La guerra de baja intensidad de Zedillo y Fox contra los zapatistas
Hugo Santamaría Vázquez
El mal gobierno ha llenado nuestro territorio con las sombras de la guerra y la mala muerte, con las sombras del ejército federal que han invadido nuestro territorio para perseguirnos, hostigarnos, doblarnos, dividirnos y para preparar la guerra de exterminio en contra de nuestras comunidades indígenas en resistencia. El ejército federal se extiende como una mancha de muerte y destrucción en nuestras comunidades y poblados. (Municipio autónomo en rebeldía Ricardo Flores Magón)
Desde que se inició la guerra contrainsurgente en el sureste mexicano [en 1994, primero en el gobierno de Carlos Salinas –diciembre de 1988-noviembre de 1994–y luego en el de Ernesto Zedillo –diciembre de 1994-noviembre de 2000], se incrementaron las acciones y agresiones contra las comunidades zapatistas. La masacre de Acteal fue el punto culminante de esta guerra. [Este crimen ocurrió el 22 de diciembre de 1997. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la incursión de un grupo de 60 paramilitares en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, dejó un saldo de 45 indígenas tzotziles muertos: 18 mujeres –cuatro de ellas estaban embarazadas–, 16 niñas, cuatro niños y 17 hombres. Doce de las víctimas murieron por golpes o heridas punzocortantes, mientras que los asesinados por armas de fuego recibieron proyectiles expansivos por la espalda. Otros 26 indígenas fueron lesionados gravemente].
A lo largo de los años, los resultados de esa guerra de baja intensidad fueron: miles de desplazados, decenas de muertos, violaciones, destrucción de cultivos, casas y de los pocos bienes que tienen las comunidades zapatistas; terror permanente, represión, prostitución, alcoholismo, descomposición social, división familiar y más efectivos militares.
Basta analizar las acciones contrainsurgentes que aplicó el gobierno federal desde 1995, para concluir que la estrategia del gobierno zedillista era acabar con el proceso autonómico de los municipios zapatistas y desarticular social y políticamente a sus bases de apoyo, para definir el aniquilamiento militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Los compromisos económicos y políticos del régimen con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial de Comercio (OMC), así como con el gobierno estadunidense de Bill Clinton, quien le prestó al gobierno mexicano millones de dólares después de la crisis económica de diciembre de 1994, obligaban a Zedillo a aniquilar el movimiento zapatista. Los diálogos de San Andrés [Larráinzar, efectuados entre 1995 y febrero de 1996] sólo fueron una simulación, mientras la contrainsurgencia realizaba su labor contra las comunidades zapatistas y el EZLN.
A su vez, el gobierno foxista [diciembre de 2000-noviembre de 2006] dio continuidad a la política y guerra de baja intensidad en Chiapas, apuntalando la contrainsurgencia, manteniendo la militarización y paramilitarización y el cerco político-militar contra el EZLN y las comunidades zapatistas [1], cooptando a organizaciones campesinas con apoyos económicos, instrumentando programas desarrollistas, desalojando a comunidades indígenas en zonas estratégicas como Montes Azules y La Lacandona, para favorecer al capital financiero, y tapando, mediante una cortina de humo propagandística la realidad del conflicto en Chiapas.
El principal logro del foxismo al respecto fue la contrarreforma jurídica en la que, mediante la acción parlamentarista del PRI, PAN y PRD, se negaron los Acuerdos de San Andrés y con ellos, todo el proceso en que se consensuaron, confirmando la política del Estado mexicano de no ceder ni un ápice a las demandas sobre derechos y cultura indígena y la democratización real del país. [El gobierno de Zedillo y el EZLN firmaron los acuerdos el 16 de febrero de 1996.]
Al mantener y profundizar las políticas neoliberales instrumentadas en México, el gobierno de Vicente Fox asumió los compromisos con el capital y los organismos financieros que tenían los anteriores gobiernos, profundizó sus relaciones y dependencia con Estados Unidos, mantuvo incólume el Tratado de Libre Comercio, dio manga ancha al capital financiero en el país buscando privatizar sectores estratégicos de la economía –como el energético–, y amplió la dependencia alimentaría con el vecino país del norte, todo ello paralelamente a la descapitalización y postración económica del campo.
