Con una reforma, diputados buscan privilegiar transgénicos sobre maíz

La agricultura y la alimentación deben ser de interés público y no un negocio, lo que ocurriría si se revive la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) en la Cámara de Diputados, advierte Leticia López Zepeda –directora ejecutiva de Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC). Agrega que este cambio legislativo pone en riesgo la diversidad del maíz mexicano.

En el marco de una política de Estado que busca la soberanía alimentaria, como lo ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, la socióloga rural por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresa que la iniciativa de reforma tiene como objetivo principal proteger los derechos del obtentor –grandes trasnacionales productoras de transgénicos– a través del Sistema Nacional de Certificación de Semillas (SNICS).

El neoliberalismo significaba la privatización de los servicios, del crédito, de financiamiento y de toda la estructura agrícola; ahora la soberanía alimentaria quiere decir el posicionamiento de los pequeños y medianos productores, explica a Contralínea la especialista en temas agroalimentarios. Agrega que esto implica que los productores retomen el control de su proceso de producción y, en consecuencia, las semillas. Sin embargo, con la reforma a la LFVV se busca proteger los derechos de las corporaciones y no de los campesinos.

La iniciativa indica que un obtentor es aquella persona física o moral que “haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad [de cualquier género y especie], sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, o sea el causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas”.

Desde el punto de vista de los productores, explica la socióloga rural López Zepeda, se encarecería todo el proceso productivo de los campesinos, porque ellos reproducen sus semillas, adaptan  variedades a las diferentes realidades regionales e intercambian semillas sin fines de lucro.

Añade que a diferencia de las corporaciones trasnacionales, “los pequeños y medianos productores no tienen este afán de lucro, de privatización, de empoderamiento; los campesinos prestan un servicio para alimentar a la población”.

Expone que esta ley de los obtentores permite a las empresas, a través del Sistema de Asociación Mexicana de Semilleros, donde estaba Bayer-Monsanto, apropiarse de las variedades de todo ese recurso milenario. Acusa que hay “personal de gobierno atendiendo los intereses de todas estas trasnacionales”. La cabeza de éstos, afirma, es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos.

Por ello, advierte que de aprobarse la reforma, ésta les permitirá que “se apropien de todo el recurso genético”. La directora Ejecutiva de ANEC denuncia que la iniciativa establece en su artículo 4 una serie de prebendas a los obtentores, en donde les dan derechos de producción, reproducción o multiplicación; la preparación para fines de reproducción; la oferta en venta, la venta o cualquier otra forma de comercialización; así como la exportación, importación.

“Esta ley es todo un compendio de cómo favorecer a los obtentores. Y sobre la investigación, es tan perverso y nos quieren engañar, porque el argumento es ‘no hay investigación en México, se ha visto muy mermada’, pues sí, porque el neoliberalismo y la privatización le otorgó todos los apoyos a las empresas privadas para hacer la investigación”, acusa.

Indica que el secretario Villalobos participó directamente en el proceso de privatización porque fue subsecretario en administraciones anteriores del PRI y del PAN; además, estuvo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como representante de biotecnología. “Es adicto a la biotecnología y a todo el negocio de las semillas”, señala la directora de ANEC que aglutina a más de 100 organizaciones campesinas.

Contradicciones en el gabinete

La experta en temas del campo mexicano expone que desafortunadamente hay contradicciones en el gabinete de presidente de la República, quien ha apostado por los más pobres de este país. No así, algunos de sus funcionarios. Además del secretario Villalobos, señala a la cúpula del SNICS. “¿Qué pasa?, ¿en verdad estos funcionarios han entendido lo que es la cuarta transformación y lo que propone el gobierno?, ¿lo qué es soberanía alimentaria o lo que implica el decreto del glifosato?, ¿en verdad ellos están trabajando en la Ley General de Alimentación que se está impulsando?, ¿en verdad ellos están trabajando para el presidente?

Por ello, llama a los diputados que se abran al debate y a la consulta pública. “Los obtentores que ponen una ley que criminaliza la comercialización de la difusión de lo que dio origen del maíz y otras variedades nativas de centro de origen en México, se las queremos entregar y regalar a las grandes empresas transnacionales para que hagan negocio en nuestro país y le quitemos esta posibilidad de alcanzar la soberanía alimentaria”.

Acusa que quienes están impulsando esta iniciativa son las empresas extranjeras y la Asociación Mexicana de Semilleros. “Es la historia que vivimos los que impulsan las leyes, lo estamos viendo con la reforma eléctrica: los cabilderos”, dice en entrevista.

Diálogo con las comunidades

Para la directora Ejecutiva de ANEC, el presidente debería promover un diálogo profundo e impedir que avancen este tipo de acciones que van en contra de lo que él mismo ha propuesto en sus compromisos de campaña.

“Se requiere investigación sobre estos maíces, pero con los campesinos, con las comunidades, con los que son dueños, con los que han regalado al mundo [esta sabiduría] sin intentar patentarla, privatizarla. Al mundo entero regalamos, son un bien común que no tiene por qué ser objeto de la privatización. Necesitamos presionar para que el secretario entienda que pertenece a un gobierno que ha proclamado la soberanía alimentaria.”

Agrega que no sólo Villalobos, sino funcionarios de todas las “secretarías que están muy comprometidas con el T-MEC [Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá], con los tratados internacionales, y que no están comprometidos con la soberanía nacional, con los derechos humanos y con la necesidad de generar una alimentación sana”.

Y es que en este caso, el riesgo para México no sólo es el uso de semillas genéticamente modificadas, sino que éstas implican uso de pesticidas tóxicos. “Van pegadas a todo un paquete tecnológico de agroquímicos, de alimentación artificial externa. Necesitamos un nuevo sistema agroalimentario y nutricional y es un cambio profundo, de discusión, en donde se tienen que ver presupuestos y donde se tiene que materializar el decreto contra la prohibición del glifosato, del cual Bayer es el gran productor”, comenta la socióloga rural.

La especialista llama a los legisladores a que “no se dejen presionar para aprobar en lo inmediato esta ley. Que abran un periodo de consulta, que escuchen a todas las voces, que se debata contra las visiones de los que ven en la agrobiotecnología la única vía para alcanzar en manos de privados, la soberanía alimentaria. Que llamen al diálogo al secretario de Agricultura para que exponga sus verdaderas razones: el pueblo o las empresas de obtentores que buscan la obtención de nuestras variadas vegetales”.

Además, dice, se requiere de inversiones para la producción de bio-insumos alternativos a todos estos agroquímicos, de capacitación, de asistencia técnica, que lo vean de manera integral y no separada. “Hay una iniciativa para la autoproducción de bio insumos orgánicos. Esta Ley General de Alimentación del reglamento interno de la Ley de Maíz y toda una serie de leyes, tienen que verse de manera integral con un diálogo”.

Con información de Contralínea