Rocha participa en la reforma a la Ley Orgánica Externa de la UAS. No la vetó
Álvaro Aragón Ayala
Incurriendo también en ilegalidades ya que en vez de vetarla por inconstitucional se involucró en su “corrección”, el gobernador Rubén Rocha Moya regresó al Congreso Local el decreto de Ley Orgánica Externa de la Universidad Autónoma de Sinaloa pidiendo que fueran modificados algunos de sus artículos.
Aunque tiene esa facultad, el mandatario estatal se convirtió metafóricamente en el diputado 41, externo -el Congreso está integrado por 40 legisladores-, al participar en lo que en el Tercer Piso llamaron el “perfeccionamiento” de la Ley de marras, elaborada mediante el montaje de una falsa consulta universitaria y un foro “patito”.
Con la inclusión en los trabajos de reforma, Rubén Rocha mandó la lectura que fue él quien fraguó el proyecto de la Ley Orgánica Externa, sin embargo, los diputados la aprobaron de manera apresurada por la caída de los plazos -se van el 30 de septiembre- en el Poder Legislativo.
El gobernador se metió así de lleno a avalar prácticamente el ejercicio inconstitucional mediante el cual los legisladores morenistas sustentaron, de manera irregular, la creación de la Ley nonata que, de acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación, directivos de la UNAM y de la UAS viola la Ley General de Educación Superior y la Constitución.
La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, encabezada por el empresario cervecero, Adolfo Beltrán Corrales, atendiendo la exigencia del gobernador corrigió de inmediato los artículos “fallidos”. No han informado si la Ley Externa volverá a ser votada en el Congreso o ya modificada se le regresará a Rubén Rocha para su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.
El asesor legal de la Casa Rosalina, dijo que Universidad Autónoma de Sinaloa recurrirá al Poder Judicial de la Federación para buscar que se queden sin efecto las modificaciones hechas a la Ley Orgánica, incluyendo las incorporadas por el gobernador.
La Ley Orgánica Externa de la UAS fue elaborada a espaldas de la comunidad universitaria y carece de la legitimización, certificación o validación del Consejo Universitario. La LGES especifica que Los procesos legislativos relacionados con sus leyes orgánicas, en todo momento, respetarán los principios de autonomía y de gobierno interno de las Universidades Públicas Autónomas.
La ley federal plantea que “cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado”.