Los ataques sistemáticos del gobierno federal contra el proceso autonómico de las comunidades zapatistas y la negativa parlamentaria a los Acuerdos de San Andrés cerró la vía legal e institucional para sancionar y reconocer jurídicamente los derechos y cultura indígenas, socavó la transición a la democracia en México, fortaleció políticamente a la oligarquía y a los grupos de poder subsumidos a ella, y con ello abrió la puerta para la lucha político-militar de los grupos armados que se encuentran esperando una coyuntura favorable para responder a los ataques del gobierno y a sus políticas neoliberales depredatorias, vende patrias y neofascistas.
La crónica de las acciones contrainsurgentes demuestra que el gobierno zedillista –y la continuación de la misma política por parte del gobierno de Vicente Fox– es lo que ya se había decidido en 1994: la aniquilación, al precio que sea, del movimiento zapatista y su proceso autonómico en Chiapas y en todo el país.
El EZLN reveló que “el crimen de Acteal fue preparado con toda antelación, con plena conciencia, con la dirección de autoridades gubernamentales y la complicidad de diversas secretarías del gobierno federal –entre las que destacan la de Gobernación, la de Desarrollo Social y la de Defensa Nacional–, así como de las dirigencias nacionales y estatales del PRI”. El CCRI-CG [Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN] señaló que “en la masacre de Acteal se encuentra, en síntesis, un móvil político, militar, social y económico. Se trata de aniquilar a los indígenas rebeldes” [2].
Los sobrevuelos rasantes de aviones y helicópteros del Ejército sobre las cabeceras municipales autónomas, patrullajes sistemáticos e intensos cerca de las comunidades zapatistas, incursiones militares cotidianas, bloqueo de caminos por parte de paramilitares para impedir el traslado de alimentos, enseres y ayuda humanitaria hacia las comunidades, así como emboscadas y asaltos persistentes contra zapatistas, son sólo una parte de las acciones contrainsurgentes realizadas por el gobierno federal. “La densidad militar en Chiapas ha sido muy alta desde 1994 y en el último mes creció otro poco [marzo de 1998]. El Ejército avanzó en zonas de influencia zapatista e instaló nuevos campamentos (unos 12) en Chenalhó, Altamirano, Ocosingo, Las Margaritas” [3].
Desde 1994, la militarización en la zona de conflicto y en todo el estado de Chiapas creció desmesuradamente como parte de la estrategia contrainsurgente. Tan sólo en 1998, se calculaba que existían más de 70 mil efectivos militares distribuidos principalmente en las zonas y municipios de influencia zapatista, abarcando 66 municipios de los 110 que existen en la entidad. En ese mismo año, fuentes de la Comisión Nacional de Intermediación calculaban en 70 mil efectivos militares los que estarían operando en Chiapas. Según la Sedena, había 37 mil miembros de las Fuerzas Armadas en la entidad. Se calculaba que se encontraban 250 instalaciones militares y 50 retenes diseminados por toda la geografía chiapaneca en un despliegue más ofensivo que de contención. [4]
Asimismo, en cuatro de las nueve regiones del estado se concentraban más de 50 mil soldados. “Las tropas se concentran en la Selva, el Norte, la Frontera y los Altos donde viven indígenas tzotziles, tzeltales y tojolabales. Estaban instalados en 54 campamentos y 32 cuarteles ubicados en 20 municipios habitados mayoritariamente por indígenas”. Tomando en cuenta las regiones al respecto, en la zona de Las Cañadas (Altamirano, Ocosingo y las Margaritas) había 36 mil soldados en 24 campamentos y 21 cuarteles. En Los Altos, que comprende 12 municipios, los militares eran 10 mil 500, distribuidos en 20 campamentos y en cinco cuarteles; en la región Norte sumaban 10 mil soldados en 12 campamentos y siete cuarteles [5]. La mayoría de los asentamientos militares están ubicados a pocos kilómetros de las comunidades zapatistas e incluso en los propios municipios y particularmente en las escuelas de los mismos.
La paramilitarización se incrementó a su vez junto con la militarización, operando en la zona Norte, Los Altos, la Selva, la Sierra, la Frontera y los Valles Centrales: “En unos 50 municipios han sido detectadas bandas paramilitares integradas por militantes del PRI. La PGR [Procuraduría General de la República] reconoce cuando menos ‘12 grupos de civiles armados’” [6]. Los grupos paramilitares nutrían sus filas principalmente de militantes del PRI y del PRD.
