La narcoviolencia no se frenó, sólo se transformó: analistas
Rodrigo Hernández López
Bajo el mandato de Claudia Sheinbaum los hechos de violencia no han desaparecido en el país; se ha reconfigurado. Los homicidios dolosos bajaron 37%, según datos oficiales, pero analistas independientes cuestionan la cifra alertando de un subregistro que oculta 25 mil 712 muertes violentas en su primer año de gestión.
En 2025 el crimen organizado generó entre 3 y 5% del PIB, unos 50 mil millones de dólares diversificados en minería ilegal, extorsión y remesas “sucias”. A su vez, el Departamento del Tesoro alertó en este diciembre sobre 51 mil millones de dólares en remesas mexicanas, de las cuales hasta 10% podrían ser blanqueadas con las ganancias del narco vía casas de cambio en Tijuana y Ciudad Juárez.
Además, un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de junio último, advierte que el narcotráfico genera 12.1 mil millones de dólares anuales en México, flujo que inunda economías locales, pero devora comunidades: en Culiacán, la capital sinaloense, la guerra interna ha sangrado el PIB local en 15% desde mayo pasado, con comercios cerrados y familias huyendo.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), bajo el mando del Mencho, ha expandido su huella transnacional: en noviembre último la Policía Nacional española desarticuló una “oficina” del grupo en Madrid y detuvo a 20 personas que lavaban ganancias de cocaína y metanfetaminas.

En Costa Rica cuatro ligados al Cártel de Sinaloa fueron capturados el 11 de diciembre último en un hotel de San José, con rutas que conectan con plantaciones guatemaltecas a puertos mexicanos.
Esos eventos ilustran la reconfiguración del narcotráfico: de un modelo vertical de los noventa, dominado por capos como Amado Carrillo, a uno horizontal y diversificado.
El rey de los narcóticos
El fentanilo, no la cocaína, es el rey de los estupefacientes. El Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito advierte que su producción en México se ha triplicado desde 2020, impulsada por precursores chinos y laboratorios clandestinos en Sonora y Chihuahua.
México ocupa el tercer lugar mundial en criminalidad organizada, expone el Índice Global de Criminalidad 2025, por la infiltración de narcos en elecciones y burocracias.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en un operativo de septiembre último, decomisó 500 kilos de metanfetamina y arrestó a 670 presuntos integrantes del CJNG y de Sinaloa revelando cómo estos flujos financian campañas políticas y construyen “ciudades narco” en localidades como Badiraguato, Sinaloa.
Pero el costo es asimétrico: mientras los capos acumulan, comunidades como las de Chiapas pierden 20% de su ingreso por extorsiones, de acuerdo con el Banco Mundial.

La reconfiguración acelera lo siguiente: el giro al fentanilo, más barato y letal, ha democratizado el narcotráfico, ahora involucra a independientes, pero concentra riqueza en facciones como Los Chapitos, que controlan 60% de la producción en el Triángulo Dorado.
Hacia 2026 los retos se agudizan en un horizonte binacional. Para el gobierno de Sheinbaum el principal riesgo es la escalada de la violencia al interior del país. La organización no gubernamental ACLED, con sede en Estados Unidos, adelanta que la sentencia aplazada del Mayo Zambada para el 13 de abril desatará guerras sucesorias en Sinaloa, con proyecciones de un 25% más de violencia en el noroeste del territorio nacional.
Económicamente, el gobierno de Sheinbaum enfrenta la presión de Donald Trump, quien en enero último congeló 109 millones de dólares en ayuda contra el narco y su amenaza con sanciones a bancos y remesas potencialmente impactarían cerca de 2% al PIB.
Además, en noviembre pasado la Casa Blanca insistió en intervenciones militares en su lucha contra los cárteles terroristas como “promesa al pueblo americano”.

De igual manera, Trump presiona por un “2026 de combate o consecuencias”, con sanciones contra 23 países, incluido México.
Analistas como los del think tank Insight Crime advierten que las acciones del gobierno estadunidense tienen el potencial para radicalizar facciones de los cárteles, impulsando alianzas con grupos centroamericanos, donde las organizaciones criminales que operan en Michoacán, Sinaloa y Chihuahua liderarán en presencia.
