Falta de acuerdos con telefónicas impide alertas tempranas efectivas: Dr. Rodolfo Lacy

El doctor Rodolfo Lacy, experto en ciencias e ingeniería ambiental, advirtió sobre la urgencia de fortalecer los sistemas de adaptación climática y alerta temprana, y señaló que el actual enfoque del presupuesto federal está desviado de las prioridades reales para proteger a la población ante fenómenos extremos.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Lacy criticó que, aunque el Presupuesto de Egresos de la Federación incluye un anexo climático, este ha sido debilitado y está siendo utilizado para financiar proyectos que no están directamente relacionados con el combate o la adaptación al cambio climático.
“Ha habido recortes importantes en el anexo climático; hay más dinero destinado a las inversiones de la Defensa, en el Tren Maya, en Pemex, en otros rubros que tal vez pudieran ser importantes, pero que no deberían estar en el ámbito del desarrollo climático”, sostuvo.
En contraste, subrayó que la prioridad presupuestal debería centrarse en infraestructura de protección para comunidades vulnerables a inundaciones. “Cada vez que una ciudad se inunda, como en este caso Poza Rica, por ejemplo, o Tapachula, o Tula, se tienen que hacer las infraestructuras para que no vuelva a ocurrir lo mismo”, dijo, añadiendo que lo mismo aplica para otras zonas afectadas como Acapulco o Villahermosa.
“El presupuesto tiene que incrementarse porque, como decíamos, cada vez hay más fenómenos de esta naturaleza”, insistió.
Alerta temprana bloqueada por intereses comerciales
Lacy señaló que los sistemas de alerta temprana ya pueden contar con información suficiente, tanto de estaciones nacionales como de satélites y fuentes internacionales, pero que su funcionamiento está condicionado por el modelo de negocio de las empresas de telefonía celular.
“¿Por qué no la difunde? Porque los sistemas de telefonía celular son un negocio. Entonces, cada alerta es tiempo, o recursos energéticos, recursos informáticos, que cuestan. Y se resisten estas empresas en México”, denunció.
Aunque en países como Estados Unidos y diversas naciones europeas ya existen convenios entre gobiernos y empresas para garantizar el envío de alertas de manera universal y personalizada, en México aún no se concreta ese acuerdo.
“El Estado, que ahorita es tan fuerte, debería prácticamente hacer las negociaciones adecuadas para que las empresas de telefonía difundan la información en tiempo y forma”, dijo, subrayando que este sistema es clave no solo para prevenir pérdidas materiales, sino para salvar vidas.
“Los celulares mandan una señal, son como la caja negra de un avión”
Además del envío de alertas, el doctor Lacy expuso que en contextos de emergencias y desapariciones, la geolocalización de celulares podría ser crucial para operaciones de rescate. Sin embargo, advirtió que esa información permanece fuera del alcance de las autoridades si no existe un marco legal y operativo que obligue a las telefónicas a entregarla de inmediato.
“Si yo fuera un familiar de un estudiante desaparecido, yo diría: ‘¿Dónde está el celular? ¿Dónde está la señal del celular?’”, planteó, y cuestionó que no se aproveche esa capacidad tecnológica en momentos críticos.
Aunque un dispositivo haya dejado de funcionar, la última señal enviada podría ofrecer pistas valiosas. “Esa información, en un periodo de emergencia de esta naturaleza, debe estar disponible a las autoridades de inmediato. Porque en cuestión de segundos puedes salvar la vida de una persona”, señaló.
Por ello, urgió a las autoridades a tomar acciones concretas: “Lo primero que yo haría sería decir: ‘Oigan, busquen el celular de esta persona, díganme dónde fue la última vez que lo vieron, y ahí vamos a buscar con brigadas, con palas, picos, lo que sea necesario para sacarlos, aunque sea para recuperar el cuerpo’”.
Lacy cerró su intervención destacando que tanto las alertas personalizadas como el acceso a datos en tiempo real deben formar parte de una estrategia integral de protección civil, ya que “esa información es vital, y las empresas de telefonía tienen que dársela al gobierno”.