Después de la masacre de Acteal, las acciones contrainsurgentes se incrementaron como parte de una ofensiva de gran envergadura que ya estaba programada. “Tras la masacre de Acteal, el Ejército federal realizó más de 44 incursiones en 33 comunidades zapatistas de la Selva, el Norte, Los Altos y la Frontera. La acción militar se concentró en 15 municipios autónomos y rebeldes, la mayoría muy lejos de Chenalhó. A ese municipio alteño llegaron 2 mil soldados que se instalaron en 18 campamentos en igual número de comunidades y parajes” [7].
Los datos sobre los miles de desplazados y las condiciones en que sobrevivieron después de la masacre de Acteal, muestran que las estrategias contrainsurgentes cumplieron sus objetivos sólo en parte, pues las comunidades zapatistas han resistido de forma organizada, principalmente con el apoyo de la sociedad civil y la estrategia política del EZLN de articular a vastos sectores de la misma sociedad para detener la ofensiva militar y derrotarla en el ámbito político.
El desplazamiento de miles de integrantes de las bases de apoyo zapatistas de sus comunidades de origen ha generado incertidumbre, pérdida de sus tierras, casas y pertenencias, hambre, enfermedades y acaso la muerte, al huir a la montaña. De esta manera se rompe el tejido social comunitario, los proyectos y la organización colectiva, y con ello, la identidad comunitaria [8]; hay un constante estado de terror por nuevos ataques, emboscadas y acciones paramilitares.
Sin embargo, las comunidades indígenas han ejercido una cultura de la resistencia ante la ancestral violencia política dirigida contra ellas, pues “bajo el ataque de la violencia excesiva, la comunidad y el cosmos se desplazan y se vuelven confusas. Incluso la identidad sufre y se disloca. Pero también se reconfigura a través de nuevos y dolorosos caminos. En la medida que la guerra sucia y el terror destruyen el sentido, la gente se esfuerza por recrearlo a través de la resistencia, el humor, la ironía, la esperanza y la voluntad” [9].
Esta cultura de la resistencia, que se apoya en códigos socioculturales compartidos y en la cultura tradicional, como cultura popular, adquiere nuevos sentidos y se resignifica, en relación a su propia dinámica de resistencia, lucha y liberación; a una reapropiación de la historia, de su historia y de su sentido de la vida; del pasado-presente-futuro, como esperanza cierta de liberación-emancipación. “Pero el mal gobierno es sordo y ciego, no lo entendió en el 94, ni en San Andrés y sigue sin entender que nosotros los hombres y mujeres de maíz, los más pequeños y olvidados, los choles y tzeltales de Flores Magón también tenemos dignidad y que sabemos luchar y construir y no nos vendemos, ni doblamos, ni caemos en su mentira y provocación. No lo entendió y quiere destruirnos, pero no puede, nosotros seguiremos luchando y construyendo un nuevo mundo, una nuestra autonomía para la vida digna de nuestro pueblo indígena”, EZLN.
La concentración de desplazados en ciertas áreas o municipios como en Polhó, facilitó el control, vigilancia y ataque a las bases de apoyo zapatistas por parte del Ejército, policía y paramilitares, así como el corte de suministros de alimentos e infraestructura de sobrevivencia, con el fin de recrudecer el hostigamiento y las condiciones en que viven los desplazados.
“En Polhó había 10 mil refugiados que han perdido sus casas y pertenencias desde que comenzó hace la ofensiva paramilitar contra 14 comunidades [en 1998]. Se han negado a recibir directamente la ayuda gubernamental, porque no confían en las autoridades. Su desconfianza se reafirma cuando se dan cuenta que el gobierno no está desmontando la estructura de los paramilitares sino presionando a los pueblos que simpatizan con el EZLN. La mayoría son bases de apoyo zapatista, otro grupo numeroso son Las Abejas y otro más de priístas que huyeron de las agresiones y amenazas de los paramilitares en sus comunidades por no cooperar con ellos” [10].
Las condiciones en que se desarrolló la resistencia de los desplazados en Polhó, son precarias y difíciles después de años de contrainsurgencia y acoso de todo tipo: sin condiciones de seguridad para retornar a sus comunidades debido al constante actividad paramilitar, 5 mil 333 hombres, mujeres y niños sobrevivían desde 1997 [y al menos hasta 2005] con escasa y a veces nula alimentación, sin agua potable ni luz eléctrica en la mayor parte de los campamentos, bajo techos de cartón y paredes de plástico. Pero los desplazados zapatistas se mantenían en resistencia, muy lejos de la declaración presidencial de que pertenecen al pasado [11].
