Berzahí Osuna desató el canibalismo, el divisionismo y la disputa política en la Asociación de Jubilados de la UAS
Richard Lizárraga Peiro
Lo que comenzó como un movimiento de supuesta inconformidad por los descuentos aplicados a la jubilación dinámica terminó convertido en una auténtica hoguera de vanidades: una batalla interna marcada por el canibalismo, el golpeteo por encima y por abajo de la mesa y la disputa por el control político, jurídico y mediático de un sector de jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) que se niegan a pagar cuotas al Fideicomiso Pro-Jubilación. La fractura en el gremio ya es total e inocultable.
La rispidez y la división ya no se produce entre los jubilados y las autoridades universitarias; el verdadero conflicto mutó y se trasladó al interior de la propia Asociación de Jubilados, donde afloran con violencia los desacuerdos sobre la conducción del movimiento, el manejo opaco de las estrategias legales, la administración de las cuotas de representación y el burdo uso político-electoral de una causa que originalmente fue disfrazada como defensa laboral.
Hace apenas unos meses, la disputa se concentraba en la competencia rapaz entre despachos jurídicos por captar jubilados y engancharlos en litigios. Por un lado apareció el despacho Manfrees, S.C., encabezado por Martín Juárez Ibarra —ligado al Frente Opositor Democrático de Marco Antonio Medrano—, y por el otro, el bufete de Berzahí Osuna Enciso & Asociados, cobijado por la dirigencia formal de Florina García Bórquez, detonando un descarado reclutamiento donde el dinero de los pensionados corre en forma de cuotas.
Ambos despachos ofrecían quimeras distintas para alcanzar el mismo callejón sin salida: impedir las aportaciones al fideicomiso de jubilación por la vía judicial. Mientras Manfrees cobraba por tramitar amparos inviables ante los Juzgados de Distrito, el bufete de Berzahí Osuna cobraba una cuota inicial de 300 pesos por recibir documentos y mantiene un goteo de 100 pesos por jubilado bajo la promesa de resolver el caso en los tribunales laborales; sin embargo, el tiempo y la ley terminaron por sepultar esa narrativa.
Los amparos promovidos en Mazatlán y Los Mochis ya escalaron hasta los Tribunales Colegiados de Circuito, donde recibieron un rotundo portazo legal que determinó la total improcedencia de las suspensiones. En Mazatlán, el Colegiado fue contundente al resolver que la UAS ni siquiera es una entidad facultada ni creada para pagar jubilaciones y pensiones en los términos de los sistemas públicos de seguridad social, dejando a los litigantes desarmados y con los bolsillos llenos a costa del engaño.
El verdadero factor de encono y división interna tiene nombre y apellido: el abogado Berzahí Osuna Enciso, quien actuando como factótum y alter ego de Florina García Bórquez, terminó por “absorberle el seso” a la dirigencia y se asumió como líder de facto de la Asociación. Este protagonismo desmedido desató un feroz proceso de canibalismo entre los socios de las regiones sur, centro y norte del estado, quienes exigen frenar al abogado, demandando que se limite a la defensa técnica, que obedezca a las bases y que deje de tomar decisiones por encima de los trabajadores en retiro.
El enojo de las bases escaló ante los constantes insultos, desplantes y declaraciones retadoras de Berzahí Osuna en contra del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el partido Morena y sus candidatos. El colmo del autoritarismo del litigante ocurrió cuando regañó públicamente a un grupo de jubilados que se entrevistaron con la senadora -hoy con licencia- Imelda Castro Castro para pedir institucionalmente su apoyo, evidenciando que el abogado no busca justicia, sino la ruptura y la confrontación.
Los propios jubilados han denunciado con amargura que se les está instrumentalizando de forma perversa, utilizándolos como carne de cañón para armar una corriente de choque opositora en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y los candidatos de la Cuarta Transformación. Lo que debió ser un comité de defensa económica fue groseramente secuestrado por Osuna Enciso para convertirlo en un satélite de agitación electoral, traicionando la confianza de los pensionados.
El engaño cobra forma de “estafa jurídica”: los despachos elaboran expedientes sin materia legal para intentar enganchar a los jueces en posibles fraudes procesales en perjuicio de la Universidad y del erario público federal. Mantener los casos artificialmente “vivos” en los tribunales mediante “trámites falsos” o supuestos gastos de asesoría constituye un abuso del derecho, una falta de ética y un lucro con la necesidad, incurriendo en una flagrante temeridad y malicia procesal a sabiendas de que no hay fundamento legal.
Ninguna ruta jurídica favorecerá a los inconformes, pues el marco constitucional ha quedado blindado. El artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es tajante: solo se respetarán las jubilaciones adicionales, extras o complementarias que se sustenten explícitamente en aportaciones previas de los propios trabajadores a través de Fondos y Fideicomisos; reclamar una doble jubilación dinámica-universitaria sin aportar un solo centavo es, constitucionalmente, una aberración.
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son vinculantes y sientan jurisprudencia obligatoria. Recientemente, la Segunda Sala emitió un fallo definitivo que prohíbe la duplicidad de pagos a pensionados del IMSS que pretendían cobrar de forma paralela la pensión de vejez del régimen obligatorio, determinando que otorgar una prestación extralegal de esa naturaleza constituiría un doble pago injustificado por el mismo concepto de retiro.
La puntilla judicial contra este movimiento la dio la ministra Lenia Batres Guadarrama en la sentencia del Amparo Directo en Revisión 95/2024. En dicho fallo de la Segunda Sala se precisó que la jubilación universitaria es una prestación netamente extralegal, por lo que es “objetivo y razonable establecer aportaciones a Fideicomisos o Fondos aun a cargo de personas jubiladas, a fin de preservar las prerrogativas de las que gozan”, declarando plenamente constitucional el descuento a activos y jubilados para dar viabilidad financiera al sistema.
La realidad es trágica para los defraudados ya que mientras la Asociación de Jubilados se consume en el canibalismo interno, el golpeteo de facciones y las reprimendas públicas de su abogado-líder, la realidad judicial avanza en sentido opuesto a las mentiras que les vendieron. Los criterios de la Corte y las reformas constitucionales han sepultado las promesas de triunfos jurídicos que hoy aparecen más lejanas que nunca.
La mayor amenaza para este movimiento ya no proviene de los tribunales, proviene de sus propias contradicciones e intereses ocultos. Cuando una causa legítima de trabajadores en retiro se entrega al secuestro de un abogado protagónico como Berzahí Osuna para lucrar económicamente y golpear políticamente en tiempos electorales, el riesgo de la fractura desaparece: se convierte en una consumada y vergonzosa realidad.
