La disputa política por los incómodos datos de la pobreza
Ricardo del Muro
Andrés Manuel López Obrador adoptó la frase “Por el bien de todos, primero los pobres” como lema de campaña y pilar central del discurso político de Morena. Pero este planteamiento no es nuevo, el combate a la pobreza, desde hace medio siglo, ha sido una bandera política pero también un tema incómodo para todos los presidentes mexicanos.
En México hay 46.8 millones de pobres, el 36.3% de la población nacional, según el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), destacando que entre 2018 y 2022 la pobreza general disminuyó 5.6 puntos porcentajes, equivalentes a 9 millones de mexicanos.
Sin embargo, nuestros gobiernos han sido incapaces para superar la desigualdad y la miseria endémica que, sin exagerar, se arrastran desde que Alexander Von Humboldt visitó la Nueva España y en su famoso “Ensayo“ (1808) expresó con sorpresa: “Jamás he visto una desigualdad tan marcada entre la opulencia de unos pocos y la miseria de la mayoría”.
El actual debate político y mediático que hay en torno a la medición de la pobreza, a raíz de la desaparición de Coneval (aprobado por el Congreso el 26 de junio) y la creación del Consorcio para la Medición y Evidencia de la Pobreza, un organismo de la iniciativa privada para analizar los informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), no es algo nuevo.
En diciembre de 1964, el Fondo de Cultura Económica (FCE), bajo la dirección de Arnoldo Orfila, publicó el libro “Los hijos de Sánchez” del antropólogo estadounidense Oscar Lewis que vino a romper con el discurso optimista del “milagro mexicano”.
Lewis, en la introducción de su libro, observó que “la estabilidad política de México es un triste testimonio de la gran capacidad para soportar la miseria y el sufrimiento que tiene el mexicano común”, pero advirtió que “aún la capacidad mexicana para el sufrimiento tiene sus límites, y a menos que se encuentren medios para lograr una distribución más equitativa de la cada vez mayor riqueza nacional (…), debemos esperar que, tarde o temprano, ocurrirán trastornos sociales”.
La reacción al libro de Lewis llegó el 9 de febrero de 1965, cuando el presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Luis Cataño Morlet, quien también fungía como juez del Tribunal Supremo de Justicia del Distrito Federal, en una conferencia a la que asistió el presidente Gustavo Díaz Ordaz, promovió demandar judicialmente al autor, a la obra y a la editorial, por la publicación de un “libro obsceno y denigrante para nuestra patria”, que violaba la Ley de Imprenta y había incurrido en el delito de “disolución social”.
La denuncia, presentada ante la Procuraduría General de la República, no prosperó pero a Orfila le costó ser despedido de su cargo como director del FCE. Un incidente que al tiempo fue benéfico para la cultura mexicana porque la tercera edición de “Los hijos de Sánchez”, una vez superado este intento de censura, fue publicada en octubre de 1965 por Joaquín Mortiz y Orfila fundó la editorial Siglo XXI, que dirigió hasta su muerte.
En lo que se refiere a Lewis, se convirtió en un autor fundamental de la antropología –junto con Michael Harrington que en 1962 publicó “La Cultura de la pobreza en los Estados Unidos”– y sus observaciones fueron el punto de partida de un estudio pionero que en 1978 publicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde señalaba que la pobreza afectaba entre 20 y 30 por ciento de los hogares urbanos en México, y abarcaba la mitad de la población rural.
Ante la crisis del campo y los brotes guerrilleros de esa época, el gobierno de Luis Echeverría creó el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (Pider), que en 1980 se redefiniría como Programa Integral para el Desarrollo Rural.
El gobierno de José López Portillo se inició con la pretensión de “administrar la riqueza petrolera”, pero terminó pidiéndole perdón a los pobres. Sin embargo, entre 1980 y 1982, se realizó la primera investigación sobre la marginación a cargo de la Coordinación Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar).
El aumento de la pobreza y la desigualdad producto de la política neoliberal en esos años, obligó al gobierno de Carlos Salinas a crear en 1988 el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), además de realizar 1992 la primera medición oficial de la pobreza a cargo del Inegi y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Con Ernesto Zedillo el Pronasol se convirtió en 1997 en el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) y después Vicente Fox lo renombró como Oportunidades en 2001, además de crear el Coneval.
La primera medición multidimensional de la pobreza se realizó en 2008, evaluación que el Coneval repitió cada dos años y que, en el contexto de la pandemia del covid, generó controversia por el incremento en las cifras de pobreza, que pasaron de 51.9 millones en 2018 a 55.7 millones en 2020, que obviamente no gustaron al gobierno de López Obrador, situación que posiblemente marcó el destino final de esa institución.