Acciones contrainsurgentes del zedillismo
1995:
-El 9 de febrero el gobierno de Zedillo inició una ofensiva político-militar contra el EZLN y principalmente contra las comunidades indígenas zapatistas, buscando aprehender al CCRI-CG y al subcomandante Marcos. La acción militar fue contra las comunidades indígenas y bases de apoyo del EZLN. El saldo de la ofensiva fue de 30 mil desplazados, pueblos saqueados, detenciones, asesinatos y violaciones.
-Entre el 10 y 12 de febrero, el Ejército avanzó sobre poblaciones indígenas de la selva destrozando casas. Esto obligó a cientos de campesinos a huir a las montañas. El EZLN llamó a detener la guerra. Se iniciaron movilizaciones en todo el país para detener la guerra y obligar al gobierno a retornar a una solución política. Decenas de miles volvieron a llenar el Zócalo capitalino y las plazas públicas de diversas ciudades del país [12].
1996:
-El 14 de marzo el grupo paramilitar Paz y Justicia destruyó un templo católico en el municipio de Tila.
-El 21 de marzo la represión y los desalojos violentos se incrementaron en el Chiapas. Al día siguiente, en un operativo policiaco en el municipio de Nicolás Ruiz murieron cuatro campesinos.
-El 6 de mayo, el grupo paramilitar de Chilón conocido como Los Chinchulines atacó a campesinos de Bachajón e incendió varias casas.
-El 31 de mayo, el grupo paramilitar Paz y Justicia atacó la comunidad de Usipá en Tila; sus pobladores huyeron a las montañas [13].
1997
-El 12 de enero se incrementó la presencia militar en Chiapas.
-El 14 de enero una incursión policiaca en San Pedro Nixtalucum provocó la muerte de cuatro campesinos zapatistas y 29 heridos.
-Entre abril y junio actuaron los grupos paramilitares en Los Altos y el Norte del estado.
-En octubre-noviembre, la acción de los grupos paramilitares en los Altos y en el norte fue la respuesta inmediata a la acción política de los zapatistas. Apenas unos días después del regreso de los 1 mil 111 zapatistas de la capital, arreciaron los ataques paramilitares a indígenas zapatistas y opositores al PRI en Chenalhó y en el norte del estado.
-En Tila, el 4 de noviembre un grupo paramilitar llevó a cabo un atentado contra la caravana en la que viajaban los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, resultando dos personas heridas. El mismo mes fueron quemadas casas en Takiukum y en Yiveljoj por presuntos priístas.
-El 26 de diciembre llegaron más de 2 mil soldados a Chenalhó.
-El 22 de diciembre se efectuó una de las más arteras y criminales agresiones en contra de las comunidades indígenas zapatistas por parte de grupos paramilitares, que eran cubiertos por policías y militares, en el municipio de Chenalhó, con la masacre de Acteal en donde murieron ametrallados 45 indígenas entre niños, mujeres y ancianos, pertenecientes a la comunidad de Las Abejas.
1998
-El 1 de mayo, un operativo policial, militar y migratorio de más de 1 mil efectivos desmanteló la sede del municipio autónomo Tierra y Libertad, en Amparo Aguatinta. El saldo fue de 63 detenidos, tres heridos, tres mujeres violadas y 140 desplazados. Un campamento militar y varios retenes policiales se instalaron en los accesos y en el pueblo. Los miembros del Consejo que no fueron encarcelados fueron perseguidos. Los nuevos patrullajes sembraron el miedo en la población y cientos de familias se desplazaron (“Municipios autónomos zapatistas”, en www.ezlnaldf.org)
-Uno de los hechos más cruentos de ese año fue el ocurrido el 10 de junio contra el municipio San Juan de la Libertad por parte de policías y militares: tras ocupar la sede del municipio autónomo en El Bosque, miles de soldados y policías penetran a las comunidades de Chavajeval y Unión Progreso y abrieron fuego contra los campesinos, causando la muerte a ocho indígenas. La gente atemorizada huyó de sus casas y se adentró en el monte. El resultado fue más de 1 mil desplazados, sus pertenencias robadas y saqueadas, templos y capillas profanadas, animales muertos, cosechas destruidas y todas las identificaciones personales (credenciales, actas de nacimiento, matrimonio, propiedad, etcétera) que había en las viviendas de los campesinos desaparecieron [14].
