Periodistas bajo asedio: riesgo e impunidad en México y el mundo
Mireya Márquez Ramírez
El ejercicio del periodismo a nivel global está marcado por una doble amenaza: la intensificación de las agresiones psicológicas y digitales, y una fragilidad estructural que afecta la independencia y seguridad de estos profesionales. Recientemente se lanzó el informe sobre la encuesta mundial a periodistas Worlds of Journalism (WJS3), el esfuerzo colaborativo más exhaustivo en la investigación académica sobre este tema que se haya realizado en el mundo hasta la fecha.
Los resultados ofrecen una visión panorámica y por país sobre, entre otros aspectos, las condiciones de riesgo de los periodistas en el mundo: 32,354 participantes en 75 países respondieron a la encuesta. En México, varios investigadores aplicamos el estudio, cuyos resultados le habíamos adelantado en este espacio. Pero aún hacía falta tener el panorama completo y regional para poner a México en contexto.
La lectura global más importante de este informe deja ver que la seguridad de los periodistas es un concepto multidimensional, que abarca amenazas físicas, psicológicas, digitales y financieras, con una marcada disparidad entre el Norte y el Sur Global. Esta preocupación es en particular aguda en América Latina, donde la sensación de impunidad es casi total, contrastable con la relativa seguridad en países como Dinamarca o Noruega. Por ejemplo, en el ranking mundial de seguridad de periodistas, México ocupa los últimos lugares de la lista de 75 países: el 69 en seguridad física, el 61 en seguridad psicológica, el 56 en seguridad digital y el 55 en seguridad financiera. Son resultados desalentadores.
La forma de ataque más común a escala global es el discurso de odio, reportado por el 72% de los periodistas encuestados en promedio. En América Latina, esta cifra se dispara, para ser un fenómeno masivo que afecta al 86.2% de periodistas en Brasil, al 81.9% en Argentina, al 81.4% en Venezuela y al 75.8% en México. A la anterior agresión se suma el descrédito público, experimentado por el 63.4% de los profesionales de la información a nivel mundial, una cifra que en la región supera el 82.9% en Brasil y el 75.5% en Argentina, mientras que en México alcanza el 65.6%. Las dos anteriores se complementan con el cuestionamiento de sus principios morales, que si bien afecta al 47.7% de los comunicadores del orbe, es padecido por el 69.3% en Brasil y el 63.0% en Argentina. Con 52.7%, México no punteó entre los primeros en esta agresión.
Junto a la violencia psicológica antes mencionada, los riesgos digitales evidencian un control creciente sobre la prensa. La vigilancia, reportada en promedio por el 40.9% de los encuestados en el mundo, es una práctica más extendida en la región latinoamericana, con Brasil (73.6%), Venezuela (60.1%) y México (49.4%) a la cabeza. Asimismo, el hackeo o bloqueo de cuentas, con una media global del 29.9%, impacta fuertemente a los comunicadores venezolanos (56.0%) y colombianos (39.7%). Las amenazas físicas, aunque menos comunes que las psicológicas, son graves en la región, hasta tal punto que las agresiones físicas alcanzan el 34.7% en Bolivia y el 28.1% en Venezuela. La coerción también se usa de forma significativa en Brasil (42.4%) y Venezuela (41.2%), muy por encima del 26.4% del promedio global.
Más allá de registros y cifras, la preocupación subyacente en toda la región es la impunidad, el temor a que los agresores queden sin castigo, lo que coincide con la principal inquietud global. Sin embargo, los periodistas latinoamericanos son los que más resienten esta amenaza, con México en primer lugar, seguido muy de cerca por Brasil, El Salvador, Venezuela, Bolivia y Perú. En consecuencia, esta certeza de impunidad obliga a los profesionales a adoptar medidas de autoprotección.
¿Cómo resisten y se protegen los periodistas ante el riesgo? Un aspecto preocupante es la autocensura, tercera medida de autoprotección más empleada globalmente (36.5%). Países como El Salvador (58.7%) o México (55.1%) muestran niveles extremos de autocensura, lo que podría reflejar la adaptación resignada de los periodistas en entornos de alto riesgo, polarización política o temor a ser atacados.
Ante este panorama, los encuestados raramente confían en las estructuras de poder: a nivel planetario, solo el 13.6% de quienes sufrieron amenazas, buscó el apoyo de autoridades gubernamentales. La ayuda proviene en lo fundamental de otros colegas (68.3%) y de sus organizaciones de noticias (58.9%). No obstante, Venezuela emerge como una excepción regional donde el 63.8% reportó haber buscado protección gubernamental. Tan alarmante se presenta el panorama, que la seguridad de los periodistas en América Latina –confirma WJS3– está comprometida por un ciclo de violencia psicológica, digital y física facilitado por la impunidad, lo que obliga a los profesionales a ejercer bajo un estado de alerta y autoprotección constantes.
Por ello, independientemente de las agresiones físicas y digitales, la encuesta documenta el profundo impacto que las amenazas y la impunidad tienen en el bienestar mental y la seguridad laboral de los periodistas en todo el mundo, aunque resulta un problema, en específico, grave en América Latina.
Por ejemplo, la preocupación por el bienestar emocional y mental es una de las inquietudes más significativas a escala mundial. En América Latina las cifras son dramáticas, lo que refleja el estrés inherente a la cobertura en contextos de alto riesgo e impunidad. Brasil registra los promedios más altos de preocupación, seguido de cerca por El Salvador, Perú, Venezuela y México.
Además, el miedo a la precariedad económica se materializa en la preocupación por perder el trabajo en los próximos 12 meses, y se manifiesta notablemente más alto en países como Ecuador, Venezuela, México, Brasil y Colombia, reflejando la fragilidad institucional de las estructuras laborales de los medios informativos en la región. Estos datos sugieren que la crisis del periodismo en América Latina es una espiral que combina la violencia externa con la inestabilidad interna y el deterioro de la salud mental de sus profesionales.
De este modo, la crisis de seguridad y bienestar en torno a los periodistas de Latinoamérica no es sólo un problema gremial, sino una amenaza directa a la calidad de nuestra democracia y a nuestra capacidad de tomar decisiones informadas. Cuando casi el noventa por ciento de los periodistas en Brasil o tres cuartos de los de México sufren de discursos de odio, o cuando el 98.2% de los profesionales mexicanos teme a la impunidad de sus agresores, el costo real equivale al silencio que impone la autocensura. Los ciudadanos perdemos acceso a la información crítica sobre el crimen organizado, la corrupción y el abuso de poder, temas vitales para la fiscalización pública. No cabe duda de que un periodismo bajo coerción y miedo a la impunidad es incapaz de cumplir su rol de contrapeso, y deja al mismo tiempo a la ciudadanía vulnerable y desinformada.
