Planta de amoniaco, sería un éxito para el ex candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa

Orgullo del plan nacional de desarrollo de Enrique Peña Nieto, la planta de amoniaco que es considerada por tirios y troyanos un proyecto neoliberal, se convirtió en una prioridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La falta en el noroeste del país de proyectos industriales legítimos, con los genes de la Cuarta Transformación, obligó a la Federación a apoyar el plan de construcción de la fábrica de amoniaco, la cual, a juicio de ecologistas y ambientales, traerá contaminación y muerte a la zona. La culminación de la planta sería un éxito, un triunfo, para su principal impulsor, el ex gobernador de Sinaloa y candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa.       

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Mario López Valdez (Malova) y Francisco Labastida Ochoa respaldaron planta de amoniaco en Sinaloa. Yoremes lo revierten. Al conceder un amparo a los yoremes de la bahía Ohuira, Sinaloa, por falta de consulta indígena, la Corte dejó sin efecto los permisos de la empresa Gas Petroquímica de Occidente para una planta de fertilizantes obtenidos a partir de irregularidades del entonces Gobernador Mario López Valdés y el Senador Francisco Labastida Ochoa. Deberá empezar desde cero. 

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Al norte del estado granero de Sinaloa, el entonces Gobernador Mario López Valdés y el Senador sinaloense Francisco Labastida Ochoa le facilitaron en 2013 a la empresa Gas Petroquímica de Occidente (GPO) instalar una planta de fertilizantes en el puerto de Topolobambo, donde está la bahía de Ohuira que forma parte de un sitio ramsar, donde habita la nación mayo-yoreme, comunidad que ganó un amparo ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que, antes de continuar con las obras que ya talaron 25 hectáreas de manglar, se les respete su derecho a una consulta indígena adecuada. 

La obra de 20 mil millones de pesos, que forma parte de un proyecto petroquímico de amoniaco, urea y metanol con conexión a una terminal de Pemex y un gasoducto de CFE, fue blindada por el Acuerdo Nacional de Inversión e Infraestructura impulsado por el sector empresarial. Desde septiembre de 2018, la empresa solicitó a la Semarnat hacer “improcedente” este derecho a ser consultados. Pero, determinó la Corte, ahora no podrá avanzarse antes de realizarse la consulta libre e informada. 

“Nunca hemos negado la necesidad que puedan tener los agricultores de fertilizantes, lo que siempre se ha sostenido es que Topolobampo -un sitio ramsar (2009), una categoría internacional para protección de humedales y una área sagrada para los yoremes donde habitan delfines, tortugas y aves migratorias protegidas por la NOM-059- no es el lugar indicado. Como pescadores y miembros de los pueblos originarios defenderemos nuestra Bahía, si es necesario con la vida”, afirman los yoremes, académicos y locatarios que conforman el colectivo “Aquí No”. 

Al conceder un amparo a los yoremes de la bahía Ohuira, Sinaloa, por falta de consulta indígena, la Corte dejó sin efecto los permisos de la empresa Gas Petroquímica de Occidente para una planta de fertilizantes obtenidos a partir de irregularidades del entonces Gobernador Mario López Valdés y el Senador Francisco Labastida Ochoa. Deberá empezar desde cero. 

Ante el resolutivo de la Corte (528/2018), los yoremes de Lázaro Cárdenas, Paredones y de Ohuira adelantaron sus celebraciones de la Semana Mayor, una mezcla entre la Semana Santa y sus hábitos tradicionales de pueblo originario, donde avientan cohetes, danzan, preparan el camino para Jesucristo y comen pescado frito, frijoles, tortillas de harinas y el típico guacabaqui, una cazuela de carne con vegetales que también es tradicional de su pueblo hermano, el Yaqui, del sur de Sonora. Pero este año no recibieron apoyo gubernamental, lo que atribuyeron a “represión” por ganar el amparo. 

Ante el resolutivo de la Corte (528/2018), los yoremes de Lázaro Cárdenas, Paredones y de Ohuira adelantaron sus celebraciones de la Semana Mayor, una mezcla entre la Semana Santa y sus hábitos tradicionales de pueblo originario, donde avientan cohetes, danzan, preparan el camino para Jesucristo y comen pescado frito, frijoles, tortillas de harinas y el típico guacabaqui, una cazuela de carne con vegetales que también es tradicional de su pueblo hermano, el Yaqui, del sur de Sonora. Pero este año no recibieron apoyo gubernamental, lo que atribuyeron a “represión” por ganar el amparo. 

El amparo ganado por los yoremes fue interpuesto contra la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) por autorizar el proyecto sin previamente informarles sobre sus efectos. Aunque la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) dictaminó que la planta no era viable por estar en un sitio ramsar, dos semanas después, el 7 de marzo de 2014, el entonces Secretario de Medio Ambiente Juan José Guerra Abud se reunió con representantes de la empresa; con Francisco Labastida; con el Gobernador Mario López Valdez y con el Alcalde de Ahome Arturo Duarte García. Un mes después, la Conanp dio luz verde.

“La zona del proyecto, además de estar en el polígono de un sitio ramsar, es una laguna costera de baja profundidad porque las aguas residuales agrícolas arrastran grandes cantidades de sedimento que se han ido depositando; la renovación del agua es pobre y cualquier contaminante se queda ahí mucho tiempo. Aun así mantiene sus servicios ambientales”, aseguró Diana Cecilia Escobedo Urías, directora del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional. 

Justo por esos servicios ambientales, además del amparo ganado por los yoremes por la falta de consulta indígena, comunidades de miles de pescadores de Paredones y restauranteros de Maviri se ampararon (358/2019, 630/2019, 603/2019) por el posible impacto a su fuente económica: la pesca de camarones, peces y jaibas que anidan en los manglares, que enmarcan a la bahía, rompen maremotos y almacenan dióxido de carbono. La empresa GPO pidió a la Corte que atraiga y analice el recurso. Hasta el momento, ningún ministro ha presentado un proyecto al respecto y la obra está parada. 

A la par, luego de la denuncia de una cooperativa pesquera de Paredones, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) abrió en diciembre pasado una investigación por las irregularidades en los terrenos federales donde se planea construir la planta para producir 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco. 

El 31 de mayo de 2017, la Semarnat otorgó a la empresa GPO la concesión de 12 mil metros cuadrados para uso de protección no para construcción, pero se modificó la superficie a 36 mil metros cuadrados para cercar con malla y colocar postes de iluminación, carretera y la instalación del paso de tuberías de la red contra incendio. Para ello, se removió vegetación forestal y rellenaron playas marítimas. 

Cinco años después, la Semarnat de la actual administración, debe organizar la consulta indígena en coordinación con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). 

Con información de Sinembargo