El negocio de desacreditar la Universidad Pública
Alvaro Aragón Ayala
La disputa por la educación superior en México mutó en una guerra por el mercado de las mentes y los bolsillos. Detrás de las portadas, los noticieros y las campañas de desprestigio que pintan a las universidades públicas como antros permanentes de crisis, huelgas y despilfarro, no hay un afán de rigor periodístico. Hay una estrategia perfectamente calculada de demolición institucional ejercida por los dueños del dinero y de la tinta.
Los barones de los medios de comunicación en México rara vez limitan su apetito al negocio de la información. Esos mismos apellidos que controlan los periódicos y los canales de televisión son los rostros detrás de poderosas inmobiliarias, sociedades mercantiles, extensos campos agrícolas y emporios agroindustriales. Para este oligopolio diversificado, la comunicación no es un servicio civil, sino un escudo para proteger sus inversiones y un mazo para golpear lo que les estorba. Y la universidad pública les estorba profundamente.
Mientras que las instituciones de educacion pública superior buscan romper la cadena histórica de marginación, capacitar al hijo del obrero, el campesinos, y formar ciudadanos con pensamiento crítico, los conglomerados empresariales ven a la juventud bajo una óptica mefistofélica, no como muchachos que hay rescatar y educar, sino como fuentes de ingresos listas para ser ordeñadas.
El mecanismo opera con una hipocresía que sobrepasa el escándalo ya que por un lado, los medios de estos empresarios y inventan escenarios para dibujar escuelas “destruidas” y sobredimensionan cualquier conflicto interno de las instituciones para inocular en la sociedad la falsa narrativa del fracaso de la educación pública. Por el otro, callan con complicidad criminal los abusos, fraudes financieros, despidos injustificados y carencias académicas de las universidades privadas.
En este tipo de ejercicio “periodístico” no hay ni ética, ni rigor ni neutralidad informativa; hay un burdo conflicto de interés, pues
obedecen al pago de espacios o pautas comerciales. Las escuelas privadas saturan las finanzas de estos medios con millonarias campañas de publicidad para licenciaturas, maestrías y diplomados. A los clientes no se les cuestiona; se les protege.
Al intentar de manera persistente de demoler el prestigio del sector público educativo, obligan a las familias trabajadoras a endeudarse y ver a la educación privada como la “única alternativa viable” para sus hijos.
El ensañamiento contra la universidad pública responde a una lógica de mercado feroz. Una universidad pública fuerte reduce las barreras económicas y le arranca clientes potenciales a las mafias de la educación privada. Por eso la atacan. Quieren desmantelar el principal motor de movilidad social del país para convertir un derecho Constitucional en una mercancía de lujo.
Es urgente desnudar los hilos de esta manipulación y señalar con nombre y apellido a los accionistas que usan sus periódicos para pretender quebrar el futuro de miles y miles de jóvenes. La batalla por la educación superior mexicana no se decide en los laboratorios, sino en la resistencia contra quienes pretenden cambiar las aulas públicas por cotos de poder y “fábricas” de mano de obra barata.
