de 340 millones de dólares. En la instalación “se procesarán 40 mil toneladas adicionales de café verde al año, provenientes, en su mayoría, del campo mexicano”, con lo que el país se volverá el principal productor de café para la trasnacional, por encima de Brasil y Vietnam, detalló la empresa en un comunicado.
La compra de café verde a los agricultores del país aumentará 50 por ciento en los próximos tres años –actualmente 80 mil caficultores mexicanos, 16 por ciento de los estimados, forman parte de su cadena de suministro– y para 2025 busca que 100 por ciento de la compra de café sea cultivado con prácticas sustentables certificadas, amplió.
Productores de Veracruz acusan que, además de que la mayor parte del grano procesado por la empresa suiza es importado de Vietnam, la demanda impulsa el cultivo de robusta, variedad que da un mayor rendimiento sin la sombra biodiversa.
Sobre su papel en la región para dar mejores precios de compra a los caficultores se hizo una consulta a Nestlé, pero hasta el cierre de esta edición la empresa no dio respuesta.
A la par, como eslabón de la cadena de producción en el café, los intermediarios, también conocidos como coyotes, son la bisagra entre los productores y las grandes compañías. Se ha advertido que en este paso se centra buena parte de la pauperización con que se paga a caficultores. Un estudio realizado de la cadena en el estado de México muestra que ellos se quedan con 24.54 por ciento de los márgenes brutos de comercialización (https://bit.ly/3iE8fUE), pero por parte de las autoridades y reguladores nadie ha investigado nada.
En marzo de 2000, la Comisión Federal de Competencia Económica anunció una investigación sobre la producción, distribución y autorización de café, al tener conocimiento de ciertos agentes económicos que en colusión manipulaban el precio del grano. Ese anunció no llegó a nada, la instrucción se cerró, pero el mismo regulador no dejó sus funciones para aprobar concentraciones de las empresas que hoy tienen las redes de cafeterías más extendidas en el país: Oxxo y Starbucks.
Ante la variabilidad en el precio del aromático, sin mecanismo que lo regule, organizaciones de caficultores, entre ellos la CNOC, impulsan una iniciativa de Ley de Fomento a la Cafeticultura, presentada en el Senado por la legisladora Susana Harp. Un punto nodal de la propuesta es la reactivación de una suerte de Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), ahora como Instituto Nacional del Café (Incafé).
La iniciativa presentada hace un año propone que el Incafé sea un organismo público desconcentrado de la Sader, con atribuciones para representar al país ante los organismos internacionales en la materia, y coordinar las actividades de fomento a la producción cafetalera en el país, además de contar con un comité de precios que definirá referencias para las compras de café pergamino convencional. Es por este punto que las trasnacionales están bloqueando la ley, asegura Ruiz González.
