Policías desaparecidos sin registro: FGR desconoce cuántos casos hay
Leslye Gómez
Laura Patricia Flores logró su sueño de ser policía, pero años después mientras se encontraba trabajando ella y otro de sus compañeros fueron secuestrados en Torreón por un grupo criminal. Hasta hoy nadie sabe nada de ellos y las investigaciones sobre su caso no avanzan.
A pesar de que colectivos de búsqueda de desaparecidos en México han reportado al menos 326 casos de policías estatales y municipales, a nivel nacional en el periodo comprendido de 2019 a 2024, la autoridad no tiene ningún registro oficial de las cifras de agentes en dicha situación.
Estos casos corresponden principalmente a elementos de corporaciones estatales y municipales en activo, es decir, servidores públicos que desaparecieron mientras cumplían con las funciones de su cargo.
Del total acumulado en los últimos años, la Asociación de Familiares de Policías Municipales Desaparecidos reporta que solo 13 han sido localizados, en su mayoría sin vida.
De acuerdo con los reportes que ellos mismos han realizado a partir de solicitudes de información a fiscalías y fuentes estatales, los estados con mayor número de agentes desaparecidos son Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz, donde organizaciones civiles y medios locales han documentado decenas de casos vinculados a la violencia del crimen organizado, la corrupción institucional y la ausencia de protocolos de búsqueda.
Estas entidades concentran más del 70% de los policías desaparecidos del país, la mayoría municipales y estatales, víctimas de secuestro o desaparición forzada durante el cumplimiento de sus funciones.
Vacío federal: “no hay registro”
Una solicitud de información dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer el registro de policías federales desaparecidos en ejercicio, así como la existencia de un programa especial de atención a sus familias, dejó al descubierto la falta de datos.
En su respuesta oficial, la FGR informó que no cuenta con un registro desglosado de agentes desaparecidos en la institución y aclaró que no está obligada a generar nueva información.
Sobre la posible existencia de un programa de atención, la dependencia tampoco mencionó ninguno al considerar inatendible la respuesta.
“Nos desaparecieron a los desaparecidos”
Christian Sigala, abogado de la Asociación de Familias de Policías Desaparecidos en Coahuila, muestra cómo esa ausencia de registros agrava la impunidad.
El colectivo agrupa a familiares de 15 policías municipales de Torreón desaparecidos, todos pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Sigala relató que en 2019, durante la administración del entonces alcalde Jorge Zermeño Infante, se intentó obligar a las familias a declarar legalmente muertos a los agentes desaparecidos, con el argumento de que seguían recibiendo el salario de su familiar y representaban una “carga onerosa” para el municipio.
“Intentaron forzarlas a firmar que sus esposos estaban muertos, pero eso cerraba las investigaciones y les quitaba su sustento. Las mujeres se negaron y se organizaron”, explicó el abogado.
A pesar de que en Coahuila existe desde 2014 la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada de Personas, los casos no aparecen como desaparición, sino como ‘asesinados’ o ‘fallecidos’, lo que dificulta su búsqueda y acceso a apoyos.
El abogado denunció además que ocho de los casos fueron eliminados del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, durante la actualización de la base de datos federal:
“Nos desaparecieron a los desaparecidos. Eso nos quita certeza jurídica y nos deja sin acceso a los programas de apoyo.”
Las carpetas de investigación no muestran avances. Los últimos oficios datan de 2015 y, pese a las exigencias del colectivo, la Fiscalía estatal no ha reactivado los expedientes.
Sigala asegura que en varias carpetas hay señalamientos directos contra mandos policiacos locales, incluido el exdirector Adelaido Flores, presunto responsable de desapariciones de policías y civiles durante los años más violentos en La Laguna.
“Nuestros desaparecidos eran policías desaparecidos por otros policías. Hay carpetas donde los mismos mandos están señalados.”
Para las familias, la búsqueda no ha terminado
La mayoría de las mujeres del colectivo son madres, esposas e hijas que enfrentaron años de revictimización institucional.
“Cuando presentaban la denuncia, les decían que su esposo se había ido con otra o que andaba tomando. Era el comentario machista de siempre”, recuerda Sigala.
Actualmente, las familias reciben el pago íntegro del salario y apoyos de la Secretaría Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero insisten en que los casos deben elevarse al ámbito federal y ser reconocidos como desaparición forzada.
“No pedimos privilegios, pedimos justicia y empatía. La violencia no distingue uniforme”, afirmó el abogado.
El caso Coahuila no es aislado
Los 326 policías desaparecidos del país representan una dimensión invisible de la crisis de desapariciones en México: servidores públicos que, a pesar de portar uniforme, no tienen reconocimiento ni protección institucional efectiva.
Mientras los registros federales se diluyen y las investigaciones se detienen, las familias, como las de Torreón, siguen buscando solas, contra el olvido y el silencio del Estado.
“Queremos que el gobierno federal nos escuche. Los familiares salieron a trabajar, a proteger a otros, y nunca regresaron”, concluye Sigala.
