Alue-Do, la violencia no es cultura
Detrás de toda tradición hay relaciones de poder que determinan quién se beneficia y quién asume los costos.
Sofía Constanza Ortega Suárez y Laura Zamudio González
En la ciudad de Ozoro, al sur de Nigeria, se celebra cada año el festival Alue-Do, un rito ancestral del pueblo Isoko —un grupo etnolingüístico de más de dos millones de personas— para conmemorar la fertilidad y la continuidad de la comunidad. Este año, sin embargo, la celebración derivó en una ola de agresiones contra mujeres y niñas que sacudió las redes sociales locales y obligó a las autoridades a intervenir.
Pese a la gravedad de los hechos, la noticia pasó casi desapercibida en la agenda internacional, opacada por conflictos geopolíticos de mayor visibilidad. El festival fue posteriormente prohibido y algunos líderes comunitarios atribuyeron la violencia a “malinterpretaciones” por parte de jóvenes participantes. Pero esa explicación, lejos de aclarar, revela un problema más profundo.
Como ha señalado la especialista en género y ex primera dama del estado de Ekiti, Bisi Adeleye-Fayemi, el festival Alue-Do nunca ha sido concebido teniendo en cuenta la dignidad de las mujeres. Esto obliga a ir más allá de la narrativa del “exceso individual” y cuestionar las propias condiciones estructurales del evento: prácticas, reglas y significados que normalizan —o incluso habilitan— la violencia.
El caso abre preguntas incómodas pero necesarias: ¿dónde termina la tradición y comienza la violencia? ¿Puede la cultura justificar la vulneración de derechos? ¿Cómo resolver la tensión entre el relativismo cultural y la existencia de estándares mínimos universales de dignidad?
La respuesta, al menos en el plano normativo, es clara. Nigeria es Estado parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que obliga a los gobiernos a modificar patrones socioculturales basados en la inferioridad o subordinación de las mujeres. A nivel regional, el Protocolo de Maputo refuerza también este mandato al exigir la eliminación de prácticas nocivas y la transformación de creencias que legitiman la violencia, independientemente de su carácter ancestral. Y, finalmente, Naciones Unidas define las prácticas nocivas como aquellas costumbres que dañan la salud, la integridad o los derechos de mujeres y niñas. Pero más allá de las definiciones, el caso Alue-Do nos recuerda que detrás de toda tradición hay relaciones de poder que determinan quién se beneficia y quién asume los costos.
Evidentemente, el problema de fondo es que el reconocimiento jurídico no siempre se traduce en procesos de transformación social. Tradiciones como el Alue-Do operan dentro de estructuras que condicionan el comportamiento: por ejemplo, al establecer que las mujeres deben evitar ciertos espacios para no ser agredidas, se desplaza la responsabilidad de la violencia hacia las víctimas. Este tipo de dinámicas constituye lo que se conoce como violencia estructural: no solo actos individuales, sino sistemas de normas y prácticas que hacen posible —y en ocasiones previsible— la agresión.
Prohibir un festival o sancionar a los responsables es, sin duda, un paso necesario, pero insuficiente. Si no se cuestionan las normas sociales que sostienen esas prácticas, el problema reaparece en otras formas. La disyuntiva, por tanto, no es entre preservar la cultura o eliminarla, sino entre reproducir tradiciones acríticamente o transformarlas a la luz de principios básicos de dignidad humana.
Tal vez esa sea la pregunta de fondo que deberíamos hacernos no solo frente a otras culturas, sino también ante las propias: ¿qué prácticas seguimos llamando “tradición” cuando, en realidad, perpetúan la desigualdad?
Desde los estudios internacionales, este tipo de casos nos recuerda que no se trata solo de un choque entre culturas y derechos, sino de entender cómo cambian las normas en el mundo. Las reglas internacionales no caen del cielo ni son completamente ajenas a las sociedades: se construyen, se negocian y, también se cuestionan desde distintos contextos. Por eso, el reto no es imponer modelos externos ni aceptar cualquier práctica en nombre de la tradición, sino encontrar caminos para transformar lo que daña sin borrar lo que da identidad. Los estudios internacionales ayudan a ver ese punto intermedio: uno donde se respeta la diversidad, pero se ponen límites claros cuando se vulnera la dignidad de las personas. Porque al final, cuando están en juego la seguridad y los derechos de mujeres y niñas, no estamos hablando solo de cultura, sino de justicia.