1999
-El 7 de abril, la campaña contra los municipios autónomos continuó y la policía incursionó en la cabecera de San Andrés Sakamchen de los Pobres para tomar la presidencia municipal autónoma. Al día siguiente, más de 3 mil indígenas recuperaron pacíficamente el lugar y expulsaron a la policía. Un plantón de 1 mil personas se mantuvo permanentemente en la que fue sede del diálogo, para resguardar al Consejo (Municipios autónomos zapatistas, en www.ezlnaldf.org).
Hugo Santamaría Vázquez*
*Maestro en estudios políticos y sociales. Especialista en el estudio del movimiento zapatista.
Referencias:
[1] El paramilitarismo tuvo un repunte sensible en el mes de agosto de 2002. Las diferentes prácticas de la contrainsurgencia han sido denunciadas por la organización no gubernamental Enlace Civil, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Cuatro asesinatos a militantes de las bases de apoyo zapatistas, campañas de desinformación por parte de los medios de comunicación, propalación de rumores provenientes del PRI, agitación contra-autonómica con el propósito de coligar fuerzas antizapatistas de diferentes ejidos que acrecentaran el clima de hostilidad, son algunas de las acciones llevadas a cabo por la contrainsurgencia. En agosto de este año [2004] se observó un recrudecimiento de la guerra de desgaste contra las comunidades autonómicas, con todas sus implicaciones de acoso psicológico y de terrorismo de Estado. Los testimonios nos indican que ésta se ha intensificado en los municipios autónomos Ricardo Flores Magón, Olga Isabel y San Manuel (Pineda, Francisco. La guerra o conflicto de baja intensidad. Chiapas 15, ERA-IIE-UNAM, 2004).
[2] García de León, Antonio (1998). Prólogo. EZLN: documentos y comunicados, núm.1. México, editorial Era.
[3] Ramírez Cuevas, Jesús. “Estampas de la nueva guerra”. Suplemento Masiosare núm. 19, La Jornada, 29 de marzo de 1998.
[4] En 1998, era secretario de defensa Enrique Cervantes Aguirre, quien fue comandante de la 27 Zona militar (Acapulco) en la década de 1970, cuando se realizó la Guerra Sucia en Guerrero. Como demuestran los datos, la militarización se incrementó dramáticamente en Chiapas durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
[5] Ramírez Cuevas, Jesús. “Un soldado por familia”. Suplemento Masiosare, núm. 10, La Jornada, 25 de enero de 1998.
[6] Ramírez Cuevas, Jesús. “Estampas de la nueva guerra”. Suplemento Masiosare núm. 19, La Jornada, 29 de marzo de 1998.
[7] Ídem.
[8] “Ya no sabemos de dónde somos, porque ya no somos ni de aquí ni de allá, porque aquí no es nuestra tierra, pero tampoco puedo entrar a mi comunidad porque estoy amenazado de muerte por los priístas y paramilitares de Los Chorros” (Testimonio de Alonso Méndes Hernández, de la comunidad Los Chorros, refugiado en las instalaciones de la Nueva Primavera de San Cristóbal de las Casas). Onésimo, Hidalgo. “El miedo”. Suplemento Masiosare, núm. 9, La Jornada, 18 de enero de 1998.
[9] López Monjardin, Adriana. “La resistencia en los municipios autónomos. Poder local, derecho indígena y municipios”. Cuadernos Agrarios. Nueva Época, núm. 16, Federación Editorial Mexicana.
[10] Ramírez Cuevas, Jesús. “Un soldado por familia”. Op cit.
[11] Muñoz Ramírez, Gloria. “Los desplazados de Chenalhó”. La Jornada, Ojarasca, núm. 96, abril de 2005.
[12] Bellinghausen, Hermann, y Ramírez Cuevas, Jesús. “EZLN. 15 años”. Perfil de La Jornada, 18 de noviembre de 1998.
[13] Ídem.
[14] López Monjardín, Adriana, y Rebolledo, Dulce María. Los municipios autónomos zapatistas en Chiapas 7, Era-IIE-UNAM, México, 1999.
