Senado aprueba en lo general reforma a la Ley de Amparo; Morena defiende “modernización” y oposición alerta “regresión”
Rafael Ramírez
El Senado de la República aprobó la noche de este miércoles, con mayoría de Morena y sus aliados (PT y PVEM), el dictamen de reforma a la Ley de Amparo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La bancada oficialista incorporó ajustes “menores” al proyecto original para atender críticas de especialistas y de la oposición.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral (Morena), aseguró:
“Este dictamen no es producto de un trámite cerrado, sino de un proceso plural y transparente… La reforma persigue tres objetivos: modernizar el juicio de amparo, hacerlo más eficiente y preservar su carácter garantista.”
Corral destacó que la iniciativa precisa el interés legítimo —“debe traducirse en una lesión jurídica real y diferenciada”—, acota la suspensión en materias sensibles (lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública) “sin afectar el mínimo vital”, establece plazos y sanciones para evitar dilaciones y consolida el amparo digital como opción para tramitar promociones, notificaciones y expedientes. “Las sentencias de amparo son plenamente obligatorias”, subrayó al señalar que se excluyó del dictamen la propuesta de excusas por imposibilidad de cumplimiento.
La iniciativa acota la suspensión en materias sensibles como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública, sin afectar el mínimo vital
En la misma línea, Enrique Insunza (Morena), presidente de Estudios Legislativos, sostuvo:
“El objetivo es garantizar una justicia más ágil, efectiva y humanista… Se precisa el interés legítimo para evitar litigios abstractos sin limitar un ápice el acceso a la justicia.”
Añadió que las reglas de suspensión “impiden que se utilice para mantener prácticas ilícitas” y que la digitalización “ensancha el acceso” al medio de defensa.
¿En qué consiste la reforma?
- Interés legítimo: exige acreditar lesión jurídica real y diferenciada (individual o colectiva) y un beneficio cierto con la reparación.
- Suspensión del acto reclamado: mantiene la figura, pero limita su procedencia en casos financieros y de deuda; protege mínimo vital y permite suspensión definitiva si se acredita licitud de recursos.
- Amparo digital (opcional): firma electrónica, expedientes y notificaciones en línea, sin excluir la vía tradicional.
- Plazos y sanciones: tiempos ciertos para notificaciones y resoluciones; medidas contra dilaciones.
- Armonización fiscal/administrativa: ajustes al Código Fiscal y a la Ley Orgánica del TFJA para impedir usos dilatorios en el cobro de créditos firmes.
Para tener interés legítimo hay que demostrar un daño real y concreto, además de que la reparación represente un beneficio claro
La oposición: “Ley del desamparo”
Desde el PRI, Carolina Viggiano advirtió:
“Sé que hoy dicen: no se va a quitar el juicio de amparo. Claro, no se va a quitar, se va a restringir la admisión, la suspensión y la ejecución de la sentencia. En conclusión, dejan al pueblo desamparado.”
Al fijar postura en contra del dictamen de reformas en materia de amparo, la senadora Claudia Edith Anaya Mota (PRI) afirmó que México está dando “pasos regresivos” frente al espíritu garantista alcanzado con la reforma de 2011 y la Ley de Amparo de 2013.
“Es inconcebible que el país que le dio al mundo el juicio de amparo sea justamente el que hoy da pasos regresivos… Es sin duda un retroceso innegable.”
Anaya sostuvo que definir en ley el interés legítimo “quita criterio interpretativo” y acota la jurisprudencia de la Corte:
“Vayan a ver la jurisprudencia del artículo 107… habla de afectaciones presentes y futuras; es mucho más amplia que la definición que están poniendo hoy.”
También cuestionó los límites a la suspensión cuando se invoque “interés social” o “interés público”:
“Siempre va a afectar a las minorías… con una simple razón de Estado te lo van a negar.”
Sobre el cumplimiento de sentencias, rechazó incorporar “imposibilidad material o jurídica” como justificación:
“Siempre va a estar llenando de pretextos a la autoridad… estaríamos violentando el artículo 17 de la Constitución y el artículo 25 del Pacto de San José. La palabra se cumple, y se cumple siempre.”
La priista alertó además sobre un transitorio que —dijo— buscaría aplicar las nuevas reglas a juicios en trámite, lo que violaría el artículo 14 constitucional:
“Se corrigió… pero ya está presentada una reserva para volver a poner esa inconstitucionalidad; es inaceptable.”
Anaya anunció el voto en contra de su bancada y pidió revisar efectos en materia fiscal y prisión preventiva oficiosa.
Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales sostuvo:
“Hoy la mayoría pretende, de un plumazo, echar abajo los avances de 2011 y 2013… El amparo se convierte en un llamado a misa si su cumplimiento queda a discreción de la autoridad.”
El coordinador de MC, Clemente Castañeda, presentó una moción suspensiva —rechazada por la mayoría— y alertó sobre la eventual inclusión de un transitorio para aplicar las nuevas reglas a juicios en trámite:
“Violando el principio de irretroactividad, los amparos en curso se llevarían con las nuevas disposiciones.”
En nombre del PAN, Raymundo Bolaños reconoció avances de digitalización, pero afirmó:
“Aumentar requisitos para suspensiones es un retroceso… Van a aprobar una reforma que protege el interés de la autoridad y favorece la recaudación sobre los derechos humanos.”
Con la aprobación en lo general, se prevé que la discusión se prolongue por al menos un par de horas más, para discutir las reservas de la oposición y que, eventualmente, el dictamen pase a la Cámara de Diputados.
Morena sostiene que la reforma “fortalece el amparo como escudo ciudadano”; la oposición anticipa una batalla para frenar lo que denomina “Ley de Desamparo”.
