Crisis México-Perú, herencia de AMLO que tensa a América Latina
Rafael Croda
Sectores políticos y académicos de Perú atribuyen el rompimiento de relaciones diplomáticas con México, anunciado el 3 de noviembre último, a la “política injerencista” en asuntos internos de otros países que le heredó el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a su sucesora y copartidaria, la presidenta Claudia Sheinbaum.
El internacionalista de la Universidad Católica del Perú, Oscar Vidarte Arévalo, dice a Proceso que la percepción general en su país es que existe “una continuidad” entre la política de López Obrador de respaldar al exmandatario izquierdista Pedro Castillo tras la fallida intentona golpista que éste protagonizó a finales de 2022, y la decisión de Sheinbaum de dar asilo político a la e primera ministra Betssy Chávez.
El lunes pasado, Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México luego de que Chávez, una figura central en el gobierno de Castillo, decidiera refugiarse en la Embajada mexicana en Lima y de que Sheinbaum le concediera asilo político.
Vidarte Arévalo recuerda que el argumento de Sheinbaum para dar asilo a Chávez es que Castillo, un campesino y profesor rural, fue depuesto el 7 de diciembre de 2022 mediante un golpe de Estado perpetrado por una elite económica y política racista, “la misma narrativa de López Obrador”.
El académico dice que él y muchos expertos peruanos en política exterior pensaron que la llegada de Sheinbaum a la Presidencia de México podría producir un giro en las relaciones bilaterales con Perú, después de los desencuentros por la destitución y sometimiento a juicio de Castillo.
“Pero no fue así, rápidamente vimos que Sheinbaum sigue la misma línea de López Obrador”, asegura el maestro en relaciones internacionales y doctor en ciencia política y gobierno de la Universidad Católica del Perú.
En diciembre de 2022, tras intentar disolver el Congreso e intervenir los tribunales de justicia y la Fiscalía, Castillo fue depuesto como presidente por el Congreso y capturado por la policía cuando se trasladaba a la Embajada de México en Lima para refugiarse. Tanto él como su exprimera ministra, Betssy Chávez, fueron sometidos a procesos judiciales por rebelión.
López Obrador nunca reconoció a la sucesora del exgobernante, Dina Boluarte, a la que llamó “espuria” y quien el mes pasado también fue depuesta por el Congreso.
El presidente de Perú, José Jerí, defendió la decisión de romper las relaciones diplomáticas con México por “las reiteradas ocasiones en las que el gobierno mexicano intervino en asuntos internos de nuestra nación”, lo que incluye a los gobiernos de López Obrador (2018-2024) y de Sheinbaum.
El canciller peruano, Hugo de Zela, dijo incluso que la ruptura de relaciones no sólo fue por el asilo otorgado a Chávez, sino “teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que la actual y el anterior presidente de ese país (Sheinbaum y López Obrador, respectivamente) han intervenido en los asuntos internos del Perú”.
Las mayorías derechistas del Congreso peruano impulsaron el 6 de noviembre último una resolución que declaró persona non grata a la presidenta Sheinbaum, lo que profundizó el conflicto diplomático.
Polarización ideológica
La maestra en estudios latinoamericanos María Zuluaga dice que las crecientes tensiones entre Perú y México reflejan la creciente división entre los gobiernos progresistas y conservadores en la región, lo que tiene un impacto en la cooperación multilateral y en la articulación de una agenda común frente a asuntos como las agresivas políticas comercial, migratoria y antidrogas del mandatario estadunidense, Donald Trump.
En ese sentido, expone, la ruptura Perú–México no es sólo un conflicto bilateral sino un síntoma de la incapacidad latinoamericana para construir una voz común frente a actores globales.
En el contexto de las políticas agresivas de Trump, esta fragmentación debilita la soberanía regional, la defensa de los migrantes y la capacidad de negociación comercial, asegura la experta.
Y dice que, más de las implicaciones de esta ruptura para la región y para la relación bilateral, en Perú “existe una molestia generalizada en los círculos políticos, que son mayoritariamente conservadores, por la actitud injerencista de López Obrador y, ahora, de Claudia Sheinbaum”.
También, señala, porque si bien Castillo tiene aún un sector que lo apoya (la cuarta parte de los peruanos, según encuestas, entre ellos los grupos más vulnerables de la sociedad), la mayoría lo considera un presidente incompetente que abusó del poder.
Betssy Chávez y el expresidente Castillo están enjuiciados por el presunto delito de rebelión. La fiscalía pide 25 años de prisión para ella por haber participado, como expresidenta del Consejo de Ministros, en el plan golpista del exmandatario.
Parta el internacionalista Oscar Vidarte Arévalo, Chávez no es una perseguida política y debería afrontar el proceso judicial en su contra, “pero también entiendo que el derecho internacional permite que un país brinde asilo a otra persona, y eso hay que respetarlo”.
El profesor coincide en que en Perú “hay mucha molestia, al margen del tema jurídico, con la narrativa de los gobiernos de México respecto del intento de golpe de Estado del presidente Castillo, que sin duda ocurrió”.
El internacionalista señala que sí es verdad que durante el corto gobierno de Castillo (2021-2022), desde la derecha peruana, que es muy poco democrática, buscaron desde el primer momento sacarlo del poder y creo que había un trasfondo racista contra un presidente de origen campesino y del interior del país”.
En ese sentido, dice:
Hay ciertos elementos en la narrativa de López Obrador y de Sheinbaum que son verdad, pero llamar a Castillo un perseguido político también es complejo, porque él está siendo procesado por rebelión, producto de un intento de golpe de Estado, y esa parte de la historia creo que el gobierno mexicano la omite.
Betssy Chávez estuvo recluida entre junio de 2023 y septiembre último, cuando el Tribunal Constitucional le concedió libertad condicional para afrontar su juicio. Ella aprovechó su excarcelación para refugiarse en la Embajada mexicana en Lima el lunes pasado y la cancillería estudia concederle un salvoconducto para que viaje a México.
El juicio contra Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 se encuentra en su etapa final. El jueves pasado la Fiscalía pidió aplicarle una condena de 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Lo cierto es que el 7 de diciembre de 2022, en medio de una crisis política que parecía conducir a su destitución por parte del Congreso, Castillo anunció la disolución del Legislativo, la intervención de los tribunales de Justicia y la Fiscalía y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Esto, sin tener facultades legales para ello.
En respuesta, el Congreso destituyó a Castillo por cargos de intentar un golpe de Estado, lo que fue acatado por las Fuerzas Armadas.
